Amnesia maliciosa y memoria correctiva

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Reflexiones de cierre

Luis María Serroels

Las expresiones y exposición mediática de Sergio Alberto Montiel registradas en los últimos días, con visibles propósitos justificatorios de su acción de gobierno, sugieren algunas útiles aclaraciones. Apenas un año había transcurrido desde el inicio del tercer mandato de Jorge Busti, cuando dos ex ministros radicales (de Economía y de Gobierno, Justicia y Educación) salieron públicamente a reivindicar la gestión montielista.

El primero, manifestando que el actual gobernante justicialista disfrutaba de los logros de quien lo antecediera. El otro, reclamando como imperativo ciudadano y como reparación moral del ex mandatario el reconocimiento de sus bondades y aciertos.

Pero, además, demandaba para el Partido Radical asumir esa defensa “como una cuestión estratégica sin cuyo abordamiento no podrá volver a constituirse en opción de poder”. Quedó demostrado que la pobre performance de esa administración, algunos de cuyos aspectos hemos de revisar en esta nota, fue causa principal de las últimas hecatombes electorales que dejaron muy maltrecho y en cuidados intensivos al centenario partido.

Precisamente en las sucesivas derrotas mucho tuvo que ver la falta de autocrítica de las autoridades partidarias, que nunca hicieron el necesario mea culpa y hasta expulsaron a los afiliados que disentían con la modalidad conductiva y las medidas desacertadas. Tal escenario llevó a que el electorado se encontrara ante más de lo mismo, atando su decisión a los estragos ya conocidos y no tanto a las promesas escasamente probables de ser cumplidas.

Que la UCR lograra mantener el gobierno provincial sobre la base de lo hecho (y también de lo no hecho) entre 1999-2003 era virtualmente imposible. Máxime cuando resurgía en el recuerdo la colosal gambeta que evitó el Juicio Político, ya sea mediante la felonía de un diputado opositor, la huída de las bancas de sus propios acólitos para boicotear el quórum y finalmente un fallo judicial erróneo. Quienes celebraban cada uno de los salvatajes que favorecían a Montiel, poca cuenta se daban de que su continuidad estaba hipotecando nada menos que el futuro político. Y así les fue.

Ahora, frente a la tranquilidad con que el principal responsable de ese período tan traumático esgrime supuestas razones exculpatorias, más aún, intenta convertir desatinos en méritos, es imprescindible que la amnesia dé lugar a la memoria colectiva. Y para ello no es necesario esforzarse en demasía, porque el daño provocado fue demasiado duro.

El decreto 285, atado a la Ley 9.235, mandó a la calle a 4.000 agentes sin importar que condenaba a tantas familias a la desesperación, la depresión y el desamparo (pensar que algunos aduladores atribuyen al autor de este atropello poseer ideas “ancladas en el humanismo”).

Hoy, insólitamente y como atenuante, Montiel vuelve a adoptar el discurso de demonización de Domingo Cavallo, utilizado eficazmente durante la campaña de 1999 y luego modificado 180 grados cuando Fernando de la Rúa lo convocó a su gestión (“éste es otro Cavallo”, llegó a esgrimir indulgentemente quien era nada menos que presidente de la Convención Nacional partidaria).

Pero sigamos recordando. Se suspendió la cobertura del cargo de vocal representante de los pasivos en la conducción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones aduciéndose razones presupuestarias, al tiempo que se creaban innecesarias y costosas asesorías.

El ex gobernador intenta nuevamente defender asuntos muy cuestionables, como la compra del Mayorazgo y de una aeronave (que resultó un verdadero “buzón con alas” y demandó muchos millones de pesos/dólares para su puesta en condiciones de operatividad).

El hotel internacional, al que finalmente la mala administración le restó una de sus cinco estrellas, fue comprado en un remate y en una virtual acción comando en unos 10 millones de pesos/dólares, bajo el pretexto de evitar que sectores privados siguieran haciendo negocios a costillas del Estado (ese mismo Estado reparador acumuló un déficit de 200.000 pesos por mes y una posterior concesión a privados, en términos nada beneficiosos, canceló aún más toda posibilidad de recuperación).

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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