Jorge Riani
Cuando el ahora condenado intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, habló ante los jueces de que “otros compraron canales de televisión con fondos reservados”, el oficialismo entendió que estaba en un aprieto. Las palabras de un ex vicegobernador dolido amenazaron con desatar una tormenta de escándalo, y eso obligó a encarar un intenso operativo de negociaciones entre hombres de la primera fila del gobierno provincial y el cuestionado presidente comunal para asegurar su silencio. El intendente condenado por enriquecimiento ilícito se aseguró la promesa de extender casi indefinidamente la situación judicial para garantizar su permanencia en el poder. La ruta de las llamadas cruzadas para arreglar el asunto enreda a funcionarios de la Justicia con hombres del poder político, según pudo determinar ANALISIS. El estiramiento de los plazos para las apelaciones y quejas, la simple condena de prisión en suspenso y la posibilidad de que un retoque en el Superior Tribunal de Justicia garantiza el cumplimiento de un pacto entre poderosos.
Ni el pedido del fiscal reclamando prisión efectiva, ni la mismísima condena generaron tanta ira en Domingo Daniel Rossi como aquello que más lo tomó por sorpresa. El lunes último, el intendente de Santa Elena escuchó que era culpable del delito de enriquecimiento ilícito y se levantó del banquillo del acusado como si el juicio recién comenzara. Se acercó a los periodistas que cubrieron el caso en la sala penal, y se paró frente al cronista del semanario ANALISIS, como esperando las preguntas. No parecía el mismo ese hombre condenado por la Justicia con aquel que tres días antes había girado la perilla de un ventilador que, más que vientos, generó turbulencias pocas veces padecidas por el bustismo. El jueves último, tras los alegatos, el intendente de Santa Elena y ex vicegobernador hizo uso de su derecho constitucional de cerrar el proceso con un mensaje. Y ese mensaje tuvo como destinatario al gobernador Jorge Busti.
Los alegatos apenas habían terminado de pronunciarse. Los querellantes de la Oficina Anticorrupción pidieron tres años de prisión condicional, seis años de veda para acceder a cargos públicos y el pago de una multa. Rossi esperó paciente para romper el silencio y nada hacía prever que su rostro casi inmutable escondía un rencor que estallaría ruidoso.
Cuando llegó el turno del fiscal José María Chémez, el pedido no deparó tantas sorpresas. Advertido Rossi por su mala fortuna en un pretendido acercamiento con el acusador algunos días antes, era previsible que éste se despache como lo hizo. El fiscal pidió cuatro años de prisión, lo que hubiese significado que el hombre fuerte de Santa Elena tenga que pasar algún tiempo tras las rejas. Ni siquiera eso desencajó tanto al ex vicegobernador como cuando escuchó que los funcionarios de la Oficina Anticorrupción pedían una pena, por poco que fuera.
“¿Pero quién los manda a pedir esta condena? ¿Tienen miedo de que mañana haya un titular o la tapa de una revista que diga que Busti dio instrucciones de no investigar?”, con esa frase lanzada ante el Tribunal, Rossi comenzaba la embestida que a esa altura de los acontecimientos nadie sabía hasta dónde llegaría. “Siempre sospechaba, pero nunca lo dije. ¿Quién le dio la orden (a la querella)?, ¿el gobernador de la provincia?, ¿la Fiscalía de Estado?”, seguía recriminando antes de dar el golpazo final: “Algunos compraron canales de televisión; yo no compré nada”.
La frase desparramó una tormenta en las entrañas del poder bustista. A partir de ahí, todo sería negociaciones, llamadas cruzadas, promesas, advertencias, envasadas en larguísimos diálogos con que los emisarios de Busti buscaron frenar lo que se advertía como un escándalo mayúsculo.
Ese fin de semana tan hablado
Rossi llegó a Paraná en la tarde del domingo previo al día de la sentencia. Ubicó su equipaje en la habitación del Gran Hotel Paraná y sin mayores demoras atravesó la plaza para ir hacia la céntrica casa de su abogado, Julio Federik.
