Los proyectos de ley que proponen limitar la venta de tierras a extranjeros, entre los que se destacan los elaborados por el jefe de la bancada justicialista en Diputados, José María Díaz Bancalari, y el legislador Carlos Daud (PJ-Entre Ríos), concitaron ayer más expresiones de rechazo entre la dirigencia rural. Luciano Miguens y Hugo Biolcati, presidente y vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), respectivamente, criticaron con dureza las distintas iniciativas que pretenden prohibir o limitar la venta de campos a personas o empresas extranjeras. "Siempre fuimos un país que tuvo las puertas abiertas a todos; creo que no vamos a crecer si las cerramos", dijo Miguens. Por su parte, el vicepresidente de la entidad expresó: "La opinión de la Rural es contraria a las distintas limitaciones de la propiedad privada. Esto forma parte de una ideología que no compartimos".

Si bien evitó dar definiciones categóricas, el vicepresidente Daniel Scioli, quien ayer visitó sorpresivamente la 118a. Exposición Rural de Palermo, indicó: "Como en otras cosas, aquí también hay proyectos y proyectos. No tengo una opinión como para decir con cuál hay o no que avanzar. Lo importante es que se respeten sectores estratégicos". A su lado, atento a estas palabras, Miguens afirmó: "Este es un tema difícil".

Para Ricardo Grether, tesorero de Confederaciones Rurales Argentinas, dicho proyecto constituye "un desatino". A su juicio, la aplicación de esa ley indicaría "un rechazo a nuestros ancestros", ya que "casi todos los argentinos descendemos de extranjeros que han comprado tierras". Opinó que esa medida contradice de modo rotundo "los principios que determinaron la esencia misma de nuestra realidad nacional". Grether insistió en que le resulta difícil encontrar razones que justifiquen la adopción de esa medida: "En ella -dijo- hay un mensaje político que a mí se me escapa".

"Además -sostuvo-, no entiendo por qué hay que poner vallas a la adquisición de un campo y no a la de un shopping o una industria." El dirigente agregó que le consta el hecho de que "la mayoría de los extranjeros que invirtieron en campos de nuestro país, los trabajan en forma eficiente".

Por su parte, Horacio Delguy, titular del Frente Agropecuario Nacional (FAN), opinó que esa ley no enfoca el nudo central de la cuestión, que pasa por la rentabilidad: "Lo importante es qué hace cada propietario en el nivel productivo y qué impacto tiene esa explotación en lo económico, regional y en lo social".

A su criterio, la idea de que la tierra es patrimonio de la humanidad y de las futuras generaciones "es una premisa básica a la que adhieren la inmensa mayoría de los países más desarrollados del planeta". Expresó que si las tierras hubieran sido rentables ningún productor las habría vendido.

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa de Díaz Bancalari y Daud se refiere al establecimiento de un máximo de cuatro unidades económicas de producción como límite para adquirir tierras por parte de personas extranjeras, físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país.

El proyecto deja librado a la reglamentación de cada provincia la superficie mínima de producción, según lo establece el artículo 2326 del Código Civil. En el caso de que las provincias no lo hubieran reglamentado, deberían hacerlo en los próximos 90 días. Según el último Censo Agropecuario Nacional, realizado en 2002, la explotación agropecuaria promedio tiene una superficie de 532 hectáreas. Es decir que cualquier empresa o particular no residente que quisiera adquirir más de 2100 hectáreas estaría imposibilitado de hacerlo. La mayoría de las superficies agropecuarias de la pampa húmeda supera ese promedio. Muchas de las empresas agropecuarias que trabajan en el país cuyos accionistas residen en el exterior (Cresud y Compañía de Tierras del Sud Argentino, entre otras) exceden ese límite.