Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANALISIS)
Sin planes de capacitación masiva de los docentes, sin revisión de los contenidos de la educación, sin cumplimiento estricto de los concursos, sin dinero para el traslado, sin proyectos de recuperación para la escuela de miles de jóvenes y adultos expulsados del sistema; y con salarios desalentadores y en negro para activos y jubilados, la educación está pasando otro año con más penas que gloria en la devaluada Entre Ríos. Algunas diferencias se encaminan a la Justicia. Y el gobierno se conforma con amortiguar explosiones y licuar títulos de diarios. El que más trabaja pierde plata. Así, el futuro está cantado.
Hasta hoy podría pensarse que el mayor de los disparates made in PJ Entre Ríos consistía en entregar todas las carpetas que investigaban y denunciaban a la corrupción estructural en la provincia a la abogada del principal sospechado. Demasiado para un manual de manías del Viejo Vizcacha que muchas instituciones telúricas toman como si fueran consejos de Martín Fierro.
Sin embargo, apenas uno ingresa al sistema educativo que rige en la provincia encontrará tantas incongruencias, tanta burrada, dicho en términos populares, que el Consejo General de Educación (CGE) compite bien con la oficina pro impunidad, en materia de desvaríos.
Algunas aberraciones han sido naturalizadas: el gobierno exige a las empresas privadas, incluso a aquellas pymes y microempresas del comercio, la industria o el campo, que regularicen a sus obreros, es decir, que blanqueen. Pero el gobierno paga salarios en negro a los maestros y profesores. Perjudica a los activos y también a los jubilados, a su obra social que les debe brindar salud, y a la Caja de Jubilaciones.
El gobierno exige a las empresas privadas que aseguren a sus trabajadores. Los docentes son trabajadores. Pero el gobierno no los asegura. A tal punto que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) debió absorber 2 millones de pesos por accidentes de trabajo el año pasado, una inversión que le correspondía al Estado.
Es más: el propio Estado exige a las escuelas públicas de gestión privada el seguro de trabajo, pero no lo brinda a los trabajadores de las escuelas estatales (desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -AGMER- piden un seguro no vinculado a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, que consideran parte de los negociados de los años ‘90).
Respecto del IOSPER, el gobierno intenta aumentar los mínimos aportados por los trabajadores, y desde el gremio proponen otra solución: que el Estado blanquee los sueldos. De esa manera mejorarán los ingresos en el porcentaje que corresponde a la obra social. Y junto a ello le reclaman al gobierno que devuelva el dos por ciento patronal de los jubilados, que sacó este mismo gobierno en una gestión anterior.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
