Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL

La mitología griega suele ayudar a interpretar metafóricamente sucesos actuales. Entre muchas versiones de Pandora, una indica que fue una estatua hecha de arcilla y luego convertida en doncella, creación de Hefesto, Atenea y Zeus, quienes le otorgaron gran belleza, encantos y atributos, para vengarse de Prometeo por haber intentado robarle el fuego sagrado al dios Sol. Ella recibió una caja con expresa advertencia de no abrirla pero, mujer al fin, no soportó la curiosidad y la abrió haciendo que escaparan todos los males del mundo. Pero allí también había guardadas virtudes, entre ellas la esperanza que no alcanzó a liberarse porque Pandora, comprendiendo su error y presa del miedo la cerró abruptamente. A partir de allí se sostuvo que abrir esa caja puede acarrear consecuencias catastróficas.

Por estos días y alegóricamente, abrir la Caja de Pandora K supone dejar salir nuevos y numerosos casos de corrupción que, a diferencia de la referencia mitológica, no escapan para esparcirse por el mundo sino que deberán posarse en los tribunales donde, ahora sí, los jueces se muestran más decididos y diligentes.

Nuevos datos conocidos esta semana hablan de maniobras delictuosas que se añaden al rosario de apartamientos de la ley en que incurrieron funcionarios K y de lo cual dan cuenta sus cuantiosos bienes en abierto contraste con su condición económica previa al acceso a sus cargos y los emolumentos percibidos.

Si se desea conocer más casos salidos de la Caja de Pandora vernácula, se supo que el actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, habría detectado que existen unos 30.000 millones de dólares de deuda no registrada con empresas constructoras y otros compromisos en moneda nacional a futuro que exceden largamente lo presupuestado para toda la cartera el año que viene.

Un ex ministro ha sido señalado por el caso del “buque fantasma” que debía traer gas licuado ruso a un costo de 57 millones de dólares y nunca apareció. Sin embargo ese monto fue liquidado. ¿A quiénes? Vaya a saber…

La ex ministro de Industrias, Débora Georgi, pagó con fondos de su cartera la suma de 200.000 pesos en el Hotel Alto Calafate (propiedad de los Kirhner) por dos días de alojamiento para un encuentro de ministros provinciales (dinero del Estado se convirtió en utilidades para la empresaria hotelera jefa del Estado).

Valga recordar que también en ese hotel famoso por las maniobras de lavado de dinero, debieron pernoctar obligadamente las distintas tripulaciones de Aerolíneas Argentinas. La empresa habría contratado 35.000 habitaciones desde 2008, siendo el costo para el Estado superior a 2.500.000 dólares (los viáticos liquidados fueron a parar a las arcas de Hotesur). En el expediente 11.904/014, se trata esta grave cuestión.

La flamante gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner –quien vulneró la Constitución provincial cambiando el sistema electoral en pleno proselitismo para no perder-, ha sido denunciada por presunto desvío de fondos de un programa alimentario para personas en situación de pobreza encarado por el Ministerio de Desarrollo Social a su cargo. Aunque luego se apresuró a reintegrar parte de los fondos, la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público es ineludible. Se habla de 500 millones de pesos que habrían ido a reforzar su campaña mediante acciones de clientelismo y entrega de millonarios subsidios con la presencia de Cristina.

Ahora daremos ingreso a la figura de Cachavacha, la bruja creada por el gran dibujante e historietista Manuel García Ferré (1929-2013), un español radicado en nuestro país en plena juventud. En su tira Hijitus, la malvada mujer se dedicaba a preparar en una gran olla las pócimas más dañinas con efectos perjudiciales.

La referida denuncia pública de la revista ANALISIS involucrando al ex gobernador Sergio Urribarri en maniobras que desembocarían en un exponencial crecimiento patrimonial, no puede ser ignorada. Una Cachavacha virtual habría andado combinando elementos y revolviendo para provocar acciones non santas que es imprescindible investigar, sin que esto suponga prejuzgamiento ni culpabilidad concreta porque rige la presunción de inocencia. Pero debe aclararse que en la función pública existe como excepcionalidad lo que se denomina inversión de la carga de la prueba.

Ante una publicación de tanto impacto, podrían darse tres caminos: a)- Que Urribarri presente su declaración jurada con su evolución patrimonial y la de sus familiares hasta determinado grado de consanguinidad entre 2007 y 2015. b)- Que algún magistrado actúe de oficio por tratarse de un hecho de inusitada gravedad institucional. c)- Que el actual diputado cumpla con el artículo 39º de la Constitución de Entre Ríos, donde se obliga a todo empleado o funcionario a quien se impute delito cometido en el desempeño de sus funciones, a “acusar para vindicarse bajo pena de destitución”.

Es muy importante recordar –si de actuaciones de oficio se trata- la nómina de denuncias efectuadas por ANALISIS que generaron intervención tribunalicia y algunas condenas. Citemos los casos por enriquecimiento ilícito de Mario Yedro, Augusto Alasino, Domingo Daniel Rossi, Raúl Rico, Eduardo Macri y José Ángel Allende (también por negocios incompatibles con la función pública). Fueron condenados Yedro y Rossi. El caso de Yedro sentó un precedente importante: la justicia le expropió un campo valuado en 6 millones de dólares, precisamente el predio denunciado como adquirido con dineros de la corrupción. Respecto de Rossi y como hecho histórico, la justicia uruguaya abrió por primera vez el secreto bancario de cuentas pese a no estar aún procesado.

Agreguemos el caso Senado provincial (presidencia Alanis) cuyos imputados irán a juicio oral; caso ATN/Aciser, donde se condenó a Oscar Mori y a la ex concejal Liliana Morard y el del empresario Roque Carmona, por defraudación millonaria en Paraguay (estuvo dos meses preso pero la justicia argentina no concedió la extradición pese a las pruebas contundentes reunidas en la causa). Y por estos días, los resonantes casos por abusos graves que involucran a los curas Justo Ilarraz y Marcelino Moya y al ex Director de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi.

Estos precedentes y las pormenorizadas alusiones de la revista respecto del ex gobernador y su entorno familiar, permiten suponer que algún magistrado provincial tomará intervención, código en mano, salvaguardando las garantías constitucionales pero demostrando que nadie tiene coronita.

La imputación del fiscal Gervasio Labriola a los ex ministros de Economía, Diego Valiero y de la Producción, Roberto Schunk, relacionada con créditos otorgados a una empresa en cesación de pagos para una fábrica inexistente de cosechadoras, lleva a recodar que Valiero acaba de ser nombrado por Bordet representante del Estado provincial ante el Bersa.

El gobernador ha dicho enfáticamente que “si algún funcionario provincial es denunciado, hasta tanto se demuestre el resultado le pediré que tome licencia en el cargo”. Aquí tiene una buena oportunidad para demostrarlo.

Contrariamente Urribarri nunca se lo pidió al Escribano Mayor de Gobierno mientras era enjuiciado, juzgado y condenado por graves delitos. La diferencia es clara.