El martes 4 de septiembre, el Tribunal de Cuentas (TdeC) envió al Juzgado Federal a cargo de Leandro Ríos un oficio reiteratorio del que remitiera el 3 julio, en el que el organismo de control solicitaba, si la situación de la causa lo permitía, información sobre los antecedentes en base a los cuales “se ha establecido la figura de peculado en relación exclusiva al uso de fondos públicos” así como también “toda la documentación que se considere pertinente” a tal efecto.

Entre el pedido inicial y su reiteración, se sucedieron novedades importantes en la causa. La más importante fue la confirmación por la Cámara Federal de los procesamientos del intendente Sergio Varisco (Cambiemos) y del procesamiento y la prisión preventiva para el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la funcionaria y policía Griselda Bordeira.

El trámite iniciado en el órgano de control provincial tiene el número 381 y está caratulado como “Municipalidad de Paraná – Área Municipios – Inicia actuaciones relacionadas con información periodística”. El TdeC inició el trámite de oficio ante las noticias que daban cuenta la presunta utilización de fondos del Municipio capitalino para financiar la actividad criminal de la banda de narcotraficantes cuyo cabecilla es Daniel “Tavi” Celis, publicó la agencia periodística Apf.

El Expediente 381/18 del Tribunal de Cuentas ya acumuló más de una decena de fojas, entre las cuales figura el Dictamen Fiscal e Informe 36.321 de los Jefes del Cuerpo de Auditores, que fue remitido al juez Ríos junto al oficio 494 del 3 de julio pasado para que el magistrado federal tenga “una mejor ilustración” de la petición que se le efectúa.

El expediente se tramita en la vocalía 1 del TdeC, a cargo de José Luis Gea Sánchez.

El puntapié inicial fue el dictamen 12.789 del 25 de junio de la Fiscal de Cuentas N° 6, Lucrecia Zuttión, en el que solicita a la Justicia Federal que remita al órgano de control los antecedentes en base a los cuales “se ha establecido la figura de peculado en relación exclusiva al uso de fondos públicos” así como también “toda la documentación que se considere pertinente” a tal efecto, consignó Apf.

El peculado es un delito tipificado en el Artículo 261° del Código Penal de la Nación: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

Dentro de las casi dos mil fojas que acumula la causa federal, existen testimoniales y declaraciones indagatorias a consideración del juez Leandro Ríos donde se menciona que la actividad ilícita de Celis habría sido financiada con fondos municipales a través del otorgamiento de contratos a familiares y gente del entorno del presunto cabecilla de la banda y también con módulos de horas extras.

Por ello, Ríos le imputó a Varisco haber proporcionado “periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Daniel Andrés Celis para la adquisición y comercialización de estupefacientes –cocaína–, por intermedio de los empleados municipales Ernesto Ramón González y/o Alan Nicolás Viola y/o Luciana Ernestina Lemos, y/u ocasionalmente de terceras personas cuya identidad aún no ha podido establecerse”.