“No existe norma jurídica que reglamente el cada vez más elevado número de videocámaras que vigilan nuestras acciones en los espacios públicos de nuestros municipios y comunas, de manera tal que no afecten nuestra intimidad, por eso proponemos la presente iniciativa”, señaló en los considerando de la norma el diputado Diego Lara (Frente Entrerriano Federal). Así, el proyecto de ley no solo plantea regular la obtención de las imágenes, sino también su uso posterior con el objeto de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos, la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza; sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, los que deberán respetarse en la grabación y uso de las imágenes obtenidas.

Por eso el proyecto regula “la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquellas”.

Se propone entonces que en la utilización de videocámaras (o de cualquier medio análogo) deberá mediar “la razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de conformidad con los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, exigiéndose una razonable ponderación en cada caso entre el propósito perseguido y la eventual afectación a los derechos personalísimos”. De esta forma, el tratamiento de imágenes de personas obtenidas en lugares públicos será lícito cuando los sistemas que “se utilicen cuenten con la autorización previa de la autoridad de aplicación” y toda la información obtenida tendrá carácter absolutamente confidencial y la misma sólo podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores, que “se encuentren abocados a la investigación o al juzgamiento de causas contravencionales o penales”.

Responsables

La norma impulsada por Lara, en caso de ser sancionado el proyecto, señala que las personas que sean responsables de los sistemas de seguridad basados en la filmación o grabación serán civil y penalmente responsables por los daños producidos por la difusión de las imágenes por otras vías que “no sean las determinadas por la presente norma”.

Así, se prohíbe la cesión o copia de las imágenes que no encuadre en los supuestos previstos de la ley. Igualmente, se prohíbe instalar y utilizar videocámaras “para captar imágenes del interior de propiedades privadas -salvo por autorización judicial expresa- ni en lugares permitidos por esta ley, pero que se afecten de forma directa y grave la intimidad de las personas”.

Igualmente se prohíbe registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o bancos que “no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad y que conlleven a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual de las personas”. Además, en ningún caso las videocámaras podrán captar sonidos. Asimismo, en el proyecto impulsado por el ex intendente de María Grande se señala que la obtención de las imágenes (siempre según lo dispone la ley) no tendrá, al menos en principio, por objetivo la formulación de denuncias judiciales por parte de la autoridad de aplicación y monitoreo, salvo la presencia de hechos delictivos, lo que “tendrá que denunciarse dentro del plazo de 24 horas desde su captación ante la justicia, o cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirán al órgano competente para el inicio del oportuno procedimiento administrativo correspondiente”.

En el mismo proyecto se establece que las imágenes deben conservarse durante un año, aunque no deben destruirse luego si están relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.

Ubicar las cámaras

En el proyecto se señala que la existencia de videocámaras o cualquier otro medio análogo debe informarse por medio de colocación de carteles gráficos que “especifiquen, de manera clara y permanente, la zona o ámbito en los lugares públicos o de acceso público”, donde funcionan, aunque no el punto de su emplazamiento. Independientemente de lo establecido en el proyecto, cualquier persona interesada podrá ejercer, ante la autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que considere que vulneran su privacidad.

Como medio de control, se señala que la autoridad de aplicación publicará en la página web del gobierno provincial los lugares donde se encuentren situados sistemas de videocámaras, y requerirá que los municipios o comunas publiquen los puntos en los cuales se instalen las videocámaras dentro de su ejido.

El legislador justicialista propone también la creación de un registro de sistemas de captación de imágenes que funcionaría en la órbita de la Subsecretaría de Seguridad dependiente de la Secretaria de Justicia, donde tras la inscripción, se dará la aprobación para su funcionamiento. En ese registro constarán las características del sistema.
Según Lara, debe tenerse presente que “necesitamos un Estado que asegure el servicio de seguridad de la población y atienda la demanda de nuestros vecinos, incorporando tecnología y optimizando las políticas de prevención en seguridad; pero no por eso debemos permitir la perdida de derechos individuales so pretexto de aquella seguridad. De algún modo este proyecto plantea y aborda el interrogante de ¿Quién vigila a los que nos vigilan?”

Según el legislador, el Estado debe constituirse como garante de la seguridad pública, pero sin que “lo habilite a una intromisión irracional o desproporcionada en la vida privada de las personas”. Por eso, el proyecto “persigue encontrar un imprescindible equilibrio entre la llamada ‘videovigilancia’ y la protección de derechos fundamentales y personalísimos al honor, a la imagen, a la intimidad y privacidad de las personas”.

Datos

En el país, hay unas 9.000 cámaras instaladas.

En 2011, la facturación alcanzó los 276 millones de dólares –según estadísticas oficiales– y representó un 33,5% más respecto al año anterior.

En 2008, el Gobierno nacional lanzó el Programa de Protección Ciudadana.

En Santa Fe y Corrientes no se permite grabar sonidos, a lo sumo que exista una orden judicial.

Ya existentes cámaras en Concordia, Federación, Tabossi, Colonia Avellaneda, mientras que en distintas etapas de instrumentación se colocan en Viale, María Grande, Colón, Crespo, Diamante, Ramírez, Victoria, Urdinarrain, Chajarí, Federación, Pueblo Belgrano, Gualeguaychú y Paraná, publicó El Once.