Luis María Serroels

Si la esforzada lucha que vienen emprendiendo los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, fuera asumida por nuestras autoridades -tal lo anunciado- como una referencia concreta para ampliar su compromiso ambiental haciéndolo extensivo a todo el territorio nacional, lo realizado en Entre Ríos se reforzaría como una actitud pionera en la defensa de los derechos humanos. Si, por el contrario, la presencia presidencial en el acto del 5 de mayo sólo se agotara en el problema de las pasteras uruguayas, no quedaría más remedio que considerar este hecho como un mero gesto de oportunismo político.

No faltarán quienes argumenten que de ahora en más habrá que darle crédito y oportunidad al gobierno nacional, a la hora de ir enfrentando las situaciones que se produzcan y en las que deberá ser coherente con el pensamiento expuesto en la ciudad entrerriana ante miles de asistentes directos y millones de televidentes.

Pero si toda su justificación ante acusaciones provenientes de la otra orilla, es que las pasteras argentinas contaminan menos que las futuras plantas del Uruguay, se contradicen las ideas expuestas por Néstor Kirchner y el espíritu y la letra del documento suscripto por los gobernadores. Es como afirmar que una mujer de aquí está menos embarazada que otra de allá. Resulta sorprendente que muchos que firmaron el acuerdo, no saben cómo responder en sus respectivas provincias a graves cargos por no preservar el medio ambiente.

Si bien denunciar contaminación en un río internacional compartido es una muy buena razón para plantear un diferendo, no puede perderse de vista que saber limpiar la propia casa resulta una fuente muy sólida para afirmar la seriedad de las impugnaciones. ¿Mirarán hacia adentro de sus provincias los firmantes de este solemne compromiso? ¿Qué diferencia hay en ensuciar ríos compartidos por dos países y hacerlo en cursos hídricos compartidos por dos provincias hermanas? ¿En llenar de sustancias nocivas el cielo que cubre Gualeguaychú y Fray Bentos y volcar lluvia ácida en su suelo -que por procesos orgánicos llegarán al organismo humano- y hacerlo dentro de nuestro propio país? Que no venga nadie a esgrimir contratos pre-existentes o supuestos derechos adquiridos para seguir atentando contra la salud.

Si el Poder Ejecutivo Nacional y sus legisladores adictos en ambas cámaras del Congreso, creen suficiente la concurrencia al acto del pasado viernes, sólo estaremos frente a una actitud coyuntural. Pero si la fuerza de la protesta y la condena se comienza a volcar hacia el interior como una auténtica cuestión de Estado -cuya pereza pareciera haber necesitado de la movida de Gualeguaychú como disparador-, habremos iniciado un camino reparador, implantando seguramente un concepto de política ambiental sin fisuras ni hipocresías. Cuando hablamos de la paja en el ojo ajeno, es porque podemos aportar algunos elementos útiles para tomar como prueba de la falta de un verdadero programa de protección con sentido federalista. ¿Hacía falta Gualeguaychú para que el gobierno evalúe la viga en el ojo propio?

Concediéndole fuerza de ley no escrita a la palabra dada por el primer mandatario en el mensaje que leyó días pasados, quedamos a la espera de que con toda prontitud y aferrado a bases jurídicas -que las hay- inicie el operativo de limpieza.

Por ejemplo, en territorio misionero funcionan plantas pasteras que provocan una gran contaminación, utilizando tecnología similar a la que emplearán la impugnadas empresas de Uruguay. Cerca de 40.000 personas sufren graves consecuencias y todo intento por denunciarlo recibe amenazas. Pero asimismo existen industrias de este tipo en Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Tucumán (donde hay empresarios procesados penalmente) y Jujuy.

El escritor y periodista Mempo Giardinelli acaba de trazar un cuadro desolador en torno del daño ambiental que padece la Argentina y que no es nuevo. De allí nuestra referencia al fenómeno del sur entrerriano como llave para abrir cerraduras que han permanecido muy herméticas a la hora de accionar contra toda forma de contaminación.

Cita, entre los numerosos agentes perniciosos fronteras adentro, las minas andinas de Pascua Lama, Veladero y Barrick Gold, que comprometen la provisión de agua en la región y que han creado una suerte de “tercer país” libre de controles y aduanas entre Chile y Argentina; la adquisición de grandes extensiones de tierras secas en torno de los Esteros del Iberá, hecha por el magnate yanqui Douglas Tompkins, cercando un patrimonio invalorable en materia de recursos acuíferos; los montes nativos que estarían siendo vendidos por funcionarios del gobierno, según consignan los diarios de Chubut, aludiendo a la entrega de tierras fiscales a empresas extranjeras por intermedio de testaferros y quedando rozado nada menos que un alto funcionario provincial; en Misiones denuncian que la deforestación salvaje supera todos los récords anuales, habiendo desaparecido 179.000 hectáreas en los últimos 15 años producto de talas ilegales; Vida Silvestre viene señalando el alarmante incremento de los desmontes y en Chaco se reveló que se están vendiendo grandes superficies de tierras de El Impenetrable a empleados del Instituto de Colonización, al precio vil de 18 pesos por hectárea.

El documento de Giardinelli demanda que se den a conocer los nombres de los beneficiados con semejante ganga, definiendo como calamitoso el estado ambiental de nuestro país.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)