En razón que la creación y funcionamiento de la Auditoría General de la Nación, surge de la Ley 24.156 de Administración Financiera y control sin que exista una adecuada normativa, donde se refleje con minuciosa amplitud las competencias de la Auditoría se creyó conveniente establecer la creación de la misma y sus competencias específicas a través de una nueva Ley.

En el proyecto se establece la posibilidad de presentarse como denunciante ante la comprobación de la de la posible comisión de delitos de acción pública. En la iniciativa legislativa del diputado Rogel se determina las competencias de la Auditoría, su funcionamiento, las entidades del sector público susceptible de ser auditadas. Los organismos de la Administración pública y descentralizados, bancos oficiales, empresas públicas y mixtas y aquellas donde el Estado tenga participación accionaria.

También se establece el control de instituciones como la Defensoría General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Nación, entre otras.

Asimismo, se establece la verificación y control de todas las operaciones de crédito público que realice el Estado Nacional, como así también aquellas referidas a las refinanciaciones y reestructuraciones de la deuda pública.

Es de destacar que el proyecto recoge ideas sugeridas por la Asociación del Personal de los Organismos de Control, y otros proyectos referidos a su funcionamiento.