El 25 de noviembre, Mónica, de 36 años, dio a luz a su hija, luego de que se le efectuara una cesárea en el Hospital Posadas de Haedo, Buenos Aires. Su hija nació con 32 semanas y 2,040 kilos, y ella quedó internada en el nosocomio en reposo absoluto y bajo controles estrictos.

Al Posadas, había sido derivada desde Entre Ríos el 14 de agosto pasado, dado que su embarazo era de alto riesgo. Ocurrió que le fue diagnosticada una patología cardíaca congénita que le ocasiona un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica -entre otras complicaciones-, según transcendió en medios nacionales.

Los médicos que la atendían en el Hospital San Roque de Paraná, habían evaluado que la gestación ponía en riesgo su vida, y el 4 de agosto se acordó en un ateneo interdisciplinario realizado en ese nosocomio la realización de la interrupción del embarazo contemplado en las excepciones previstas en el artículo 86º del Código Penal, para lo cual la mujer firmó el consentimiento respectivo.

Así, se determinó que la práctica médica se realizase en el Hospital San Martín una semana después, pero ocurrió que cuando estaba ingresando al quirófano, un médico impidió la intervención, que finalmente fue suspendida, según relataron desde el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales, de la provincia de Entre Ríos (Conders). La mujer, con gestación de 19 semanas, fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde tampoco le practicaron el aborto.

Finalmente, luego de dar a luz, sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, que le dejó una parálisis en el brazo y la pierna izquierdos, y aún continúa allí en terapia intensiva.

Medidas

“Necesitamos que esto no siga pasando desapercibido. El año pasado, tomamos conocimiento de una situación parecida, cuando la mujer había fallecido. Tampoco hubo sanciones”, dijo Silvia Primo, integrante de Conders, quien reafirmó que las mujeres, y en especial las de escasos recursos, siguen siendo las más afectadas.

“Lo que le pasó no se puede revertir. Sigue preocupando que no haya novedades por parte de las autoridades, la decisión de sancionar a la persona que generó todo esto”, dijo y acotó: “Esta consecuencia era una de las posibilidades que podía generar esto. Se fue forzando a esta mujer a llegar a esta situación. Su bebé nació bien, pero ella a la semana tuvo un ACV”.

Desde Conders, remarcaron la necesidad de que estas situaciones no continúen ocurriendo, publicó El Diario.

Primo apuntó que este tipo de situaciones ocurre en los hospitales públicos, adonde “llega la mujer y tiene que hacer una especie de procesión para que alguien les reconozca este derecho. Se siguen complicando los embarazos no deseados, más aún cuando son mujeres pobres y concurren a un servicio de salud pública. Las razones que les dan siempre son variadas”, señalo.

La educación sexual -manifestó- es clave en esto, al tiempo que sostuvo que este tipo de problemáticas no se tratan como debieran, generando un conjunto de derechos vulnerados.

El 30 por ciento de muertes de madres que se producen en la maternidad del San Roque son producto de interrupciones voluntarias de los embarazos hechos en forma clandestina.