A más de siete años de comenzado el expediente judicial, los vocales del STJ Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Bernardo Salduna rechazaron el planteo de prescripción de la acción penal presentado por los abogados de Montiel. Ahora la causa, que ya está lista para ser elevada a juicio, retorna al Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza Patricia Yedro.

El paso del tiempo no favoreció al ex mandatario, ya que el STJ consideró que como Rubén Villaverde continuó con los fueros de funcionario público, ya que después de 2003 fue diputado provincial y luego convencional constituyente en 2008 cuando se reformó la Constitución Provincial, se suspende el plazo de prescripción.

En síntesis, los vocales consideraron que resulta aplicable a Montiel el segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal, que dice que cuando cualquiera de los coimputados se desempeñe en un cargo público se suspende al plazo de prescripción. De esa manera, los vocales rechazaron el planteo de los representantes del dos veces gobernador, que se fundamentó en que “los plazos de prescripción son individuales”. Los vocales del STJ entendieron que no se ha vulnerado el derecho que asiste a todo acusado de ser juzgado en un tiempo razonable, ya que “la duración del plazo razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años”.

Además, fundamentaron que “no existieron dilaciones indebidas en el presente proceso que hayan prolongado de manera injustificada el sometimiento de los encartados al proceso penal, porque las demoras que existen en esta investigación, que lleva más de siete años, sólo son imputables a los coimputados”, publicó Uno .

Cerca del fin

Tres jueces de Instrucción ya pasaron por la causa. Primero investigó Héctor Toloy, pero fue apartado por supuesta parcialidad. Luego llegó Ricardo González, que dejó su cargo de juez para asumir como camarista. En lugar de González asumió Patricia Yedro, quien entre otras cuestiones procesó a los funcionarios.

La causa por la supuesta emisión de decretos antedatados que permitieron el pase a planta permanente de empleados públicos durante la gestión de Sergio Montiel se inició en 2003 y había sido caratulada como Fraude a la administración pública, una estafa agravada por la datación de decretos, que habría ocasionado un perjuicio de unos 100.000 pesos contra el erario público, según constaba en la denuncia presentada inicialmente por el ex gobernador Jorge Busti. En la actualidad el expediente ya estaría en condiciones para ser elevado a debate.

Los abogados de Montiel ya adelantaron en la audiencia de Casación que irán ante la Corte Suprema buscando obtener un resultado favorable que evite que el ex mandatario sea juzgado. Por problemas de salud, Montiel no ha sido juzgado en dos oportunidades. Sin embargo, cuatro de sus ex funcionarios ya fueron juzgados y dos de ellos condenados. Un ex ministro que estaría complicado es Oscar Berón, quien ya tiene una condena condicional en contra de dos años y dos meses de prisión por haber refrendado un decreto donde se habilitaba la adquisición de colectivos usados de la empresa San José como parte de pago de impuestos adeudados. Con la suma de penas podría terminar preso.