J. C. V.
Una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas en el Concejo General de Educación (CGE) detectó nuevas irregularidades en el organismo, aunque en este caso durante los últimos dos años en el pago de horas extras a agentes que no pudieron ser demostradas, e inclusive revela que los funcionarios políticos del gobierno de Sergio Montiel cobraron el mes de diciembre de 2003 completo a pesar de haber trabajado hasta el día 10. Si bien no se ha podido determinar exactamente de cuánto ha sido el perjuicio contra el Estado provincial, la suma superaría los 150.000 pesos.
En julio del año pasado, el presidente del CGE, Felipe Ascúa denunció la falta de controles en la liquidación de sueldos, que habría derivado en el pago de haberes a personal fallecido o jubilado, la confección de planillas con datos cambiados de los agentes y la doble imputación a una misma persona en diferentes cuentas ingreso, que databan aún desde el gobierno radical. Esto había sido descubierto en una auditoría interna del Consejo ante el “desorden administrativo y hechos de injusticia e irregularidades” con que se encontraron las autoridades, que fue calificado como “el mayor registrado desde el retorno de la democracia”. Ante esta situación, Ascúa ordenó la intervención de auditores del Tribunal de Cuentas, que realizó un informe que constaba de tres partes: en primer lugar se analizaron los pagos de horas extraordinarias durante los ejercicios 2002 y 2003; segundo, se analizó la liquidación final de los funcionarios que cesaron en diciembre de 2003; y por último, se analizaron irregularidades en algunos nombramientos correspondientes al año 2003.
En un informe fechado el 17 de marzo de 2005, los auditores del Tribunal de Cuentas revelaron que “durante los Ejercicios 2002 y 2003 se pagaron horas extras a agentes que revistaban el categorías 1 y 2 y que percibían el adicional por función y desde su vigencia, el adicional remunerativo no bonificable”, a pesar de que ambos conceptos resultan incompatibles. “Asimismo, se observa el caso de un agente que percibe categoría 2 y adicional por función y por dedicación exclusiva choferes, y que también cobra horas extras. A criterio de esta auditoria, no correspondería el pago de horas extras cuando se perciben los adicionales indicados por lo que se habría ocasionado un perjuicio al organismo”. Inclusive, señala que las horas extras abonadas a los agentes fueron mal liquidadas, ya que “a todos por igual se le pagan cinco por hora extra”; y hasta que “no ha podido ser verificado que las liquidaciones de horas extras en general respondan a las efectivamente realizadas y no ha podido ser demostrada fehacientemente cuál fue la norma legal que autorizó el pago de las horas extraordinarias en los años 2002 y 2003”.
Ante esto, el Tribunal de Cuentas “considera necesario determinar cuál sería la metodología a seguir para recuperar los fondos dispuestos en forma presuntamente incorrecta, estableciendo las responsabilidades que le pudieran caber a los funcionarios que autorizaron y dispusieron estos pagos”. Por estos conceptos, el perjuicio contra el Estado provincial asciende a 89.538,90 pesos, aunque solamente están considerados los agentes de las categorías 1 y 2, por lo que la cifra podría ser superior al analizar el resto del escalafón, para lo cual se reclamaron los detalles al CGE.
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