Una multisectorial conformada por asambleas, colectivos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos independientes, emitieron un comunicado por el cual fijan su postura contraria a la adhesión al pacto que defiende la vida desde la concepción que promueve el intendente de Concordia, Enrique Cresto.

En el comunicado, esta multisectorial expresa que “el contexto político actual, donde se está debatiendo en el Senado de la Nación, el proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ha propiciado que sectores que están en contra de la misma, hayan impulsado diversos proyectos en los municipios entrerrianos, con la clara intención de imponer creencias y concepciones religiosas en cuestiones de políticas públicas”.

También indicaron que “el 14 de junio se debatió y rechazó el proyecto de declarar Pro Vida y Pro Familia a la Ciudad de Concordia, proyecto que intentaba de igual manera, imponer una moral propia de los credos”.

“En este marco que no podemos ignorar, el intendente de nuestra ciudad (por Concordia), el día 18 de julio, se vuelve a manifestar de manera institucional y por medio de un decreto que ratifica la adhesión al pacto, posicionando al municipio desde una concepción moral y religiosa, que deja por fuera las otras creencias que conviven en esta sociedad”, se sostuvieron en el comunicado publicado en el sitio Elentrerios.com.

“El pacto de Padua, impulsado por la Iglesia Católica, busca imponer una visión hegemónica del concepto de valores, de vida y de familia, donde el punto 5 expresamente dice “Defender la familia y rechazar el aborto” y define que “La familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer”, desconociendo así, los derechos conquistados en este nuevo siglo, por los movimientos sociales, de mujeres, feministas y LGBTTTIQ, que reconocen la existencia de familias diversas, que van desde las monoparentales a las familias ensambladas, como así también los matrimonios de personas del mismo sexo, e incluso las familias que se constituyen sin obligación de matrimonio”, recalcaron.

“Además, define el concepto del ´niño por nacer´, queriendo determinar el inicio de la vida, con la explícita intención de obstaculizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo”, sostuvieron.

“El resto de los puntos, contenidos en el pacto, son claras obligaciones del estado que de ninguna manera dependen de voluntades de las religiones, sino la obligación constitucional de gobernar para garantizar: Luchar contra el narcotráfico, Prevenir las adicciones a la droga, Luchar contra el hambre, Combatir la violencia de género, Impulsar las energías renovables, Combatir la pobreza, Promover el acceso a la educación, la salud y el agua potable, Erradicar el abuso infantil y la trata de personas; para lo cual ya existen legislación nacional e internacional para su ejecución por parte de los gobiernos”.

“Por tanto, no queda claro a la ciudadanía cuál es la intención del Intendente de asociar estas políticas públicas a un pacto con la Iglesia, pues en ese acto afianza la relación Estado-Iglesia”.

“Por todo lo expuesto, ratificamos lo expresado en nuestra declaración de abril 2018: Estas leyes, que están vigentes, deben ser cumplidas y reforzadas en su aplicación, con políticas públicas eficaces, sin la intervención de los credos, sin hacer caso omiso a las luchas sociales y a los reclamos colectivos por el reconocimiento de derechos fundamentales en nuestro país. Respetamos la libertad de cultos, pero no vamos a permitir que se le otorgue a la iglesia católica ni a ninguna otra religión, la elaboración e implementación de estas políticas públicas, que son de afectación al conjunto de la sociedad, más allá de su credo religioso. Imponer desde el Estado, políticas basadas en imposiciones eclesiásticas, es autoritario, discriminatorio y a todas luces violatorios de los principios del Estado de Derecho”.

“El movimiento de mujeres y LGBTTTIQ vienen dando peleas inmensas por el reconocimiento de nuestros derechos. La relación privilegiada de la Iglesia Católica con el Estado argentino, ha sido un motor fundamental para la negación y el retraso de debates fundamentales para la salud pública y los DDHH, lo que demuestra cada vez más la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, para tener definitivamente un estado laico”.

“En relación a estos hechos, de trascendencia a nivel nacional, entendemos que es necesario que el intendente escuche las otras voces, y por ello en el día de ayer solicitamos un pedido de audiencia, esperando que se concrete en la inmediatez. Desde esta multisectorial, no consideramos que los debates que venimos transitando, respondan a un fanatismo, sino a la firme convicción de lucha por la defensa de los derechos conquistados y por todos los que aún nos faltan conquistar”.