Algunos hablan de varios millones de pesos. No falta la alusión a que las judicializadas pretensiones de cobrar mayores aportes pueden convertirse en un boomerang con consecuencias graves para las finanzas. Se refieren así a la situación que aqueja al Colegio de Escribanos de Entre Ríos y la Caja Notarial. A eso se le suma el cuestionamiento de jubilados y pensionados que, habiendo aportado cifras astronómicas durante su actividad profesional, reciben mensualidades diezmadas por los efectos de una resolución que abarca sólo a algunos, mientras que otros gozan de sueldos privilegiados. Los reproches se han convertido en causas judiciales en las que están en juego cifras importantes. Un grupo de escribanos que dialogó con ANALISIS cuestionó el modo en que la entidad que los nuclea decide las políticas gremial, previsional y de regulación. Según dijeron, las resoluciones importantes son adoptadas por una minoría que acude a las asambleas ordinarias con el poder de otros escribanos, y suman así los votos de personas ausentes en las discusiones. “Por defecto o por exceso, el Colegio está expuesto a un carísimo costo patrimonial, y los platos rotos de las malas acciones de la conducción las pagaremos los 380 escribanos de Entre Ríos”, dijo uno de los entrevistados en esta nota, que sirve de marco para presentar algunos casos puntuales de reclamos.

J.R.

Nubarrones negros que avanzan. Eso muestra el pronóstico para el Colegio de Escribanos de Entre Ríos (CEER), sobre el que sobrevuela toda amenaza de sentencia adversa que implica cualquier juicio. Ocurre que no son pocos, y se les sumarían aún más los pleitos que la entidad de los notarios enfrentaría como resultado de decisiones –para muchos de sus afiliados– desacertadas.

En Entre Ríos hay 380 escribanos, y de esa cifra 140 son de Paraná. Cada uno de ellos se rige por las normas que fija el Colegio para sí misma y para la Caja Notarial. Pero esa cifra envuelve un universo de profesionales jubilados que han quedado a expensas de la decisión de una minoría. Ese estado de descontento reinante constituye una grieta por la que se filtran las críticas severas de no pocos notarios hacia la entidad que los nuclea.

“Generan leyes para veinte profesionales. El Colegio está manejado por menos del 15 por ciento del padrón real. Porque por asamblea van no más de 60 escribanos reales, que llevan dos poderes cada uno, lo que suma 120 personas, que es lo que se hace valer al momento de votar. Así, la entidad se rige por asambleas de ausentes”, observó un profesional que dialogó con ANALISIS.

Cuando se aproxima la posibilidad de preguntar cuál es la consecuencia real de ese estado de cosas, los notarios entrevistados mencionan, con la velocidad de los asuntos bien conocidos, el gran volumen de reclamos en juicios que pende sobre la cabeza de la entidad de calle Urquiza 1.100 de Paraná.

“Por defecto o por exceso, el Colegio está expuesto a un carísimo costo patrimonial, y los platos rotos de las malas acciones de la conducción la pagaremos los 380 escribanos de Entre Ríos”, observó un profesional que dialogó con este semanario. Se refirió de ese modo a que hay juicios justos iniciados por afiliados o pensionados y otros que –la Justicia dirá si tienen razón o no– surgen a partir de desprolijidades procesales y administrativas.

Entre los primeros, los entrevistados situaron lo que ya en la jerga íntima de los escribanos se denomina “el caso Frioni”. Entre los segundos, el caso de la escribana Hilda Beatriz Schimpf de Folmer. Las situaciones son muy distintas, tanto como distinta es la imagen y reputación del desaparecido escribano Francisco Frioni con la discutible imagen de la notaria que aún sigue ejerciendo. En todo caso, la situación en común es que ambos apellidos están ligados a causas contra la entidad por montos globales que alcanzarían cifras millonarias.

Un vía crucis de derrotas

Cuando esta nota estaba sobre los minutos del cierre, circulaba con insistencia la idea de que la escribana Folmer habría conseguido una sentencia favorable en la máxima Corte de Justicia de la Nación. De hecho, la profesional en los últimos días estuvo, precisamente, en la Capital Federal, al igual que su abogado, según pudo saber ANALISIS.

Los escribanos consultados coincidieron en que el sistema de cobro de aportes que hace la Caja Notarial es reprochable. “Si consulta entre los profesionales habrá muchos que hablan de la ilegalidad del sistema, porque la entidad no debería cobrar un aporte que sale de una alícuota del negocio”, reprochó un entrevistado. Para ser más claro, un colega observó que “mientras todos los sistemas de aportes salen de la ganancia, el nuestro es el único que fija montos. Por ejemplo, para la compra venta es de 0,77 por ciento del valor, y la hipoteca del 0,44”.

(más información en ANALISIS -edición gráfica- de la semana)