Carlos del Frade
(desde Santa Fe)
Los jueces de Instrucción, Correccional y Federal que tramitaron el caso del incendio de la Facultad de Derecho de Rosario, del 1º de julio de 2003, luego de una histórica movilización de casi 13.000 trabajadores estatales santafesinos, dejaron de lado una serie de testimonios y pistas que podrían generar una serie de conclusiones diferentes a las supuestas responsabilidades de los sindicatos de Luz y Fuerza y Municipales de la ciudad del sur provincial. A casi dos años de los hechos, lo que sigue es el resultado de una investigación que marca esos puntos ignorados por los distintos jueces intervinientes como también la decidida participación del multimedios La Capital para condenar a los gremios.
El incendio del Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo y parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, producido el 1º de julio de 2003, luego de una movilización de 13.000 trabajadores públicos provinciales, generó la participación de tres juzgados: el Juzgado de Instrucción Número 9, a cargo de Carlos Carbone, que hasta el 14 de abril de 2004 había recibido 79 declaraciones en tres cuerpos; el Juzgado de Faltas número 1, a cargo de Osvaldo Alzugaray, que hasta el 24 de agosto de 2004 había recibido 19 declaraciones en un solo cuerpo; y el Juzgado Federal Número 4, a cargo de Omar Digerónimo, que hasta el 11 de marzo de 2004 había recibido 20 declaraciones en dos cuerpos.
El 20 de abril de 2004, el juez de Instrucción, Carlos Carbone, procesó por el delito de incendio culposo a los empleados de la Empresa Provincial de la Energía y afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza, Horacio Reinoso, Darío Carbone, Rubén Boco, Ángel Núñez, Julio Marcos y Carlos Recoaro.
El 4 de mayo de 2004 se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó a la Justicia Federal la competencia para investigar el incendio. De tal manera se provocaba la nulidad de la acusación contra los trabajadores de la EPE.
El 24 de agosto de 2004, el juez de Faltas, Osvaldo Alzugaray, condenó a los secretarios generales de los sindicatos de Luz y Fuerza y Municipales de Rosario, Alfredo Romero y Néstor Ferrazza, respectivamente, a pagar una multa aproximada a los 1.000 pesos por considerarlos “instigadores y partícipes necesarios” en la utilización no autorizada de pirotecnia en la marcha del 1º de julio de 2003. También condenaba a otros 10 sindicalistas que participaron de la movilización a pagar una cifra similar y a cuatro trabajadores municipales, Oscar Gorosito, Héctor Mansilla, Juan Caserio y Jorge Martínez.
El 29 de setiembre de 2004, el juez federal Omar Digerónimo procesó a los seis trabajadores de la EPE por incendio culposo, es decir que no hubo intención de causar el siniestro.
El 24 de marzo de 2005 se informó que el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Ricardo Suárez, presentará una demanda de responsabilidad civil por unos 7 millones de pesos contra los sindicatos de Luz y Fuerza y Municipales de Rosario.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
