Actualmente, en el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Paraná a cargo de Elvio Garzón, se encuentran imputados por el reclamo de la Procuración General y del Fiscal Ignacio Aramberry: Miguel Artemio Waigel, María del Carmen Schroeder, Maricel Alejandra Waigel, Miguel Francisco Artemio Waigel, Rosa Inés Butazzoni (viuda de Fermín Waigel), Juan Pablo Mariano Waigel, Nanci del Carmen Waigel, y Andrea Carina Waigel. A este grupo de acusados, se le sumaron 18 allegados, más familiares y profesionales: Vicente Mendoza de Hasenkamp; Jorge Waigandt de Crespo; Marcos Waigel de Crespo; Patricia Quesada de Schmidt Bender, escribana de Crespo; Horacio Schmidt Bender, de Crespo; Benigno Keiner de Crespo; Sergio Schimdt, abogado de Crespo; Daniel Campos de la ciudad de Santa Fe; Silvana Vargas, de Santa Fe; Sonia Milessi de Hasenkamp; Daniel Goró de Hasenkamp; Leandro Ripari de Crespo; Albino Gatti, de Libertador San Martín; Nanci Borgo, de Libertador San Martín; Miguel Banegas, contador público de Paraná; Carlos Álvarez, contador público de Paraná; Marcelo Heck, de Crespo; y Viviana Derfler, de Crespo.

Sin embargo, los “dolores de cabeza” seguirán para una buena parte de los 24 imputados en la Justicia provincial, ya que varios también están acusados en la Justicia Federal.

Imputación y procesamiento

Al juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, le llegó en los últimos días el formal pedido de la querella de imputación y procesamiento a los acusados en la causa en que se investiga el vaciamiento de la empresa de Crespo por más de 40 millones de pesos, que llevaron a no cumplir tampoco con los compromisos fiscales en el orden de los 6 millones de pesos. En la causa se constituyeron como querellantes los abogados de la AFIP Marcos Gastaldi y Marina Núñez, quienes bajo la supervisión del titular del organismo recaudador en Paraná, Daniel Tortore, recibieron la orden precisa de ir hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga” a fin de tratar de recuperar el dinero no pagado.

La Justicia de Santa Fe, al tomar conocimiento de las denuncias contra los integrantes de la firma Waigel, dispuso, tal cual lo ordena la legislación, enviar el reclamo de los abogados de la vecina capital, para que sea incorporado al expediente donde se investiga la quiebra fraudulenta. Así tomaron conocimiento los abogados de la AFIP de la existencia de los letrados santafesinos, por lo que entendieron que debían ser imputados para ser profundizada la pesquisa.

El procesamiento

Del mismo modo, a los querellantes que representan a la AFIP se los vio más que activos en los últimos días en el Juzgado Federal de Paraná. Se conoció que los letrados pidieron formalmente al magistrado que se disponga el procesamiento de los integrantes de la familia Waigel que aparecen como los responsables materiales del vaciamiento, al menos en esta primera etapa.

La AFIP hizo todas las gestiones para tratar de cobrar los más de 6 millones de pesos en concepto de aportes patronales y otros tributos adeudados, pero al conocerse la pericia que da cuenta que es más que probable que los titulares de la firma quebrada no paguen, es que se avanzó con la demanda penal en la Justicia Federal. Tras dictarse la falta de mérito hace dos años, con la finalización de las pericias y estudios contables a los balances, es que llevaron a los querellantes a pedir lisa y llanamente el formal procesamientos de las cabezas de la empresa al momento de la intervención del organismo, allá por el año 2006. El pedido de procesamiento apunta a los Waigel que estaban a cargo de la firma, como también a los allegados y familiares que convalidaron el traspaso de bienes en maniobras ilegales y que tenían por objetivo vaciar a la empresa y no cumplir ni con la AFIP, ni con el resto de los acreedores.

La idea de la buena fe

Desde la Procuración General a cargo de Jorge García, se dieron varias pautas de trabajo al fiscal Ignacio Aramberry quien está siendo apoyado en la causa por un grupo de especialistas en la materia.

Para la fiscalía, no existe la posibilidad que los imputados puedan defenderse diciendo que compraron o adquirieron los bienes de buena fe. Para la Procuración “no hay compradores de buena fe, todos los que están interviniendo en estas circunstancias no han actuado de buena fe, ya que forman parte de una maniobra claramente ilegal”.

Se aprecia que la causa en el Juzgado de Garzón, avanza más rápido que en la Justicia Federal.