-Aceleración. La reforma constitucional era un tema que seguía sin cerrar en el horizonte electoral de octubre. La visita presidencial a Concordia despejaba el posicionamiento dominante de la lista de diputados nacionales por la versión entrerriana del Frente para la Victoria, pero quedaba sin resolver el acople correspondiente de la consulta popular y la pretendida reforma. A esta altura los pensantes del bustismo deben caer en la cuenta que hubiera sido más fácil enganchar directamente el consenso de su jefe y las expectativas de un cuarto mandato directamente a los resultados de la elección de diputados. “Le dimos demasiadas vueltas a un asunto que ahora de nuevo se presenta alcanzable” reflexionan en off. El famoso congreso radical del No, no sólo aventó las posibilidades de un gran acuerdo reformista, sino que también desacomodó al gobierno y lo metió en temerosos espasmo que tuvo como resultado final la convocatoria a la consulta popular como fórmula de apriete a la oposición. Hoy, cuando la cancha está despejada para un triunfo rotundo de la fórmula oficial, el gobierno queda atrapado con un procedimiento electoral que parece sobrar.
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-Acto y congreso. En Entre Ríos el discurso presidencial ha calado y ha sido por demás eficaz para alinear al Partido Justicialista detrás de la lista oficial. El intendente de Concordia, que era uno de los que miraba con cariñosa perspectiva la idea de pasar a ser emblema de Mauricio Macri en la provincia, en el estadio de Capuchinos juró fidelidad al Presidente y al gobernador y se bancó estoico los silbidos que de tanto en tanto le propinaba la movida bustista predispuesta a hacerle sentir quien es quien en la capital del citrus. El intendente de Gualeguay, José Jodor (PJ), otro de los que vive con mucha incomodidad el dominio territorial del eje Kirchner-Busti, se cuida mucho de manifestar su disgusto y si piensa en hacer alguna maldad el día de los comicios, se cuida mucho de no descubrir el juego. Como se dice, todo bien respecto a la marcha de la lista oficial para octubre pero sobre la consulta popular nadie demostraba interés y mucho menos entusiasmo.
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-Lo que sigue. La verdadera historia obliga a tomar en cuenta tanto los grandes acontecimientos como aquellos que se representan como subliminales. El mero desplazamiento de Graciela Degani asigna un crédito significativo tanto para el nuevo ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet como al coordinador de Políticas Sociales, Jorge Kerz. Hay un empeño y una preocupación distinta frente a los problemas sociales y la salud pública. En el funcionamiento de la dupla también existen diferencias: mientras Kerz luce a menudo con seguridad y conocimiento en el terreno que pisa, Bordet va descubriendo la tarea a medida que enfrenta problemas. En ese contexto es importante resaltar la capacidad y predisposición del ministro al diálogo. Además, Bordet muestra un plus que resulta toda una rareza en esta gestión: ha demostrado manejo político, cosa de la que adoleció por completo Degani. No sólo va metiéndose en los problemas y resolviéndolos casi con naturalidad, sino que se ha cuidado de dar juego a las referencias políticas territoriales. Por citar un solo ejemplo, los legisladores se sienten respetados por este ministro, y de paso Busti logra quitarles motivos de rezongos. Sin embargo, y aún con estos méritos -que no son pocos- se está lejos de plasmar un programa estratégico referido a estos dos grandes temas que a su vez percuten en el espacio lacerado de la sociedad entrerriana y en la propia base social del oficialismo.
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-IOSPER. En ese marco no es de extrañar que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos esté sumida en una profunda crisis. El actual interventor Ricardo Rizzo es un hombre de múltiples tareas: todas las tardes desarrolla su tarea profesional en el ámbito privado, pero también cumple funciones en el Hospital San Martín cuando debería estar conduciendo la obra social. Qué es lo que cumple con responsabilidad es difícil de establecer. Lo que sí se sabe es que con su gestión los afligidos y desprotegidos asociados a la obra social se enteran de convenios con los prestadores que generalmente terminan “tumbados” por gruesas observaciones de los organismos de control. Tras un intenso trajín, representantes gremiales pudieron dar cuenta que el convenio firmado con el Colegio Farmacéutico disminuye las prestaciones y aumenta el montó que la obra social tiene que pagar. ¿Qué medicamentos? Puede preguntarse con razón el afiliado. No es secreto para nadie que el IOSPER no cubre desde hace mucho tiempo gastos de medicamentos, excepto los “tratamientos especiales”. Sin embargo, se gasta más en este rubro que en prestaciones médicas. El último dato no resiste ningún análisis, y cualquier conocedor podrá concluir que el manejo del IOSPER se asemeja a un colador y por allí fluyen hacia destinos inconfesables gran parte de los aportes de los afiliados. El tembladeral del organismo no termina ahí pues la semana pasada pudo conocerse un proyecto del senador Héctor Strassera (PJ-Concordia), que compite fuertemente con Rizzo en cuanto a quién suma mayores incompatibilidades para hablar del IOSPER, respecto de quitar la representación de los gremios del directorio. Varios legisladores reconocieron que la “situación del IOSPER” lo ha mostrado especialmente diligente a Strassera. Lo cierto es que este encuadramiento tiene ambiente fértil en la Cámara Alta, donde abundan los médicos con fuertes ligazones a la Federación Medica de Entre Ríos (Femer). Como al gobierno se le agotan los tiempos de la intervención el legislador vio oportuno hacer conocer su proyecto. Cuando toda la teoría de la democracia moderna pone su acento en la participación popular en la gestión pública, Strassera borra a los trabajadores de la gestión de la obra social, asignándoles un papel residual como meros controladores de la gestión que sería llevada adelante por un gerente nombrado por el Ejecutivo provincial. Esto activó el cuestionamiento frontal por parte de los integrantes de la Lista Unidad -la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) y la Asociación del Poder Legislativo de Entre Ríos (APLER)- que además de venir cuestionando la intervención demandan su normalización institucional sobre la base de la convocatoria a elecciones de acuerdo a la ley vigente.
