La diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) sostuvo que el debate sobre financiamiento educativo en el Congreso Nacional “tiene que estar articulado a la meta fundamental fijada por el presidente Néstor Kirchner de que en el 2010 no haya chicos fuera del sistema educativo”. En ese sentido, la legisladora dijo que hay un “altísimo consenso para revisar en la Argentina el financiamiento de la educación pública”. La afirmación tiene que ver con que la Comisión de Educación de la Cámara Baja está analizando un proyecto de la diputada entrerriana que apunta a conseguir los recursos necesarios para que los gobiernos nacional y provinciales puedan asegurar la obligatoriedad escolar desde el Nivel Inicial hasta la Educación General Básica al 2010, y extenderla al Nivel Polimodal al 2015.

Osuna consideró que esta iniciativa, mediante la cual se declara al período 2005 – 2010 como Década de la Educación Básica Universal en Argentina, “constituye una clara referencia de prioridad para la educación y su consideración como política de Estado por encima de cualquier diferencia partidaria, ideológica o sectorial”.

Tras recordar que “la actual estructura del financiamiento para el sostenimiento de la educación en Argentina concentra los recursos del nivel universitario en el ámbito nacional y los de la Educación Básica, en el ámbito provincial”, la diputada informó que “los últimos datos oficiales disponibles dan cuenta de que poco más del 90 por ciento del gasto en educación básica corresponde a los gobiernos provinciales, y que el peso de la inversión provincial en educación está determinado por los recursos corrientes destinados a gastos salariales”.

Fondos especial y fiduciario

Luego aseguró que “el financiamiento actual de la escolaridad obligatoria que cada provincia realiza con sus propios impuestos, pone en riesgo la posibilidad de profundizar las diferencias regionales, generando asimetrías en la calidad del servicio educativo”.

Por esta razón, la legisladora propuso una inversión adicional que debe encararse para lograr efectivamente la inclusión de la totalidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para completar los 13 años de escolaridad, desde el nivel de educación inicial obligatorio hasta el egreso de la educación polimodal o su equivalente.

“Es en este sentido que la ley propone un horizonte temporal de 10 años, para que el Gobierno Nacional concurra especialmente en apoyo de los esfuerzos provinciales para el logro de la Educación Básica Universal”, dijo la diputada en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL, al tiempo que para instrumentar este apoyo la norma contempla la constitución de un Fondo Fiduciario Salarial para la Educación Básica Universal que será destinado al incremento de gastos salariales necesarios para la generalización de la educación obligatoria, y que sería “la superación del hoy mal llamado incentivo docente”, y la creación de un Fondo Especial para la construcción y mantenimiento de edificios escolares, becas escolares y de transporte, equipamiento y materiales didácticos.

Los recursos saldrían del superávit fiscal primario obtenido en el 2005 –se toma este año puesto que se considera que la discusión debe darse en este ejercicio-. La actual inversión en educación alcanza el 4% del Producto Bruto Interno (PBI), y de estos recursos las provincias aportan “tres partes y la Nación una”, acotó la legisladora.

“La aspiración es llegar al 6% del PBI en una proporción razonable entre las provincias y el gobierno federal, que podría llegar al 60% aportado por la Nación y el 40% por las provincias”, sostuvo.

La decisión del Gobierno nacional

En este marco, la legisladora consideró oportuno remarcar que “la decisión política del Gobierno Nacional de privilegiar la inversión en educación se manifiesta en sucesivas decisiones y acciones, tales como el sostenimiento y ampliación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el impulso y seguimiento al cumplimiento de un ciclo lectivo unificado de 180 días de clase, el incremento y regularidad de los fondos destinados a las universidades nacionales, y el desarrollo de distintos programas en el ámbito del Ministerio de Educación”, antes de agregar que “la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para la Educación Técnica Profesional”.

Osuna consideró necesario reiterar y destacar el alcance del objetivo político que inspira la iniciativa que impulsa en el Congreso “debería generar el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad” porque “constituye una clara referencia de prioridad para la educación y su consideración como política de estado por encima de cualquier diferencia partidaria, ideológica o sectorial”.

Por lo tanto, “esta meta social es una condición y a la vez un resultado valioso en la perspectiva de la reconstrucción del futuro de nuestro país”, puntualizó la diputada.