D. E.
El ex senador provincial Félix Abelardo Pacayut reclamó a la Cámara Alta entrerriana que se le abone una diferencia salarial, que rondaría los 2.000 pesos mensuales, por el período comprendido entre abril de 2000 y diciembre de 2003, que nunca se pagó. La presentación, realizada por el ex ministro de Gobierno, Darío Quiroga, se basa en la aplicación de una ley de la primera administración de Sergio Montiel, que equiparaba los sueldos de los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con los legisladores, según el escrito al que accedió ANALISIS. El pedido, con los intereses pertinentes, superaría los 200.000 pesos y si se hace lugar, sentaría un precedente para que otros 50 legisladores -incluyendo los actuales miembros-, que ocuparon bancas a partir de 2000, hagan el mismo planteo. Pacayut anticipó que si tiene un rechazo administrativo acudirá a la justicia.
Algunos de los empleados de Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores de la provincia quedaron perplejos cuando leyeron el contenido de la carta, firmada por uno de sus ex integrantes. Primero se sorprendieron cuando el ex ministro de Gobierno, Justicia y Educación de buena parte de la gestión de Mario Moine (PJ), el conocido abogado paranaense Darío Quiroga, presentó el escrito, patrocinando el planteo del ex senador provincial Félix Abelardo Pacayut (PJ-Islas). Después, quedaron atónitos por el reclamo.
Cuando le llevaron el escrito de dos carillas a Pedro Guillermo Guastavino, el vicegobernador se acomodó los anteojos y leyó puntillosamente. Lo primero que esbozó fue una sonrisa, según recuerdan quienes estaban a su alrededor, pero después se preocupó y llamó urgente a algunos de sus asesores para analizar la situación. De acuerdo a la copia a la que accedió ANALISIS, en el reclamo, Pacayut pidió que “se le abone la diferencia de dieta a la que es acreedor por el tiempo no prescripto, con más los intereses legales, que le corresponden por el ejercicio de la función legislativa como senador, desde el 12 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre de 2003”. En el planteo, Quiroga recordó que por Decreto Número 33 bis de la Cámara de Diputados de la provincia, del 27 de septiembre de 1991, se estableció, a partir del 1° de agosto de 1991, una remuneración equivalente a la fijada para el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el Decreto 4.032 anexo IX de fecha 4 de noviembre de 1991, establecido por Ley 7.905. Por razones de igualdad, ese mismo trato corresponde a los senadores”, acotó.
Indicó que “con ello, como se manifiesta en el exordio del acto administrativo mencionado, se tendió a mantener un equilibrio en las remuneraciones de las máximas autoridades de los poderes del Estado, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 7.905”. La mencionada normativa fue sancionada en marzo de 1987, o sea, el último año de la primera administración de Sergio Montiel.
En tanto -según agregó Quiroga- “a través del decreto 4.032/91 se fijaron las remuneraciones del personal del Poder Judicial a partir del 1° de agosto de 1991, contemplándose la de los vocales del STJ en el Anexo IX”. Añadió que por Ley 8.854 “se otorgó a partir del 1° de diciembre de 1991 a los magistrados una adecuación remunerativa por intangibilidad de acuerdo al artículo 156 de la Constitución Provincial disposición similar a la consagrada en el artículo 78 a favor de los legisladores”. Más adelante sostuvo que “pese a lo dispuesto en el decreto 33 nunca durante su mandato cobró remuneración equivalente a la del vocal del STJ ni se le aplicó a la misma la actualización en la ley 8.854. La suma percibida fue siempre inferior”, añadió el ex ministro.
Finalmente, peticionó que “se le reconozcan y abonen las diferencias remunerativas reclamadas, con más intereses legales” y dejó abierta la puerta para el planteo del caso federal “por la afectación al derecho de propiedad tutelado en el artículo 17 de la Constitución Nacional y a la igualdad ante la ley amparada en el artículo 16, a efecto de eventualmente acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48”.
Si bien Pacayut reclama que se le reconozca lo adeudado a partir de 1991 (por lo cual el cálculo superaría el millón de pesos, máxime si se tiene en cuenta que entre tal año y el 30 de abril de 2005 hubo un 340 por ciento de interés), se entiende que buena parte de tal deuda se encuentra prescripta por el correr de los años. De esa manera, solamente podría exigir lo adeudado entre abril de 2000 y diciembre de 2003, en que finalizó su mandato, más los intereses pertinentes. Si bien en el escrito el abogado Quiroga no hace mención alguna a un monto determinado -lo que resulta algo complejo deducir-, este semanario hizo un cálculo sobre 2.000 pesos mensuales, sobre 46 meses y de acuerdo a la tasa activa de interés del Banco de la Nación Argentina en tal período. Ello arrojó una cifra cercana a los 200.000 pesos, que se podría incrementar aún más si es que Pacayut entiende que en verdad se le adeudan unos 3.000 pesos por mes y no 2.000 como aquí se indicó, en base a las consultas practicadas en ámbitos legislativos.
Desde hace ya varios años, la dieta de los legisladores entrerrianos supera los 6.500 pesos. Son 3.500 pesos como dieta (lo que incluye un 40 por ciento en concepto de gastos de representación) y otros 3.000 en concepto de gastos de traslado. La cifra comprende tanto a diputados como a senadores provinciales actualmente. Mientras, el sueldo del vocal más nuevo en el STJ ronda los 8.000, aunque también se debe tener en cuenta como juega en tal sentido la asignación en concepto de antigüedad que tienen tales autoridades, lo que para los magistrados comienza a correr a partir de que se reciben de abogados y no desde cuando asumen en un determinado cargo judicial.
Fuentes de la Cámara de Diputados -sobre lo cual se basó el planteo de la dupla Pacayut-Quiroga- indicaron que “nunca” se abonó la dieta en relación con los haberes de los vocales del STJ, tal como se establecía en la ley montielista, por lo menos a partir de diciembre de 1987, como indica el ex legislador isleño. No obstante, la fuente consultada -con años de servicio en ámbitos administrativos de la Cámara Baja entrerriana- añadió que durante varios de los meses de 1987 -es decir, el final de la primera gestión de Montiel- sí se pagó de esa manera.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
