Además de Piérola, los abogados Marcelo Baridón y María Florencia Amore efectuaron el trámite en el Juzgado Federal de Paraná. "La causa tiene un buen avance, está pronta a ser elevada a juicio oral y público y por primera vez tendríamos un debate de lo que fue el terrorismo de Estado en la provincia de Entre Ríos, específicamente en cuanto a la sustracción y ocultamiento de los menores nacidos bajo la privación ilegal de la libertad de sus madres en el hospital Militar de Paraná", señaló Piérola.
El querellante añadió que más allá de la situación de Juan Carlos Trimarco, quien aduce problemas de salud que le impiden afrontar el proceso judicial, "consideramos que la causa está lista para ser elevada a juicio”.
“Con las personas procesadas y privadas de la libertad en estos momentos estamos en condiciones de inciar el jucio portal y público para obtener una sentencia condenatoria", agregó al respecto en declaraciones a Uno Digital. “Cuando se cierre la etapa de Instrucción, el Tribunal Oral tomará la causa y desde ahí habrá que hacer unos pasos procesales más. Si todo marcha con normalidad, creemos que a principios del año que viene puede comenzar el juicio", planteó.
La causa "Trimarco Juan Carlos Ricardo y otros si sup. inf. arts. 139 inc. 2° y 146 siguientes y concordantes, todos del Código Penal de la Nación (Ley 11.179)", conocida como Hospital Militar, se inició con una denuncia presentada ante la Justicia Federal por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, en mayo de 2005, en base a testimonios que recolectó y que denunciaban que dicho nosocomio castrense habría funcionado como maternidad clandestina durante la última dictadura.
A su vez, sobrevivientes del centro clandestino de detención Quinta de Funes, que funcionó en Rosario, indicaron que a ese lugar había sido trasladada a dar a luz Raquel Ángela Carolina Negro, quien se encontraba secuestrada por el II Cuerpo de Ejército a cargo del general Leopoldo Fortunato Galtieri estando embarazada. Todo esto fue investigado y comprobado en la causa judicial que determinó, en diciembre de 2008, la identidad de Sabrina, uno de los mellizos que Raquel Negro dio a luz en el Hospital Militar de Paraná, y que se encamina hacia el juicio oral.
En la misma causa se encuentran imputados por delitos de lesa humanidad Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Marino Héctor González, Juan Antonio Zaccaría, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri, de quienes la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ya confirmó el procesamiento y la prisión preventiva.
Además de HIJOS Paraná, son querellantes en la causa Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, hijos de Raquel Carolina Negro; la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
La Fiscalía solicitó el cierre de la instrucción en la Causa Hospital Militar
La Fiscalía Federal solicitó el martes el cierre de la instrucción de la Causa Hospital Militar, mientras que los querellantes se aprestan a seguir el mismo camino en las próximas horas. De esta forma, la investigación del robo de bebés durante la última dictadura militar en la capital entrerriana dio un paso firme hacia la elevación a juicio, que comenzaría el año que viene. Los fiscales José Candiotti y Mario Silva consideraron que ya hay suficiente prueba reunida como para que el juez federal Gustavo Zonis cierre la investigación y les corra vista a ellos y a los querellantes para que realicen el requerimiento de elevación a juicio.
Con esto, si hay aval del juez, llegará a debate oral y público el año que viene el caso de la apropiación de la hija de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nació a fines de febrero o principios de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná. Fue sustraída de los brazos de su madre y –previo paso por el Instituto Privado de Pediatría– abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario, para luego ser entregada en adopción legal. Sabrina Gullino recuperó su verdadera identidad en diciembre de 2008.
De todos modos, en el pedido de cierre de la instrucción se hace la salvedad de que debe continuarse con la investigación del hermano mellizo de Sabrina, de quien todavía no se conoce el destino. Ese bebé varón fue derivado junto con su hermana del Hospital Militar al Instituto de Pediatría –bajo los nombres de “NN López” y “Soledad López”– y recientemente se conformó una causa aparte para continuar buscándolo.
Los procesados en la causa son Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Marino Héctor González, Juan Antonio Zaccaría, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri, de quienes la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ya confirmó el procesamiento y la prisión preventiva.
La causa "Trimarco Juan Carlos Ricardo y otros s/ sup. inf. arts. 139 inc. 2° y 146 siguientes y concordantes, todos del Código Penal de la Nación (Ley 11.179)", conocida como Hospital Militar, se inició con una denuncia presentada en mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, en base a testimonios que recolectó y que denunciaban que el nosocomio de avenida Ejército funcionó como maternidad clandestina durante la última dictadura.
Los pasos procesales
En su presentación del martes, los fiscales dejaron en claro que, a su criterio, no quedan medidas pendientes por producir, la investigación está completa y se cumplió con la normativa procesal que establece que para que se declare cerrada la instrucción deben estar firmes los procesamientos. Esto terminó de cumplirse con la reciente decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de no concederle un recurso de casación al ex oficial de Inteligencia del Ejército Juan Daniel Amelong.
En las próximas horas, los abogados querellantes Marcelo Baridón y Álvaro Piérola imitarán a Silva y Candioti presentando sus escritos para que se cierre la instrucción. El siguiente paso, si el juez hace lugar a la petición, será que se corra vista nuevamente a la querella y la Fiscalía para que realicen los requerimientos de elevación a juicio, consignó UNO.
Posteriormente, el juez correrá traslado a los defensores para que se pronuncien al respecto. Si se oponen a la elevación a juicio, los plazos podrían extenderse más de lo previsto, pero de todos modos se espera que para el debate oral y público no se inicie antes de fin de año.