Ya en su habitación del hotel se acumulaban los mensajes, porque en el celular casi no atendió a nadie. Lo mantuvo apagado durante casi todas las jornadas que duró el juicio. Las negociaciones ya venían siendo llevadas a cabo por dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo. El objeto: que Rossi no hable más de la cuenta y que asuma el fallo que se le venía, a cambio de arreglar en alguna instancia su situación o bien que se estiren los plazos por años hasta que quede firme la sentencia.
Los operadores del gobierno atendieron personalmente el asunto, y uno de ellos contactó a un integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ). De ese diálogo habría surgido el temprano anticipo de la sentencia condenatoria. Vale recordarlo: era domingo. Con ese dato intentaron convencer a Rossi de que mejor era dejar todo como estaba y no empeorar la situación.
“Gardelito me quiere cagar y no hizo nada para salvarme, cuando lo puede hacer”, reprochó el intendente de Santa Elena a los operadores, utilizando el apelativo íntimo con que nombra desde siempre al gobernador Jorge Busti. La frase se la devolvió a uno de los enviados del propio mandatario. Ya habían pasado 72 horas desde el momento en que el intendente cuestionado había lanzado aquello de que algunos compraron canales de televisión con fondos reservados. El nerviosismo ahogaba el aire de la Casa Gris.
Las horas se sucedían y Rossi seguía encerrado en sus advertencias y su decisión firme de reforzar la embestida contra Busti. Ni siquiera lo tranquilizaba el dato que la alta fuente del gobierno le daba directamente: que la condena iba a ser condicional y que las demandas demorarían de tal forma que iba a completar su mandato en la Municipalidad de Santa Elena sin problemas.
Los hombres del Poder Ejecutivo se fueron a sus casas a esperar el lunes de la sentencia, convencidos de que el Operativo Silencio era todo un fracaso. Sin embargo, ese mismo lunes Rossi recibió otro llamado desde la primera fila del gobierno que logró tranquilizarlo y convencerlo de que no siga comprometiéndose en instancias superiores de la Justicia: lo mejor era frenar allí las denuncias. La tapa de la olla apenas se había salido de su lugar y, de pronto, todo volvía a estar tapado.
Rossi había intentado, semanas antes, una negociación que no resultó como él esperaba. El domingo previo al inicio del juicio oral y público fue a la Casa de Gobierno para entrevistarse con un alto integrante del Poder Ejecutivo con el que estuvo dialogando por casi tres horas. “Mirá que si no me arreglan las cosas yo cuento que el primero que me acompañó a abrir una cuenta en Paysandú fue un alto funcionario judicial, y se pudre todo”, amenazó -palabras más, palabras menos- el intendente a su interlocutor. En verdad tiró un nombre concreto. Sin embargo, el intendente acusado de enriquecimiento ilícito renunció a ese apriete en el momento mismo en que declaró en el juicio que abrió la primera cuenta bancaria en el año 1984, cuando el funcionario aludido casi no tenía militancia política activa. Seguramente ni se conocían en esos tempranos años de la democracia, en los que el joven Domingo Daniel llegó por primera vez a la Comuna de Santa Elena. Pero la frase existió y provocó un tembladeral en su interlocutor del gobierno provincial.
La respuesta del hombre del Poder Ejecutivo intentó mostrar tranquilidad: “Vos hacé lo que quieras; no tengo dudas de que (el hombre aludido) seguramente tiene todo registrado legalmente, como corresponde y no como en tu caso, que negaste esto por nueve años”. Las palabras de aparente seguridad contrastaban con el real nerviosismo que generaba el despecho de uno de los actores principales de la política entrerriana durante las dos últimas décadas.
De hecho, en la primera fila del gobierno preocupaba el acto que Rossi pensaba realizar en pleno centro cívico -una vez terminado el juicio- con altoparlantes montados a una utilitaria Fiat Fiorino que había sido traída desde Santa Elena.
La evolución del enojo comenzó a partir del momento en que el cuestionado intendente creyó entender que las explicaciones que les dio a los hombres del gobierno y el “no te preocupes” que le devolvían sus interlocutores, significaban que estaba todo cerrado para la absolución. El acusado y su defensor fueron armándose de la idea de que vendría una condena con el correr del proceso; por eso mismo hablaron de que la defensa se daba en un marco hostil.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