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-Cuestión nacional. La construcción de una de las plantas de celulosa más grande del mundo en el corazón del cono sur abrió un intenso debate que divide a la sociedad entre el temido impacto ambiental y los beneficios económicos. La inversión prometida se acerca a los 1.800 millones de dólares, y plantea un aumento del dos por ciento en el PBI uruguayo. La cuestión ha tensado las relaciones bilaterales sobre todo porque el gobierno nacional, acicateado el de nuestra provincia, ha planteado que la detención del proceso de construcción es “cuestión nacional”. Como se recordará, tanto el gobierno provincial, como el nacional llegaron tarde al asunto, y solo lo hicieron luego del estupor que les provocó la multitudinaria movilización realizada meses atrás por la comunidad de Gualeguaychú. Desde la Cancillería argentina se ha insistido con el pedido al Uruguay para que “discontinúe” la construcción de las papeleras “hasta conocer el resultado de los estudios de impacto ambiental”. Cabría hacer el ejercicio intelectual de pensar qué habría pasado si se hubiera concretado hace 17 años el proyecto que se comenta a continuación. “Los canadienses me decían: deténgalo, deténgalo, que no anuncie la planta porque estamos esperando los resultados finales. Busti quería plantar el ladrillo fundacional sin esperar un minuto”. Con esta anécdota recordó un prestigioso profesional concordiense el impulso que le dio el actual gobernador a la instalación de una planta de celulosa en Entre Ríos. Las fuentes consultadas no pudieron precisar la fecha pero ubicaron el acontecimiento en 1988. Un operador económico de aquella gestión le acercó un proyecto por el cual un sólido trípode empresario compuesto por el Grupo Arcor, Nobleza Picardo (British Company) y el Citibank (que había comprado Celulosa Argentina), invertiría 900 millones de dólares. El holding encargó a la consultora Simmons & Reid Collins el estudio de prefactibilidad que dio altamente positivo y aconsejó su instalación entre Puerto Yeruá y Nueva Escocia, en el departamento Concordia. Busti entendía que el proyecto era una base genuina para incentivar la economía en una zona que comenzaba a mostrar preocupantes índices de desocupación y exclusión social. Dicen que hubo reuniones en Rosario y acuerdos con el holding empresarial. Estaba todo arreglado hasta que se murió imprevistamente don Fulvio Pagani, alma mater de Arcor en Córdoba, empresa con inversiones en el sector papelero, y todo se derrumbó porque coincidió con la salida de Raúl Alfonsín del gobierno y la consabida la crisis económica que debió afrontar el país. Estas anécdotas rescatadas del polvo del olvido están emparentadas con los buenos ojos con que el sector forestal mira a la cuestionada iniciativa en Fray Bentos. En noviembre pasado, unos 350 productores, industriales y profesionales del sector forestal aplaudieron efusivamente la presentación realizada por Carlos Faroppa, general advisor para el proyecto Botnia. Otras fuentes cuestionan la liviandad de argumentos científicos y la falta de conocimientos sobre el proyecto.
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-Sobreactuaciones. También Héctor Maya metió baza en la cuestión. El candidato a diputado nacional por el menemismo sugirió accionar sobre la Bolsa Financiera de España y Finlandia. En fin, estamos rodeados. Entre la falta de estudios convincentes por parte de la Nación y la provincia, y estos aleteos electoralistas desesperados como los que plantea Maya, la región no podrá esperar, ni cuidado del medioambiente, ni desarrollo sustentable, ni industrialización. La cosa pareciera ir de la mano de los cambiantes humores sociales. No se plantea aquí desconocerlos. De lo que se trata es de ir un paso adelante, y sentar postura desde un estudio profundo y responsable de la problemática general. Como antecedente de esta forma de reacción gubernamental hay que remitirse a la sanción de la llamada ley “antirepresas”, dictada durante la segunda gestión de Busti. La posibilidad de avanzar en la construcción de la represa del Paraná Medio dio lugar en aquella oportunidad a que las entidades ambientalistas movieran el avispero. El gobierno reaccionó igual que ahora. Sin previos análisis impulso la sanción de una ley que directamente prohíbe la construcción de represas en el territorio provincial.
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