Jorge Riani

El Consejo General de Educación es un territorio minado por las internas, las luchas por poder y las pulseadas por el manejo de los recursos. Ha sido una constante de antecedentes con fecha incierta, perdida en el tiempo. La asunción de Jorge Kerz en la presidencia abrió un tiempo de relativa tranquilidad en el ámbito de la comunidad educativa, lo que permite disimular las feroces internas. Sin embargo, durante las últimas horas el titular del organismo pidió a la Fiscalía de Estado que intervenga el Área Legal, con el perseguido objetivo de que sus resoluciones sean avaladas institucionalmente. La falta de respaldo político ya había quedado patentizada, hace un mes, cuando Kerz fue la figura ausente en la charla que dio en Paraná el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus. “En toda provincia normal la autoridad máxima en materia educativa recibe a los ministros, pero no estuve en el acto de Filmus porque nadie de mi gobierno me invitó”, se había quejado en aquel momento. Por estas horas, Kerz denunció la desaparición de un expediente que disponía una medida contraria a la pretendida por los vocales. El CGE constituye un universo de recursos económicos y humanos que nadie quiere descuidar en tiempos de campaña proselitista.

“Después de esto puedo ser intendente de Macondo”, dicen que dijo el licenciado Jorge Kerz al finalizar el primer día de trabajo como presidente del Consejo General de Educación (CGE), allá por noviembre de 2005. Hoy los allegados al polifuncional sociólogo creen que la experiencia al frente de la cartera educativa lo deja preparado para faenas más difíciles: sobrevivir en la selva sin ser devorado por las fieras, por ejemplo.

El Consejo General de Educación tuvo tres presidentes a lo largo de la actual gestión de gobierno, con disímiles niveles de exposición, siempre sujetos al grado de conflicto con otros sectores de la comunidad educativa. Sin embargo, el común elemento en cada gestión ha sido la situación de conflictos internos en la conducción del organismo. Directivas cruzadas, intereses encontrados, desconfianzas generalizadas son las consecuencias de la coexistencia de dos sistemas de jerarquía: la orgánica o institucional, y la política.

Esto último explica la manera en que Kerz ha quedado en soledad frente a determinadas situaciones, al punto tal que en las últimas horas se debió recurrir a la Fiscalía de Estado para que delimite la parcela de poder que tiene el funcionario. De hecho, el propio presidente del CGE ha reclamado a la fiscal Claudia Mizawak que intervenga para dictaminar sobre la legitimidad de sus resoluciones. La abogada del gobierno es quien hoy debe terciar ante la pugna de poder entre vocales y presidente.

Esta situación quedó al descubierto una vez más en los últimos días, a partir de un caso de menor importancia desde el punto de vista institucional. Básicamente se trató de una discusión sobre el legajo particular de un docente de Concordia y una orden de pago de haberes. Ese hecho -aseguran en el CGE- fue la gota que convirtió la lluvia en tormenta e hizo que Kerz estallara.

Lo que enojó al presidente del CGE fue que una resolución suya se perdió entre los recovecos de la burocracia, sin que se cumpla lo resuelto. Cuando quiso conocer los motivos, se encontró con que algunas resoluciones suyas terminan siendo interceptadas por los vocales cada vez que no hay coincidencia con lo resuelto, según denunciaron a este semanario los allegados al titular.

La Ley Orgánica del Consejo General de Educación establece que la primera autoridad del organismo puede seguir dos caminos para tomar resoluciones: por acuerdo con los vocales o personalmente en su calidad de director general de escuelas. Aun cuando haya voluntad de sacar todas las resoluciones por acuerdo, hay temáticas que requieren la firma sólo del presidente, como es el caso de los sumarios.

La medida tomada por el supervisor departamental de Concordia en febrero de 2005 tuvo tantos vaivenes que debió tomar medidas el propio Kerz. Se trata del caso de un docente que tomó el cargo de secretario administrativo del Profesorado Superior de Ciencias Sociales, sin que haya acuerdo contable, por falta de presupuesto. Cuando desde la Dirección Contable se rechazó el pedido “por imposibilidad legal y presupuestaria” comenzó la pulseada.

Ocurre que la medida de designar a un docente en un cargo se tomaba ad referendum, lo que -en términos prácticos- consiste en la política del hecho consumado. Se decide, se ejecuta y después se aprueba. Esta metodología fue desechada como práctica por las actuales autoridades del CGE.

Existe en el expediente una nota fechada el 29 de junio de 2005 que da cuenta del poder de resolución que tienen los vocales. Allí los vocales Nelly del Mestre de Pimentel, Víctor Fassi y Víctor Migueles le reclaman a la Dirección Contable que “arbitre los medios” para que el docente sea, aún a falta de presupuesto, designado en el cargo.

Si bien es un caso menor, el asunto deja al descubierto la pulseada por poder que se da en el seno del CGE. Hay quienes indican que el hecho de que se trate de un caso de Concordia dificulta las cosas, porque de allí suelen venir recomendaciones con todo el peso político suficiente para que el cúmplase no encuentre obstáculos.

En tantas idas y venidas, el docente en cuestión reclamó el pago de 5.973,76 pesos por desempeñar el cargo administrativo. Recientemente, el presidente Kerz ha resuelto que no se le pague al docente por considerar que “la Dirección de Programación Presupuestaria y Contable informa sobre la imposibilidad legal y presupuestaria para atender suplencias de auxiliares administrativos” y también debido a que “el Departamento de Asuntos Jurídicos dictaminó que no corresponde la liquidación” en virtud de que “ha incurrido en incompatibilidad” ya que estaba cobrando por horas cátedra. La cosa no queda allí, porque el titular ordenó además la realización de una información sumaria, a fin de “comprobar la existencia de una irregularidad administrativa”.

En medio de esta situación, el interesado sólo quería volver al aula a dar clases. Sin embargo, los vocales insistieron en el planteo y, según denunciaron allegados a Kerz, se interceptó la resolución para evitar el efecto negativo sobre el docente concordiense. La puja queda evidenciada mediante una nota que firman los vocales Víctor Fassi, Nelly Pimentel y Amalia Homar, quienes instan a Kerz a que dé intervención a la Dirección General de Recursos Humanos o incluso a la Fiscalía de Estado.

Enojado, el presidente del Consejo General de Educación le envió una nota a la fiscal Claudia Mizawak. “Entiendo por competencia y atribuciones que me confiere la Ley Número 9.330 con más el aval del dictamen legal rectificatorio del obrante en fojas 37, que me permite resolver conforme a derecho la situación planteada”, dice Kerz en su nota a la letrada. “Es por esta razón que me permito solicitarle quiera tener a bien disponer intervención del Área Legal del organismo, con el fin de dictaminar sobre la legitimidad para resolver como director general de escuelas”, reclama.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)