El poder de las sotanas

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Embestida de la Iglesia y respuesta multisectorial por la Ley de Educación Sexual

Jorge Riani

Los sectores más ortodoxos de la Iglesia Católica, identificados con la gestión de Adolfo Tortolo, han vuelto a desplegar sus acciones a la luz del día. Para eso cuentan con el respaldo del actual obispo Mario Maulión y la decisión del gobierno provincial de complacer sus reclamos. Recientemente lograron frenar la Ley de Salud y Educación Sexual, y por eso un grupo multisectorial integrado por directivos y docentes universitarios, gremialistas, profesionales y dirigentes sociales y políticos han lanzado una campaña destinada a que el Estado cumpla su rol y respete las leyes de la democracia.

Un programa que involucraba a profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional es lo que el Poder Ejecutivo provincial abortó ante las presiones de la Curia paranaense y de los sectores más ortodoxos. Es de este modo como el gobierno entrerriano entronizó un criterio que violenta la Ley 9.501, donde se establece –entre otras cosas– que el Consejo General de Educación diseñe e implemente políticas de educación sexual y garantice recursos, financiamiento y formación docente.

El Poder Legislativo -natural creador de leyes en una democracia- legisló al respecto, pero el Poder Ejecutivo -pese a estar obligado a ejecutar la norma- cedió ante las presiones de otro poder no previsto en el sistema republicano: el Arzobispado de Paraná.

La Ley 9.501 involucra la acción del Ministerio de Salud y Acción Social y al Consejo General de Educación. Hay que decir que parte del rol que compete a Salud está centrado en la planificación familiar que se cumple a partir de la acción extensiva de programas nacionales. Así, lo que por ejemplo se refiere a la distribución de anticonceptivos se cubre a través de hospitales y centros de salud con el aporte que realiza el Estado Nacional.

Ese aporte de la Nación ha permitido a un grupo interdisciplinario de profesionales de la provincia centrar los esfuerzos en la tarea de capacitación en educación sexual, para lo cual se había comenzado a convocar a otros profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional. En esa actividad se encontraba el equipo que ideó el plan -integrado por la sexóloga Silvia Darrichón, las docentes Mercedes Meucci y Amparo Mercante, el psicólogo Jorge Levín y la médica Raquel Pascaner- cuando desde el Consejo General de Educación se ordenó frenar todo el trabajo.

“Unos 50 profesionales que serían los futuros capacitadores (de docentes) iban a acceder a una capacitación que llamamos Formador de formadores, para lo cual íbamos a traer a profesionales de primer nivel, sexólogos de distintos puntos del país, que tienen experiencia en este tema. Con eso íbamos a permitir que los 50 capacitadores, más allá de que tengan formación por haber hecho cursos de posgrado en sexualidad, puedan seguir profundizando los temas para luego bajar las políticas de Estado a partir de la sanción de la ley”, explicó la sexóloga Silvia Darrichón en diálogo con ANALISIS.

“Ahora lo que se viene abajo es todo un sistema de salud y de educación”, resumió la profesional.

El proyecto quedó paralizado antes de que se completara la tarea de capacitación y, más aún, antes de que comenzara la aplicación de pruebas piloto en las escuelas. Hay que aclarar que, a diferencia de lo señalado por algunos medios de comunicación, el sistema preveía una modalidad progresiva de aplicación, y no la instrumentación en primera instancia en todos los establecimientos escolares. No obstante lo cual, en la primera etapa la capacitación iba a alcanzar a unos 600 docentes.

Hoy, el modo de poner en punto muerto el sistema ha sido el mutismo del presidente y los vocales del Consejo General de Educación, acompañado con la orden de suspender las capacitaciones para revisar los contenidos. Además, se ha sumado la inequívoca decisión de desafectar a parte de los integrantes del grupo de profesionales; primero fueron las profesoras Meucci y Mercante quienes dejaron de integrar y el equipo, y ahora circula la versión de que la propia coordinadora, Silvia Darrichón, también sería obligada a dar un paso al costado en su función.

(Más información en la edición gráfica de ANALSIS de esta semana)

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El DNU excluye a varios títulos, entre ellos a las letras intransferibles entregadas al BCRA.

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Los muertes por coronavirus en el país suman 46.

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De 7 a 15 horas los bancos pagarán jubilaciones y asignaciones.

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Locales

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“El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a redescubrir que la vida”, sostuvo el Papa en una misa de Domingo de Ramos sin público.

Carlos Fuentealba pedido de Justicia

“A 13 años de impunidad seguimos exigiendo juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales de este crimen de Estado", afirman los docentes entrerrianos.