La toga amiga

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Vacantes, designaciones y concursos en el Poder Judicial de Entre Ríos

Jorge Riani

En el año 2006 quedarían tres sillones vacíos en el seno del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; dos correspondientes a vocales y uno al defensor general. El poder real de la provincia echó ya a rodar en ámbitos cerrados de la Legislatura los nombres de los postulantes más amigables que pueden encontrar: la actual fiscal de Estado, Claudia Mizawak; el presidente del bloque de diputados justicialistas, Emilio Castrillón, y el funcionario Candelario Pérez. Pero también el año que se avecina habrá otros cargos más que quedarán vacantes en la Justicia entrerriana. Actualmente se concursan 10 lugares, pero son 17 en total los pedidos formales de jubilación, a los que se le agregarán otros en meses posteriores. Entre los abogados expectantes por ocupar los lugares hay de todo: militantes, apolíticos, estudiosos, mediáticos y de perfil bajo.

“El año que viene vamos a tener que resolver el tema del PJ… Poder Judicial”, bromeó un senador en un encuentro entre pares. Sabía que es una broma con cierta dosis de cinismo que sólo se puede decir en un entorno íntimo, y no necesitó más palabras para hacer entender que hablaba de designar los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), si se consuman los alejamientos previstos.

Una integrante del STJ le dijo a ANALISIS que todo lo que se habla respecto a los reemplazantes de los vocales “lo tomamos como cualquier persona común. No participamos de ningún tipo de decisiones y nos enteramos de las cosas como cualquier otro ciudadano; por otra parte, tampoco hay nada oficial sobre los alejamientos que dicen que se darán”.

Se refería así a las jubilaciones de los vocales Juan Carlos Ardoy y Juan José Papetti, ambos de la Sala Número 2 en lo Civil y Comercial, y del defensor Héctor Morales, todos del Superior Tribunal de Justicia. Si bien no hay formalizado ningún tipo de pedido de jubilación, son muy fuertes las versiones del alejamiento de esos funcionarios judiciales, aún cuando en algunos casos ellos mismos lo hayan puesto en duda.

Lo cierto es que los senadores justicialistas están convencidos de que en 2006 van a tener que cumplir con su rol en la designación de los jueces del más alto tribunal de la provincia, con la audiencia pública incluida. Será entonces la segunda camada de vocales que esos legisladores aprueben ante las postulaciones que formule el gobernador Jorge Busti. Fueron antes Susana Medina de Rizzo y Leonor Pañeda, quienes pasaron a desempeñarse en el STJ, en medio de fuertes críticas del foro de abogados locales y de jueces de cámara por considerar que no reunían las condiciones de idoneidad en la materia en la que tenían que desempeñarse.

Si los planes del gobernador transitan sobre ruedas, ahora será el turno de otros dos nuevos vocales, y para eso las mentes oficialistas encierran los nombres de la actual fiscal de Estado y defensora personal del gobernador, Claudia Mizawak; el presidente del bloque de diputados justicialistas, Emilio Castrillón, y el funcionario de la empresa estatal Enersa Candelario Pérez, con desempeño en el área legal en las dos gestiones anteriores de gobierno.

En el caso de Mizawak, según pudo confirmar este semanario, su nombre fue echado a rodar en el seno de la Cámara Alta por el propio gobernador. “Busti se lo dijo a (Hugo) Berthet (PJ-San Salvador) y luego se generalizó entre los senadores”, dijo una fuente informada. Dentro de las tres posibilidades es, seguramente por eso mismo, la más fuerte.

“Si bien desde el oficialismo se insiste en remarcar que Claudia Mizawak es número puesto para el lugar que dejará Morales, a su vez hay quienes consignan otras dos versiones. Por un lado, que si Mizawak acepta cambiar de lugar y pasar a Tribunales, lo único que aceptaría sería el cargo de vocal Civil y Comercial en el STJ. Pero otra versión señala que Mizawak no aceptaría ofrecimiento alguno y retornaría a su moderno estudio jurídico de avenida Rivadavia, que fuera montado no hace muchos años, para seguir desarrollando la profesión”, decía una información publicada días pasados en ANALISIS DIGITAL.

En el caso de Castrillón, es él mismo quien más ha difundido la versión, al punto que se lo aseguro a sus colaboradores más cercanos, a quienes -en una muestra de optimismo extremo- los habría invitado a acompañarlo también en el cargo judicial. El diputado oriundo de La Paz tiene un desvelo por la carrera judicial, y eso se evidencia en sus exposiciones, donde no hay vez que no recuerde su condición de abogado recibido en 1982, con 21 años. Como buen político, no deja de pensar tampoco en ser intendente de La Paz, por si acaso no se diera el nombramiento en la Justicia, que -según le han escuchado no pocos allegados- le corresponde por haberse bajado de la prencadidatura a diputado nacional, cuando Busti se lo pidió, consciente de que no era la mejor carta de llegada al poder kirchnerista en el Congreso.

Respecto de la situación de Candelario Pérez, las fuentes más anoticiadas del prematuro proceso con miras a los nombramientos, consideran que “es la que más quieta se encuentra por estos momentos”.

La grilla no oficializada está sujeta aún a todo tipo de versiones. Lo seguro es que en el Senado se habla ya de que las vacantes se producirán y que el gobernador en persona ha aportado algunos de los nombres. Se trata sin dudas de figuras de indeleble identificación bustista. “Lo que pide Busti es una versión mejorada del consejo del Martín Fierro, en aquello de hacete amigo del juez. Lo que el gobernador cumple, más bien, es hacé juez a tu amigo”, ironizó un dirigente de la oposición que conoce el interés en formular los nombramientos.

Uno de los logros que puede mostrar la gestión es el Consejo de la Magistratura, aún con las críticas que mereció el sistema, por el gran margen de perfeccionamiento que le queda. Entonces, con la discrecionalidad del mandatario provincial de ubicar a los jueces del más alto tribunal, se diluye el espíritu de crear un cuerpo judicial independiente, que fue el principal argumento para la creación de la multisectorial institución, encargada del proceso de designación de cuantos cargos de magistrados se den en instancias inferiores.

“Si un fiscal algún día se pone a trabajar en aquello que es su obligación de investigar de hecho, entonces cualquier gobierno sería sujeto de investigaciones durante los últimos 25 años. Hay, incluso, jurisprudencia bien guardadita que habla de ese largo plazo de imprescriptibilidad de las causas de corrupción administrativa”, dijo un conocedor de las intenciones eclipsadas de los actos de gobierno, que dialogó con ANALISIS.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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