El concejal señaló que quieren conformar desde el Concejo Deliberante una iniciativa que es un reclamo de muchas personas que tienen a sus familiares descansando en ese predio. “El lugar estuvo a punto de ser rematado por la Justicia hace ya casi año y la subasta se frenó. Luego de la suspensión, la Justicia retomó el valor fijado y aparecieron más acreedores y las cifras de acuerdo a las deudas y los acreedores fueron en aumento”, dijo el consultado.

Molla recordó que en 2009, tras conocerse la noticia, el Concejo Deliberante estableció una ordenanza fijando que ese predio debía utilizarse a futuro sólo como cementerio. “De ese modo se trabó la posibilidad de que quien lo adquiera lo utilice para otra actividad”, señaló.

El concejal victoriense recalcó que “se trata de una expropiación con un fin social. Queremos convenir con la provincia, por supuesto también dialogando con el Ejecutivo municipal, que el monto que signifique la expropiación sea descontado de la coparticipación”, dijo el edil, y recalcó: “Estamos trabajando en el proyecto de declararlo de utilidad pública. Es necesario darle un corte definitivo a la situación, porque el cementerio sigue plantado ahí, en condiciones que no son las más adecuadas”.

El cementerio fue un emprendimiento que nació con la convertibilidad de los 90 y desde la crisis de 2001 arrastraba problemas. Finalmente, sus dueños dejaron la empresa y se fueron de la ciudad, dejando a los empleados sin sus sueldos y al establecimiento sin atención.

En total el predio puede albergar 12.000 parcelas, de las cuales 8.993 están delimitadas, aunque solamente están ocupadas 335.

La primera convocatoria a remate fue el 31 de agosto de 2009. El remate fue ordenado por la Justicia como consecuencia de las demandas laborales que hicieron los ex empleados. En ese momento, la venta iba a salir con la base de valuación fiscal, por lo que el precio de partida de las casi cinco hectáreas era de 71.180 pesos.

El 28 de agosto, el juez de Instrucción de Victoria, Alejandro Calleja, ordenó la suspensión y prórroga por dos meses del remate judicial del predio y la capilla del cementerio. La presentación para esta decisión judicial fue fundada por el doctor Miguel Marchesse, uno de los representantes legales del grupo de trabajadores que iniciaron juicio.

Luego, en diciembre de 2009, el Juzgado Civil y Comercial de Victoria dictaminó una nueva tasación del predio del cementerio privado a través de un profesional de la ciudad, quien marcó una suma superior a los 928.000 pesos, que serían base para la próxima subasta pronosticada para luego de las ferias judiciales de 2010.

Molla indicó a diario Uno que hasta el momento no han tenido novedades de una nueva fecha de remate.