El padre de una de las víctimas muertas en un fatal accidente en 2003 en Bajada Grande, repudió la decisión de la Justicia de otorgar la probation a dos trabajadores municipales que en el desmoronamiento de una pared mataron a dos niños de 10 y 11 años. El hecho es recordado por las derivaciones y enojo del barrio hacia la cuadrilla municipal que no tomó los recaudos mínimos de seguridad con el procedimiento de destruir un paredón aledaño a una fábrica cerrada.

Tomás Izurrieta, el padre de Jairo, el pequeño de 11 años que murió en la tragedia del 12 de marzo de 2003, repudió la decisión del juez de Instrucción Héctor Villarrodona que aceptó el pedido de suspensión de juicio a prueba reclamada por los abogados del capataz de la cuadrilla y del chofer de una maquinaria que tuvieron a cargo los trabajos polémicos.

Tras un largo proceso, recordó Izurrieta, se había dispuesto el procesamiento de Carlos Cetau y Luis Gómez, a quien en primera instancia se los encontró responsables del delito de Estrago Culposo Agravado.

Seguramente por la falta de antecedentes y por la tipificación, tanto la Fiscalía como el magistrado se hicieron eco del pedido de Probation y de ese modo, aceptar reparar el daño con tareas comunitarias.

El padre no ocultó el dolor con la resolución porque “no se hace Justicia”, gritó enfadado a Uno. “Los chicos estaban jugando al fútbol en una canchita de fútbol. Al ver el movimiento se cruzaron y como no había medidas de seguridad, el capataz ordenó seguir trabajando derrumbando la pared y cayó sobre dos chicos”, contó con angustia. Los muertos fueron su hijo y una amiguita de 10 años de apellido Beltzer.