La Comisión de Seguridad del Senado, que preside el Senador Ángel Giano (FpV – Concordia) recibió esta tarde en el recinto de Senadores a un grupo de invitados para intercambiar opiniones sobre un proyecto de ley que propone incorporar al artículo 391 bis y un párrafo al artículo 479 del Código Procesal Penal, para con ello exceptuar del procedimiento abreviado a los delitos previstos en el Capítulo II, Título III del Libro Segundo del Código Penal. (Delitos contra la integridad sexual).

La iniciativa fue presentada por el senador de San Salvador, Lucas Larrarte (FpV).

Giano informó al inicio que por diversas razones no estarían presentes vocales del Superior Tribunal de Justicia. Explicó brevemente los motivos de la convocatoria y la necesidad de contar con las opiniones sobre el tema. “Cada tema que tratamos nos preguntamos sobre la viabilidad de los mismos en el proceso penal en sí, en su aplicación”, comentó.

El legislador indicó que se avanzó en el tema porque muchos representantes de víctimas han pedido cambios en el tema del juicio abreviado. “Queremos que nos ayuden a encontrar el mejor proyecto posible, que puede llegar a ser una herramienta que ustedes deberían aplicar en el proceso penal”, reflexionó Giano según publicó Apf Digital.

Inmediatamente el senador Larrarte, autor del proyecto, dijo que la iniciativa “tiene un contexto histórico y un contexto jurídico, uno social”. “El histórico es el caso Micaela y nosotros, que somos una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, nos hicimos eco porque aparecieron demandas con respecto al hacer del que somos responsables como legisladores”, expuso.

Indicó que después de ver cómo fue el proceso de Wagner y analizando casos nacionales, apareció este proyecto propuesto, que también observa alguna definición de la Corte Suprema de Justicia. “Intentamos una norma que tenga consenso suficiente entre los operadores del sistema penal”, argumentó en relación a esta convocatoria y recordó que se da que está en ciernes una reforma al Código Penal. Mostró conocimiento del trabajo que lleva adelante el Ministerio Público de Entre Ríos en relación a este tipo de casos.

“El abreviado, es un juicio”, dijo el jefe de los Fiscales Jorge García, indicando que si no hay consentimiento de la víctima, Fiscalía no avanza en la concreción de juicios abreviados por una disposición interna.

Destacó que en el juicio abreviado, el acusado le reconoce a la víctima el delito, con un efecto pacificador concreto. “Sería un gran error eliminar esta figura”, afirmó García ante los legisladores. “Lo importante es que el juicio se termina”, agregó y propuso que en lugar de borrar esta figura, incluir el criterio de asentimiento de la víctima para llegar a esa instancia. García sostuvo con ejemplos contundentes, que la víctima tiene el derecho de no querer asistir a un juicio.

Por su parte, el defensor del Superior Tribunal, Maximiliano Benítez, explicó la forma en que participa en esos casos y mediante la interposición de un recurso puede recurrir en casos intrafamiliares. Indicó que en el derecho comparado provincial no existen limitaciones al sistema de juicio abreviado en relación al tipo de delito, solo en relación a la pena que se establece o, como en el caso de Santa Fe, la obligatoriedad de que distintas instancias de la Fiscalía avalen el acuerdo.

“El abreviado ha sido una herramienta de mucho valor para solucionar temas que se iban acumulando en los juzgados de instrucción”, recordó el alto funcionario judicial. “A la víctima hay que darle la posibilidad de obviar el juicio. Si la víctima no quiere, tenemos que respetar ese pensamiento”, reflexionó.

El senador Larrarte recordó el contexto en que se dio la presentación, con una fuerte valoración negativa del juicio abreviado.Por su parte el Senador Kisser comentó que “se debe legislar para lo que va a venir y por eso tenemos que ser prudentes y tratar de responder a la demanda social por justicia”.

En tanto la doctora Yanina Mariel Yzet (Oficina de Violencia de Género STJ) señaló que es muy bueno poder discutir este tipo de proyectos. Reflexionó que se debe pensar a qué grupo se quiere proteger con la limitación propuesta. Teniendo en cuenta los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional dijo que se puede pensar en incorporar la perspectiva de género, con equipos interdisciplinarios, para acompañar a la víctima al momento de requerir su posición, su consentimiento informado, sobre el tema, en el tiempo que debe decidir si acepta o no el abreviado.

