D. E.
El Tribunal de Cuentas de la provincia finalizó la investigación por la operación de compra del avión Fokker, realizada por el ex gobernador Sergio Montiel, en el año 2000, para reactivar la empresa LAER y determinó que hubo un sobreprecio de 1,5 millones de pesos-dólares, al abonarse 2,5 millones de pesos-dólares por la aeronave, a partir de los diferentes informes técnicos requeridos, a los que accedió ANALISIS. El organismo de control enviará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Estado el informe pertinente, a fin de que inicien las acciones civiles que correspondan contra el ex mandatario, para lograr la devolución del dinero, previa acción de la justicia, y también se radicaría una denuncia penal. El hecho podría alcanzar además a los miembros de la conducción de Líneas Aéreas de Entre Ríos en esos días.
La historia de la compra del Fokker para Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), en el primer año de gestión de Sergio Montiel (UCR), sigue generando polvareda. Después de varios años de investigación, el Tribunal de Cuentas comprobó también que existió un sobreprecio a la hora de la operación, comandada casi pura y exclusivamente por el ex mandatario. La empresa LAER había sido recibida en diciembre del ‘99 -o sea, final del segundo mandato de Jorge Busti (PJ)- con una deuda de 8 millones de dólares y un déficit mensual de 270.000 pesos. Pero Montiel estaba dispuesto a apostar a la firma estatal contra viento y marea.
El Tango 03 era un avión Fokker de 65 plazas, comprado por el Estado nacional en 1977, en buen estado, con el 20 por ciento de las horas de vuelo esperables para este tipo de máquinas, según se dijo en esos días de mediados de 2000. El 5 de junio el gobierno provincial decidió formalmente comprar el Fokker F-28 a la Presidencia de la Nación. Montiel en persona acordó con el secretario privado del Presidente, Fernando de la Rúa, un monto de 2,5 millones de dólares. No hubo un planteo desde la Nación, sino que directamente Montiel hizo la oferta, como gran conocedor del negocio aeronáutico. El hermano del primer mandatario nacional, Jorge de la Rúa, entonces secretario General de la Presidencia, fue quien comunicó la aceptación de la venta del avión que alguna vez Carlos Menem donó al gobierno de Bolivia, pero la máquina nunca llegó a los vecinos. La forma de pago con el gobierno entrerriano se convino del modo siguiente: 1.250.000 dólares a la entrega de la aeronave (el 15 de agosto) y un mismo monto cuando se otorgó la totalidad de la documentación, que representaba la transferencia definitiva del dominio de la máquina. “La compra del avión -hecha sobre la base de 2,5 millones de dólares- nos va a costar menos que la mitad del costo del avión verdadero, y además tenemos el propósito de pagarlo a plazo con trabajo, no con dinero en efectivo, aunque inicialmente tengamos que aportar algo del tesoro de la provincia”, dijo Montiel en esos días.
Según el expediente de la operación, los fundamentos para la adquisición de la aeronave fueron expuestos por los interventores montielistas, Héctor Brutti y Horacio Navarret. “Con la incorporación de la mencionada aeronave se debe disminuir considerablemente el déficit mensual de la empresa, en atención al hecho de que, por tratarse de una máquina propia, no se erogarán alquileres”, señalaban, vaticinando un futuro de buenos augurios que nunca se pudieron ver. Los interventores -en su explicación- indicaron además que el avión estaba en “excelentes condiciones”, con 13.000 horas de vuelo -lo que constituía el 10 por ciento de las horas previstas- y que después de la revisión técnica necesaria iba a quedar habilitada “para la realización de vuelos durante los próximos años, sin adicionar monto alguno”. Se determinó que la fuente de financiamiento de la operación serían los fondos del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y la negociación se hizo en forma directa. La provincia canceló la compra del 100 por ciento del precio en un plazo de 60 días, efectuando para ese fin adelantos de Tesorería al Finver, que no contaba con los fondos a esa fecha de la operación y que estaba autorizado a concretar operaciones de crédito público. Tales operaciones se realizaron en el Ejercicio siguiente, de acuerdo a las constancias. Nunca pasaron por el Contador General de la provincia, Diego Valiero, ahora ministro de Economía de Jorge Busti.
El dictamen pericial -a requerimiento del Tribunal de Cuentas, para determinar el verdadero monto de la aeronave- fue realizado por el ingeniero aeronáutico Arturo Manuel Cassano, con la colaboración del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rubén Miguel Cafaro. Los especialistas indicaron que “hubo sobreprecio” e hicieron especial hincapié en el estado del avión al momento de su compra, lo que al momento de las negociaciones puede hacer subir o bajar el precio de la máquina. Resaltaron que el Fokker F-28 estuvo fuera de servicio durante “un año y medio” y que no es “importante” que haya tenido un total de 13.000 horas de vuelo “sino que esté al día con las inspecciones programadas y los SB (boletines de servicio) cumplidos, cuestión que no ocurrió y nadie lo hizo notar; es decir, se compró un F-28 fuera de servicio”. Y acotaron: “Cualquier avión vencido en algún tipo de intervención mayor o recorrida general, conlleva una reducción considerable en su precio de venta, asunto que se ignoró completamente. (…) Es inaceptable que no se haya verificado ni informado que el F-28 estaba fuera de servicio, con boletines sin cumplir, que estaba sin volar hacía varios meses (desde marzo de 1999), que tenía configuración VIP (ejecutiva) y no de pasajeros”, por lo cual hubo que colocarle los 65 asientos. Tal informe llevó a la conclusión de la abogada del Tribunal de Cuentas, Laura Sucksdorf, de que “en el mercado, en la misma época, se podía adquirir un avión igual (o muy similar) por un precio promedio de un millón de dólares (época de paridad cambiaria), pero en servicio”.
(más información en ANALISIS edición gráfica de esta semana)
