Sandra Míguez
Luego de la partida de la ex ministra de Salud, Graciela López de Degani, algunos funcionarios que la acompañaban presentaron su dimisión y tras ello se produjo el recambio. A un mes y medio de la asunción al cargo en esta función, ANALISIS habló con la directora de Maternidad e Infancia, Sonia Velázquez, que sostuvo que encontró desidia entre quienes llevaban adelante el área, fundamentalmente a la hora de recabar información vital para la ejecución de políticas. Del mismo modo, no duda en reconocer que la falta de estadísticas tiene que ver además con una retirada del Estado en la ejecución de las políticas públicas. Con respecto al debate en torno a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, aseguró que la Dirección podría haber aportado muchos elementos para debatir las modificaciones. “Lo lógico hubiera sido consultarnos”, dijo, aunque los senadores oficialistas omitieron realizar esta consulta al área que tiene bajo su órbita la ejecución de los programas en la materia.
En pleno cruce de opiniones en torno a las modificaciones que la Cámara de Senadores propuso para la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y mientras a nivel nacional se lanzaba el Programa “Hacia la igualdad de género en el sector salud”, ANALISIS entrevistó a la directora de Maternidad e Infancia, Sonia Velázquez.
Este tema en medio de la agenda pública se presenta como una tarea pendiente dentro de los ejes que se están trazando en el área, que parece estar definiendo su perfil aunque el gobierno provincial lleve ya casi dos años de gestión.
El espacio donde se produce la entrevista es suficientemente elocuente: cajas apiladas simulando una mudanza que parece no concretarse jamás en un quinto piso del edificio del Consejo General de Educación atiborrado de papeles, pero que permiten dividir los espacios entre los demás trabajadores de la Dirección y la titular del área. Por allí se cuelan trámites que requieren firma urgente, ruidos de los que entran y salen y periodistas apurados que requieren la palabra urgente ante el tema del día.
-En relación con las marchas y contramarchas en torno a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ¿cuál es la postura oficial respecto de las modificaciones propuestas en el Senado y cómo fue planteado el tema en la reunión a nivel nacional?
-La postura que llevó la provincia es la de plantear el rechazo a las modificaciones propuestas en la Ley 9.501. Ésta es una ley que confluye en tiempo y en forma una cantidad de opiniones, y de participación de distintos sectores presentes a la hora de promulgar la ley en julio de 2003. En ese momento, el autor de la ley, el senador (Daniel) Rozas Paz (ARI-La Paz), dio una apertura al debate del tema y nosotros en esa instancia participamos desde el Hospital Materno Infantil San Roque con todo un equipo interdisciplinario para dar concreción a la actual ley, donde maduraron todas las opiniones y después de una serie de intentos fallidos -como el que se dio en el año 1995 con una ley que duró tan solo un día, ya que el Poder Ejecutivo, a cargo del contador Mario Moine, terminó por vetar el proyecto del por entonces diputado Jodor, autor de esa ley-. También en ese entonces se vivieron momentos de mucho debate, de muchas posiciones encontradas.
-Lo que ha llamado la atención es que mayoritariamente los senadores del oficialismo permitieron que se sancionaran las modificaciones, aunque el proyecto de cambiar algunos artículos e incisos fue una propuesta de senadores de otros partidos políticos.
