Jorge Riani
Al temor que sobrevuela de que los cambios dispuestos en el área de Acción Social no alcancen a poner fin a un sistema cuestionado, lo llaman -en la jerga íntima de los operadores de Estado- “el miedo a que se produzca la ascuización”. Es que al discurso inicial de promesas de cambio del profesor Felipe Ascúa, al ponerse al frente del Consejo General de Educación no le sucedió otra cosa que la profundización de los vicios administrativos en esa área. Mientras algunos hablan de que se ha convertido en una “agencia de empleos”, otros dieron precisiones sobre la multiplicación de contratos y la dudosa compra de planes enlatados de capacitación docente. En tanto, en el edificio de Córdoba y Laprida no abandonan la política del mutismo ante la sucesión de cuestionamientos de índole administrativa.
“Una agencia de empleos” es la gráfica definición con la que se refirieron al Consejo General de Educación (CGE) quienes han seguido de cerca los movimientos de personal registrados en los últimos tiempos en esa área.
Además de la paralización de proyectos educativos -como la Ley de Educación Sexual, volteada por la acción directa de los sectores reaccionarios de la Iglesia Católica-, el CGE tiene como prenda para exhibir los escandaletes administrativos que se hicieron públicos a lo largo de este primer semestre del actual ciclo lectivo.
Aunque no siempre fue necesario inventar motivos para justificar la decisión política de buscar nombres afines a la figura del ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Sergio Urribarri, para ocupar cargos de relevancia en el CGE, en algunas ocasiones se hicieron circular los supuestos motivos para dar lugar a los despidos de funcionarios en el mes de abril. Entre esos motivos, se escucharon las críticas a la contratación de personal para manejar los recursos provenientes del gobierno nacional.
Sin embargo, tras la cirugía mayor al personal y la segunda línea del funcionariado, no le fue posible al gobierno entrerriano sacar al CGE del foco de los cuestionamientos tomando en cuenta algunos llamativos resultados administrativos.
Hoy se conoce que durante los tres primeros meses del año, en la Dirección de Planeamiento (y planes y programas) del CGE se operó con personal de planta; cinco afectados y siete contratos con un gasto total de 5.200 pesos para operar montos de 1,5 millones de pesos conseguidos de la Nación para 2005. En abril y mayo, los afectados son 15 y se pagaron más de 70 contratos, por no menos de 45.000 pesos, para operar montos que, en el mejor de los casos, llegarán a un millón de pesos.
“¿Sabe de todos estos movimientos de dinero el gobernador?”, se preguntaba un entrevistado para concluir luego que “en cuestión de meses se dio vuelta todo un sistema destinado a que los fondos conseguidos se volcaran a los docentes y los alumnos de la provincia y no a generar una oficina de empleo para la campaña, que es lo que ocurre hoy en día en el Consejo”. De paso, la fuente consultada dejó picando un par de interrogantes más: “¿No es un contrasentido con la pretendida austeridad? ¿Quiénes son los contratados?”.
Los movimientos en la Dirección de Planeamiento del CGE se dieron a partir de la llegada de Marina Virué y Daniel González Rebolledo, promovidos por la ex vocal Lucila Haidar y el ministro Urribarri.
Un ejemplo que se sacó a la luz en los diálogos que este semanario mantuvo con personas que conocen de adentro los movimientos en el CGE está relacionado con las políticas de capacitación. En ese sentido se cuestionó duramente la negociación que la provincia está haciendo con el CEM, una fundación de la pedagoga Graciela Frigerio. “Este jueves y viernes terminarán de negociar la compra enlatada de un programa de capacitación para aplicar los fondos conseguidos de la Nación, que van a ser de 800.000 a un millón de pesos, es decir menos de lo que se había conseguido, que era de 1,5 millones”.
Desde adentro del CGE hay quienes no ven en esta operación un buen negocio para la provincia, e incluso no dudan en que por el modo en que se dio la negociación, a esta altura es casi imposible decidir frenar la compra del plan enlatado. Porque hace un mes, en Córdoba se realizó un encuentro sobre capacitación y el CEM pagó la estadía de 40 de los 100 enviados de la provincia de Entre Ríos.
Aseguran algunos testimonios que cuando en el CGE se dio de baja a personal técnico casi en forma masiva, la Nación frenó durante dos semanas el envío de fondos. “Buscaban tener más certezas sobre la previsibilidad de cuestiones vinculadas con el planeamiento, y al final se retomó el vínculo entre el Estado Nacional y la provincia por una cuestión estrictamente institucional; no obstante, desde la Nación siempre se habló del caso del Consejo General de Educación de Entre Ríos”, le dijo una fuente a ANALISIS. De hecho, la Nación tomó a algunos de los despedidos, y un caso sobresaliente en este sentido es el del profesor Andrés Casaretto, quien fue despedido como responsable de Planeamiento en el CGE y hoy realiza esa tarea como funcionario nacional con campo de acción sobre cinco provincias: Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Casaretto fue convocado al día siguiente de su desvinculación del CGE por el propio ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
