Silvio Méndez
La decisión del gobierno uruguayo de ratificar la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos continúa desatando controversias. La medida fue ratificada tras una multitudinaria manifestación realizada en Gualeguaychú que rechazó el proyecto que implicaría nefastas consecuencias para el medio ambiente. Asimismo, se desestimó una prórroga a la espera de un análisis de impacto ambiental. En medio de la discusión, trascendió un decreto firmado por el gobernador Jorge Busti en su anterior mandato por el cual se promueve el asentamiento de estas industrias “sucias”, debilitando los argumentos entrerrianos y desnudando la mutable política ambiental. En esta línea, a pesar de las advertencias de los especialistas que aconsejan profundizar los estudios sobre el Acuífero Guaraní, se continúa autorizando nuevas perforaciones termales. En esta carrera desenfrenada, la UNER lanzará a fin de mes un postgrado en Termalismo financiado con fondos de la CAFESG.
Extraordinariamente, como ha sucedido pocas veces, una buena parte de la discusión política local trasciende hoy sobre el eje de la problemática ambiental. En parte, tal fenómeno ha sido desatado por la fuerte controversia suscitada por la decisión del gobierno de la República Oriental del Uruguay de apoyar e impulsar la instalación de dos enormes plantas de celulosa en la localidad de Fray Bentos, frente a la ciudad de Gualeguaychú. Esta decisión fue ratificada a pesar de la serie de cuestionamientos de vecinos y grupos ambientalistas que advierten sobre la gran toxicidad de los residuos que provendrán de estas fábricas. En este sentido, se ha señalado lo nocivo que serán las emanaciones gaseosas y la contaminación por el vertido de los desechos a las aguas del río Uruguay. A las importantes secuelas para la salud que acarrearía este tipo de actividad en la región, se le sumarían graves consecuencias económicas, entre las que se cuenta la merma en las inversiones y el comercio proveniente del turismo, el perjuicio a las actividades agropecuarias y la intensificación de un modelo sostenido en el monocultivo de eucaliptos.
La flamante y “progresista” administración uruguaya ha sido insensible a todos los pedidos, y ni se inmutó por las más de 40.000 almas que el 30 de abril se congregaron en el Puente General San Martín para manifestar un rotundo rechazo a la radicación de estas fábricas. Asimismo, el gobierno charrúa desestimó la solicitud oficial entrerriana de prorrogar por 180 días la autorización de inicio de obras de la primera fábrica hasta tanto se finalicen con análisis de impacto ambiental. Esta petición había sido canalizada en el encuentro que el Presidente Néstor Kirchner tuvo con su par oriental, Tabaré Vásquez, a principios de este mes.
Esa reunión fue muy promocionada en los términos que el primer mandatario argentino apoyaba con su gestión la decisión del gobierno provincial. Pero en este mismo cónclave, la propuesta de no innovar fue desestimada de plano por los funcionarios uruguayos. Es más, según algunas fuentes que conocen mayores detalles de lo discutido, el propio Tabaré Vázquez le habría reprochado al gobernador Busti sobre lo contradictorio de su reclamo a partir de conocer de una medida que tomara en su primera gestión y que trascendió esta semana por medios uruguayos. Se trata del Decreto Número 2.254 firmado por Busti en junio de 1990 por el cual se promueve una serie de actividades industriales entre las que se encuentra la celulósica papelera.
De acuerdo a lo consignado en una nota publicada en El Diario de Paraná en su edición del 20 de marzo de este año, la idea de alentar la actividad foresto-industrial habría sido un viejo anhelo perseguido en la antigua gestión de Busti, y que estuvo a punto de concretarse de la mano de una alianza empresaria entre los grupos Arcor, Nobleza Picardo y el Citibank. De acuerdo a esta misma información, a fines de la década de los ‘80 el proyecto de instalación de una celulosa llegó hasta la etapa de concretar el estudio de prefactibilidad, que aconsejo el asentamiento en el límite con la provincia de Corrientes. Asimismo, el informe periodístico hace referencia a una fuente del sector maderero que recordó que el plan cayó tras la muerte de uno de los empresarios y principales impulsores del grupo Arcor. A este traspié se le sumó la debacle económica que en esos tiempos terminó con la salida del poder de Raúl Alfonsín.
El ardid de las autoridades y algunos medios uruguayos al tratar de desacreditar los argumentos entrerrianos desnuda los vaivenes y la inestable convicción con que se toman algunas decisiones políticas, pero en ningún modo deja de justificar la tendenciosa posición tomada. En muy poco tiempo, el gobierno de Tabaré Vásquez dio por tierra con las esperanzas de cambio a las políticas neoconservadoras que muchos depositaron en él, a uno y otro lado del río. La decisión uruguaya de ratificar este rumbo se ve reflejada en el amparo de estos grandes grupos económicos transnacionales que se beneficiarán a costa de la destrucción del patrimonio natural que comparten argentinos y orientales, así como también en la conservación de un estatus de paraíso fiscal de políticos, empresarios y estrellas de la televisión vernácula.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