“Se puede pensar en fortalecer un organismo, con equipos, que acompañen estos procesos y puedan acompañar a las víctimas para superar situaciones de vulnerabilidad, para al momento de tomar una decisión, esté preparada”, opinó, sin dejar de pensar en lo costoso de esto, “pero que pondría a la provincia a la vanguardia en la protección de derechos”.

Participó del intercambio el Senador Canali, quien coincidió en la participación de equipos interdisciplinarios para acompañar a las víctimas, sobre todo a las más vulnerables. En su opinión, lo dicho por la víctima debería ser vinculante para tomar una determinación.

Desde el Coprev, la licenciada Mariana Broggi dijo que la presencia del organismo en el debate es “continuar con el ejercicio de participar de estos espacios que se generan en los Poderes del Estado para atender cuestiones de violencia protegiendo a las víctimas”, indicó, recordando los programas que funcionan en su ámbito de desempeño en ese sentido.

Propuso trabajar para “evitar de plano la revictimización”, en orden a su experiencia y mencionó ejemplos del cómo llega la víctima al momento de decidir hacer una denuncia.

Destacó la búsqueda de las herramientas jurídico procesales, siempre rescatando la participación de equipos interdisciplinarios. “No trabajamos en compartimentos estancos y la violencia de genero es multicausal”, puntualizó, recordando las dificultades que atraviesa una víctima, sobre todo cuando son menores.

Sobre el juicio abreviado, se brega para lograr que la víctima sea escuchada, en las mejores condiciones. Inmediatamente se agregó que, en caso de la llegada al juicio, se pueda acompañar en todas las etapas a la víctima desde los equipos interdisciplinarios.

Los cambios en el Juicio abreviado y el Caso Micaela

El proyecto de ley analizado hoy propone modificar el código procesal penal, determinando que cuando se trate de delitos contra la integridad sexual, no pueda hacerse uso del juicio abreviado.

Se incorpora a la Ley 9.754 y sus modificatorias (Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos) el siguiente artículo: “Artículo 391 bis: No regirá lo dispuesto en este Capítulo, cuando el Imputado lo esté por alguno de los delitos previstos en el Capítulo II del Título III del Libro Segundo del Código Penal de la Nación, aunque hubiere una expresa solicitud de la víctima o sus familiares.”

También agrega al artículo 479 de la Ley 9.754 y sus modificatorias (Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos) el siguiente: “Queda exceptuado el Imputado que lo esté por alguno de los delitos previstos en el Capítulo II del Título III del Libro Segundo del Código Penal de la Nación, aunque hubiere una expresa solicitud de la víctima o sus familiares.”

En las reuniones de comisión se analizaron antecedentes jurídicos de casos que se han dado en la provincia. Se intenta, sobre todo, proteger a las víctimas de delitos sexuales, con acciones que impidan una revictimización. En todo el proceso la víctima tiene que ser debidamente informada sobre los alcances de su decisión.

El contexto

Es proyecto es puesto a consideración después del desgraciado caso en que Micaela García, oriunda de Concepción del Uruguay, muera víctima del ataque de Sebastián Wagner, en la ciudad de Gualeguay. El victimario había sido beneficiado por una acción abreviada.

Justamente en esta jornada, mientras se debate el tema en el Senado, comenzó el Jury de Enjuiciamiento contra el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, que había autorizado la salida de Wagner y que recibiera varias denuncias cuestionando su desempeño.

Estuvieron presentes las senadoras de Feliciano y Federal, Miriam Espinoza y Nancy Miranda, respectivamente; y los senadores de Colón, La Paz, Gualeguay, Paraná, Pablo Canali, Aldo Ballestena, Francisco Morchio y Raymundo Kisser, en ese orden.

Concurrieron para hacer sus aportes Jorge Amilcar García (Procurador General); Maximiliano Benítez (Ministerio Público de la Defensa); Yanina Mariel Yzet (Oficina de Violencia de Género S.T.J.E.R.); la licenciada Mariana Broggi, secretaria del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev), entre otros.