El juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” del secretario de Energía, Daniel Cameron, por conductas reprochables que desempeñó antes de ser funcionario del actual gobierno. Cameron atravesó tres gobiernos como integrante de la comisión fiscalizadora de la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio SA (YCRTSA): desde febrero de 1995, en el gobierno de Carlos Menem; luego, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, de la administración de Fernando de la Rúa; y finalmente, hasta el 25 de abril de 2002, en el interinato de Eduardo Duhalde. Es entre esas fechas que se le reprocha, junto con otros funcionarios, que “debían custodiar el interés público delegado en el concesionario”. “Sin embargo, toleraron la significativa y múltiple gama de incumplimientos que señaló el magistrado en la resolución, cuya intensidad permitió que se desviaran subsidios asignados por el Estado hacia un eufemismo llamado ‘inversiones de mediano y largo plazo’”, señaló el fiscal Federico Delgado.

Según sostuvo Delgado, “permitió que una concesión minera se transformara en un magnífico canal de fuga de dineros públicos hacia el concesionario. La tolerancia o ausencia de control, entonces, los volvió cómplices de la defraudación porque sin esa tolerancia el hecho no hubiese ocurrido”.

La investigación fue impulsada por Raúl Wanzo, delegado paritario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por los trabajadores de la mina de Río Turbio y querellante en la causa. El ingeniero Cameron ocupa la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios desde el 29 de mayo de 2004, a poco de asumir el ex presidente Néstor Kirchner. Fue ratificado en el cargo cuando juró su primer mandato Cristina Fernández, y confirmado para el segundo período presidencial a través del Decreto Nº 79 del 10 de diciembre de 2011, publicó Tiempo Argentino.

El procesamiento firmado por el juez Torres alcanza también al empresario Sergio Taselli, quien tuvo a su cargo la explotación de la concesión de Río Turbio. A diferencia de Cameron, el delito que se le imputa a Taselli es “administración fraudulenta”, con un embargo que supera los 45 millones de pesos y una pena en expectativa que llega hasta los seis años de cárcel. También está procesado Jorge Enrich Balada, un hombre cercano al ex secretario de Energía Jorge Lapeña, quien se desempeñó en los últimos dos gobiernos de la Unión Cívica Radical. Fue la Cámara Federal la que le indicó al juez de primera instancia que pusiera la lupa sobre el rol de Cameron y Balada, y también sobre Eduardo Julio Sorensen, Enrique Roberto Campaña y Fernando Jorge Malvasio -integrantes también de la Comisión Fiscalizadora-, quienes fueron sobreseídos.

El fiscal Delgado pidió el procesamiento de todos porque -argumentó- “fueron cómplices de Tasselli & Cía”. Más aun, pidió para todos la figura de la “administración fraudulenta” porque “violaron intencionalmente los intereses que el Estado les confió y con su silencio contribuyeron de manera imprescindible a la violación del contrato de concesión que adquirió un nivel tan intenso que se transformó en una estafa a las arcas públicas”. El fiscal no se contentó con la figura del incumplimiento de los deberes de funcionario público: “Se afectó la pretensión punitiva del Estado por la que debe velar el Ministerio Público Fiscal… la fiscalía no propone una impugnación dirigida a la calificación legal que hizo el juez, sino una revisión de la resolución cuya puerta de ingreso serán esas calificaciones pero no en tanto tales, sino como barrera que oculta un recorte de los hechos y, por lo tanto, de las responsabilidades de los funcionarios públicos”.