Las modificaciones a los proyectos no consiguieron calmar las aguas ni frenar el malestar que persiste entre los trabajadores judiciales, que esta semana volvieron a plegarse masivamente al paro de 72 horas convocado por el gremio que encabeza Julio Piumato. Al menos así se percibió durante los tres días en los tribunales entrerrianos.

“El acatamiento al paro fue total, 100 por ciento, tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay; solo funcionaron las guardias mínimas”, aseguró Graciela Ortiz, secretaria de Acción Social de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Regional 7. “Hay malestar y preocupación entre los empleados”, agregó a Página Judicial.

El acceso a la justicia, en tanto servicio público esencial, no puede quedar paralizado totalmente, por lo que se establecieron guardias mínimas. Sin embargo, tal como ocurrió la semana pasada, la actividad en los tribunales federales entrerrianos fue casi nula y limitada a las cuestiones urgentes e impostergables.

La Cámara Federal de Apelaciones volvió a suspender las audiencias que tenía programadas para los días de paro, tal como lo hiciera la semana pasada; y en los juzgados de Paraná y Concepción del Uruguay se organizaron guardias mínimas y se reprogramaron los despachos que no fueran urgentes.

En la Secretaría Electoral tampoco hubo actividad, e inclusive un trabajador destacó como algo “inédito” que “ni siquiera se trabajaron las horas extras, como suele ocurrir, sobre todo en vísperas de un proceso electoral, como este año”.

El tribunal oral, que la semana pasada había decidido realizar los alegatos de un juicio contra tres personas acusadas por la producción y comercialización de estupefacientes, en estos días tuvo actividad reducida. La audiencia prevista para el jueves, de lectura de los fundamentos de la sentencia de ese debate –que terminó con la condena de los tres imputados–, no se realizó, sino que las partes recibieron copia del fallo completo; en cambio, hubo una audiencia de un juicio abreviado, con los secretarios y asistentes contratados.

En tanto, los titulares de los Ministerios Públicos (fiscalías y defensorías) dejaron en libertad de acción a los trabajadores y la medida de fuerza también tuvo una alta adhesión.

Asimismo, los trabajadores judiciales reclamaron a la Corte Suprema la declaración de inhábil para los días de paro, como sucedió la semana anterior. Si bien la medida tiende a evitar perjuicios a los litigantes, tanto el gremio como los propios magistrados consideran que constituiría un guiño de apoyo al reclamo.

Siguen enojados

El eje central del reclamo de los trabajadores está puesto en dos de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo: el de ingreso igualitario de empleados al Poder Judicial y el de reforma del Consejo de la Magistratura. El primero ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y se debatirá el próximo miércoles en el Senado; mientras que el segundo fue aprobado esta semana en la polémica sesión de Diputados, pero tendrá que volver a la Cámara Alta en revisión.

En ambos casos, el gobierno aceptó introducir cambios -tras la carta del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la Junta de Presidentes de Cámaras Federales a los diputados-, aunque eso parece no haber calmado a los trabajadores judiciales.
En la nueva redacción se habilita al máximo tribunal para manejar la administración de los fondos, la política salarial y las tareas de superintendencia del Poder Judicial; y también los concursos para ingresar a la planta de empleados de la Justicia. El proyecto original, que traspasaba todas esas facultades al Consejo de la Magistratura, se ajustaba a lo previsto por el artículo 114 de la Constitución Nacional, que señala que ese organismo “tendrá a su cargo (…) la administración del Poder Judicial”.

En cuanto al proyecto de ingreso igualitario de empleados, la UEJN viene cuestionando la desaparición de la veeduría gremial en los concursos, como también la modalidad de sorteo que se propone para el acceso a los cargos de empleados y personal de maestranza y oficios, sin tener en cuenta el orden de mérito ni la jurisdicción de los postulantes.