Desde el gobierno argumentan que el uso desmedido de cautelares permitió, por ejemplo, que la Ley de Medios no se aplique plenamente a más de tres años de su sanción. Por ello, la iniciativa establece que estas medidas no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo.

Entre los cambios al dictamen original, se acordó que el primer párrafo del apartado 2 quedará redactado de la siguiente manera: “La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”.

Además, se agregará un último párrafo en el artículo 17, que dirá: “Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación”.

Ayer, tras diez horas de debate, fue aprobada la creación de tres tribunales de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo, y Previsional y Laboral. También se sancionó la modificación del Consejo de la Magistratura, que ampliará sus miembros de 13 a 19, que serán elegidos por voto popular.

El debate en el recinto

El primero en hacer uso de la palabra fue el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FpV- Entre Ríos), quien aseguró que “ningún ciudadano será perjudicado” con la iniciativa.

En tanto, desde el radicalismo, el formoseño Luis Naidenoff destacó: “Más allá del mentado discurso de la lucha contra las corporaciones o que hay cautelares que dilatan decisiones del Estado, los mayores perjudicados son los ciudadanos”. Por su parte, el legislador del Frente Amplio Progresista (FAP) Luis Juez señaló que el texto “no tiene nada de nacional y progresista”, y que se está “castigando al ciudadano”.

Las senadoras del interbloque del peronismo disidente Sonia Escudero (Salta) y Liliana Negre de Alonso (San Luis) rechazaron rotundamente el proyecto. La primera manifestó que la sociedad tendrá “una nueva causa de incertidumbre en un país que va perdiendo seguridad jurídica”; mientras que la segunda resaltó: “La cautelar es la garantía de las garantías, eso estamos regulando en contra de ciudadanos”.

Otro de los senadores radicales que expresó su negativa fue el correntino Eugenio Artaza: “Estamos de acuerdo en que es necesario regular las cautelares porque nos oponemos a quienes hacen negocios con las cautelares, pero tenemos que estar muy atentos para no perjudicar a los ciudadanos, porque nosotros tenemos que defender sus derechos”, afianzó.

Luego, el oficialista Marcelo Guinle (Chubut) aseveró que las medidas cautelares “deben ser reguladas”, y agregó: “Espero que nos pongamos a trabajar en el Código Contencioso Administrativo para permitir un abordaje mucho más amplio, de una materia que realmente lo necesita”.

Por Nuevo Encuentro expuso Osvaldo López (Tierra del Fuego), quien sostuvo: “Nos tratan de colocar a algunos sectores políticos como quienes atentamos contra los derechos de un sector tan vulnerable como es el de los jubilados, cuando en realidad, en estos tiempos de recuperación del Estado y de conquistas y derechos básicos, los jubilados han recuperado el salario que habían perdido durante el gobierno radical”.

El legislador fueguino además indicó que “el cambio es fundamental para que no queden dudas de que no se trata de vedar el acceso a la Justicia al pueblo, que es el destinatario cotidiano de las políticas de Estado”.

La peronista disidente Graciela Di Perna interpretó que la iniciativa “va a contramano no sólo de la Constitución, sino también de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos”, y afirmó que “deja sin protección a muchos argentinos porque hace un proceso judicial más largo y costoso”.

Antes que cerraran el debate los jefes de bloque, el senador radical Gerardo Morales (Jujuy) dijo que “el proyecto vulnera los derechos de los ciudadanos y genera un status de indemnidad al Estado”. En contraposición, Aníbal Fernández (FpV-Buenos Aires) aseguró: “Esta medida no es la solución definitiva ni la verdad revelada, pero algún rumbo hay que tomar para ir penetrando en excesos de la justicia cautelar”, reprodujo Parlamentario.