El viernes a la tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, recibió la noticia de parte del titular de la Aduana, Guillermo Michel. En detalle le señaló que la empresa City Blanco SA, que reclamaba importar toallas por un monto de casi 20 millones de dólares, retiró el amparo que había presentado en la Justicia.

El caso había sido denunciado de manera pública por Sergio Massa en el Consejo de las Américas que se realizó en Buenos Aires y lo había reiterado en la presentación del Presupuesto 2023 que hizo en la Cámara de Diputados. No es la cifra millonaria más grande en estas maniobras, pero se convirtió en el botón de muestra que avaló la queja por el festival de importaciones que realizó, a mediados de año, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La empresa decidió levantar la cautelar que había presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, luego de que la Aduana, organismo que responde a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), elevara un reclamo para interrumpir un beneficio que había sido avalado un año atrás y había sido prorrogado en mayo pasado. Así lo confirmaron fuentes oficiales consultadas por Letra P, publicó el portal Ahora.

“La Aduana está buscando desmantelar el uso abusivo de las cautelares, sobre todo el uso irregular de las medidas judiciales que efectuaron algunas empresas con el único objetivo de sobrestockearse y utilizar los dólares a valor oficial de manera irregular”, afirmó Sergio Michel, en declaraciones al sitio Letra P, horas después de retirada la cautelar.

Según señalaron las fuentes gubernamentales, la investigación sobre el stock de productos y la falta de sustento en el criterio de urgencia pusieron en jaque el aval judicial y aceleraron la decisión de la propia empresa de desistir de la medida. Sucede que la baja del reclamo judicial le permitirá a City Blanco S.A. participar del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que debutó el lunes pasado y ya otorgó cupos por 38.440 operaciones, que alcanzan a más de 8.000 importadores, y por un valor FOB de casi 4.300 millones de dólares, en un corte del viernes a la tarde.

La decisión del equipo económico fue quitarles a las empresas con cautelares la posibilidad de participar del SIRA y mantenerlas en la órbita de la judicialización, donde prometen tardanzas masivas ante un accionar más presente del Estado ante los jueces. Hasta el momento, la acción de la Aduana logró desbaratar cautelares correspondientes a sectores textiles, de neumáticos, toallas y marroquinería por un total de 218 millones de dólares. Allí estaba operando la empresa textil Barpla con la medida judicial más importante, que alcanzaba los 128 millones de dólares.

La baja de cautelares incluyó, hasta el momento, a las empresas Correa, que había interpuesto siete cautelares por un total de ocho millones de dólares; Guerrini, que alcanzó el récord de 13 reclamos judiciales por 39 millones de dólares; Larocca, con otros siete pedidos, en ese caso por 25 millones de dólares, y Yoko, por 500 mil dólares. Junto con Barpla y la reciente renuncia de City Blanco SA. todas juntas sumaban los 218 millones de dólares señalados por las fuentes oficiales, consignó el portal Ahora.

Para lograr revocar las cautelares, el equipo de Sergio Massa utilizó diversas herramientas que habían sido dejado de lado por las administraciones anteriores. De hecho, hubo malestar con el accionar del Banco Central, presidido por Miguel Pesce, por la falta de capacidad para atesorar dólares cuando hubo fuertes ingresos de divisas o se sostenía el superávit comercial. Sin embargo, en la actualidad sobrevuela el reproche hacia las autoridades encargadas del control, por no haber “golpeado las puertas correspondientes para pedir explicaciones”.

El ministro de Economía envió a diseñar un panel de control de las importaciones para desacoplar los reclamos por falta de insumos para la producción nacional, del estockeo de las empresas que utilizaban a partir de la sobredemanda en el Sistema de Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y, además, la acción judicial por cautelares. “Una cosa es el pedido de una fábrica que puede dejar de operar. Otro es de aquellas que usan las reservas del Banco Central para dolarizar sus activos y luego, encima, vender sus productos a precios inflacionarios”, se quejó un funcionario consultado citado por Letra P.

La Aduana que conduce Gillermo Michel ya tiene un monitor que sigue importaciones, demanda de dólares, exportaciones y facturación, desagregada por empresas y sectores. “Puede haber reclamos, pero todas las empresas saben que ahora hay un control certero”, destacó la fuente.