-En esto entiendo que hay dos cuestiones; por un lado, los poderes del Estado son independientes, o tendrían que ser independientes, aunque algunas realidades han dado cuenta de que esto no es así. Pero teniendo en cuenta cómo surgió el debate y los esbozos de modificar la actual ley, los tres legisladores que presentaron la propuesta fueron los senadores Graciela Zambón (UCR-Federación), Mariano López (PJ-Colón), y (Julio) Majul (Nuevo Espacio-Gualeguaychú). A posteriori podemos inferir que hubo un espíritu de cuerpo para aprobar las modificaciones por lo que la mayoría del Senado del justicialismo votó al respecto. No obstante nosotros, que somos el Ejecutivo, no fuimos consultados a los efectos de participar. Y quiero ser muy respetuosa de los poderes, pero particularmente en este caso cuando incumbe al programa de salud sexual y reproductiva que se está llevando a cabo desde la Secretaría de Salud, bajo la órbita de esta Dirección de Maternidad e Infancia. Me parece que lo lógico hubiera sido consultarnos, o pasarlo a comisión y poder intervenir o aparecer con lo que pueda ser alguna asesoría, ya que nosotros tenemos muchos elementos para aportar.
-¿Qué lectura política se debe hacer con relación al hecho de que desde el 2003 a la fecha la Ley 9.501 no se haya reglamentado?
-Lo que estuve rastreando -en los 39 días que llevo de gestión- fue para ver si había algún esbozo de reglamentación. Y existe un trabajo, y existe un expediente, que hoy se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica. Mediante la solicitud hecha por la Cámara de Diputados de la provincia y por la Defensoría del Pueblo de Paraná para que en forma urgente se dé lugar a la reglamentación de la actual ley tal cual está, y basándome en eso y siguiendo el espíritu de reglamentar la ley, voy a solicitarle al secretario de Salud y al ministro para que se haga una convocatoria al respecto.
-¿El ministro de Salud y el secretario están alineados con esta idea?
-Totalmente. Hoy a la mañana estuvimos reunidos los directores con el secretario y el ministro analizando la programación de la semana y este fue un tema de agenda, por lo cual la postura de ambos es seguir planteando la oposición a las modificaciones.
-¿Cuál es la perspectiva que tendrá el tratamiento del tema en Diputados?
-El presidente de la Comisión de Salud, el diputado Adrián Fuertes, ha convocado a las representantes de las áreas del Ejecutivo, la Dirección de Maternidad e Infancia, el área Mujer de la Secretaría de la Juventud y el Programa Mujer a reunirnos para plantear nuestra postura.
-Es evidente que la política a nivel nacional ha sido contundente en referencia a la salud sexual y reproductiva. ¿Cuál fue la actitud frente a lo que ha sucedido en Entre Ríos con motivo del lanzamiento del Programa “Hacia la igualdad de género en el sector salud”?
-En esa reunión -en la que participaron referentes de cada una de las provincias, algunos ministros, el ministro de Salud de la Nación y la representante de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)- se plantearon varios temas respecto a la cuestión de género en el sector salud, tanto en lo laboral como en recursos humanos. En ese marco, en el que paradójicamente participábamos de un lanzamiento que programa la equidad de género en el sector salud, tuvimos que plantear el escenario en el cual se encontraba Entre Ríos, con lo cual inmediatamente recibimos un apoyo masivo en el rechazo a las modificaciones de la ley. Pero también en un encuentro muy breve con el ministro Ginés González García nos manifestó a las representantes de Entre Ríos el rechazo a estas modificaciones. Nosotros tenemos un trabajo normativo respecto del programa nacional, ya que es la Nación la que envía los insumos y los recursos, por lo cual lógicamente nos expresó que se había comunicado con el gobernador Jorge Busti a fin de plantearle su posición sobre este tema. De ninguna manera hay una discordancia entre el Ejecutivo nacional y el provincial, la postura se ampara en lo que en este momento estoy planteando yo: si lo que se plantea es un retroceso ante lo que serían los nuevos cambios de la sociedad actual. Abordar la sexualidad desde una perspectiva de género no está en contravención, ni en contra de las cuestiones morales de las personas, y justamente tiene que ver con las distintas actitudes, aspectos, que nos diferencian, desde el andar, el llorar, el manejarnos y relacionarnos hombres y mujeres. Cuando se habla de perspectiva de género se habla de un concepto construido socialmente, pero que tiene una base científica, no es algo inventado para la ocasión.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
