En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Romero informó que mantuvo una reunión con el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, “que atiende cuestiones electorales de todo el país” y con quien dialogó “sobre la reforma política y electoral que impulsa el gobernador, sus aspectos, las experiencias de otras provincias con la boleta única y con el sistema de voto electrónico”.

Resumió que “fue una productiva reunión en la que se intercambiaron ideas sobre las ventajas de un cambio hacia la boleta única”.

Agregó que también se reunió con el ministro de Justicia, Germán Garavano, con trató “temas que son vinculados a lo que emprenderá la provincia próximamente porque hoy el Senado le dará media sanción a la ley que posibilita investigar el narcomenudeo”.

En ese marco, la ministra explicó que “la Ley Nacional N° 2652 prevé que la Nación brindará apoyos y recursos económicos a las provincias que asumen esta responsabilidad” y destacó: “En la provincia tenemos caracterizado porque lo he charlado mucho con el procurador General (Amilcar García) y el defensor General, Maximiliano Benítez, me hizo llegar los números precisos de la situación carcelaria, al igual que el director del Servicio Penitenciario, y con eso fui a Nación”.

“La idea es que los fondos comprometidos por la ley 2652 vengan para el fortalecimiento de nuestro sistema carcelario, no tanto porque se prevea una enorme cantidad de personas en prisión sino porque la Ley de Narcomenudeo atrapa a los tipos penales más leves de la ley marco de delitos de narcotráfico. Y también necesitamos apoyo con más pulseras electrónicas para controlar las prisiones domiciliarias y necesitamos que el sistema carcelario tenga más capacidad de alojar personas porque estamos al límite y un poco más, por lo cual apuramos la construcción en Paraná y en Federal”, describió.
Asimismo, mencionó que para implementar la ley “debemos comprar equipamiento para los laboratorios, como cromatógrafos para analizar la composición del estupefaciente secuestrado, que hoy tenemos solo uno en la provincia y por lo cual demandé que Nación aportara dos más”.

“El ministro Garavano se comprometió a ambas cosas, y a todo lo demás como capacitaciones y otros aportes de menos significación económica pero también importantes”, anunció.

En este marco, Romero evitó hablar del monto de la asistencia nacional para estas cuestiones pero mencionó que “se están demandando cosas concretas: aportes para nuestro sistema carcelario, más becas del Sedronar, equipamiento de laboratorios, pero el aporte que prevé la ley 2652 es permanente”.

Ante ello, analizó que “la realidad es que al narcomenudeo los Juzgados Federales prácticamente no lo persiguen porque su objetivo es atrapar al proveedor o narcotraficante grande y es escasa la intervención en narcomenudeo por lo cual los reclamos se multiplican en los barrios y ciudades por la venta en los denominados kioscos”. “Esta realidad requiere que nos asociemos con Nación para que Nación persiga al grande y las provincias al chico, así que tengo la convicción de que vamos a mejorar en seguridad ciudadana porque sobre el delito de narcomenudeo habitualmente están asociados otros delitos contra la propiedad y contra las personas”, explicitó.

“Vamos a atacar otros delitos asociados y por supuesto luego nos exigirá un refuerzo de nuestros esfuerzos para tratar a los chicos que han caído como víctimas de la adicción y son utilizados para la venta de estupefacientes”, admitió.

En ese panorama dijo haber reclamado por la situación de los Juzgados Federales y su falta de funcionamiento en la provincia pero aclaró que “de todos modos se trata de dos políticas diferentes porque los jueces federales están viendo al gran traficante”. “La imposibilidad de los jueces Federales se debe a que las fuerzas federales son escasas, la policía de Entre Ríos hace las investigaciones en apoyo y es escaso el sistema de los Juzgados Federales en la provincia y es lenta la implementación de los nuevos Juzgados. De todos modos me refiero a cuestiones de definición de política criminal, porque es difícil que actúen en un kiosco en Santa Elena o en las juntas de gobierno y localidades pequeñas”, explicó.

Adelantó que los funcionarios de Toxicología de la Policía provincial “pasarán a trabajar con los fiscales en las investigaciones y los jueces de Garantías, por lo cual hay que fortalecer la estructura y especializarla, ya que el de Toxicología debe ser un sector de la policía altamente preparado”.

“Tenemos una policía que podemos caracterizar como buena, sin perjuicio de lo cual pueden existir casos excepcionales. En principio partimos con lo que tenemos y de una implementación gradual de la Ley de Narcomenudeo, porque no se pueden hacer en un día 100 allanamientos y colapsar todos los sistemas. Por cuestiones de política criminal se irán estableciendo criterios de actuación que hagan que no colapse ningún sistema, ni penitenciario ni judicial”, sentenció.

En cuanto a la necesidad de recursos humanos y de infraestructura, Romero señaló que “cuando se implementó el Código acusatorio en la provincia el Ministerio Público Fiscal se transformó en el eje de las investigaciones y es el que más creció en sus recursos y número de fiscales, y cuando comenzó el análisis de la ley de narcomenudeo hubo planteos de que se aumentara el número de fiscales y defensores y se escucharon algunas voces de la necesidad e implementar más jueces de Garantías”.

Ante esto, consideró que “no hay que poner el caballo detrás del carro sino que hay que empezar a implementar la ley y sobre los requerimientos de la realidad, la estadística y el real aumento del trabajo de jueces y fiscales, comenzar a crear los cargos”.

“En función de eso, después de charlar bastante con diputados y senadores en la comisión bicameral que se formó para esto, y pensando en los recursos, la decisión de los legisladores ha sido la de no crear los cargos aún, pero eso no implica clausurar la posibilidad de hacerlo más adelante. Vamos a echar a andar el sistema y luego se irán viendo las necesidades”, sentenció

Gestiones en seguridad

Por otra parte, Romero destacó que también encontró buenas respuestas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, con quien compartió “una jornada de trabajo con todos los ministros de Gobierno y Seguridad de todo el país en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior que se reúne con periodicidad”.

“Se trataron muchísimos temas, los objetivos centrales en materia de seguridad, mayor capacitación de las fuerzas policiales, intercambios y convenios entre las fuerzas que se suscribieron tipo protocolos de actuación frente a determinados delitos. Se abordaron varios temas y objetivos vinculados a la seguridad”, detalló.

Puntualizó que “se habló de la reforma del Código Penal que está en proceso de elaboración en el Ministerio de Justicia” y adelantó que “está en marcha un Plan Nacional de Nominatividad de celulares”.

Explicitó al respecto que “la mayor cantidad de robos que ocurren en la vía publica es de celulares, con lo cual plan es para aquellas personas que tienen celulares con pago anticipado, y se buscará que antes del 30 de octubre de este año las personas hagan un trámite para poner nombre a su aparato y su línea, cosa que ya tienen quienes reciben la factura de pago. Llamando al *234# se realiza el trámite nominado el celular y llamando al *910 se bloquea la línea y el equipo en caso de robo”, agregó.

Además, dijo que “se habló sobre los sistemas de videovigilancia y se intercambiaron experiencias entre las provincias” y sostuvo que “en Paraná está vencido el contrato del 911 desde el año pasado y se viene renovando hasta que consolidemos qué tipo de licitación se hará, para lo cual el equipo del Ministerio de Gobierno está trabajando en una propuesta”.