J. C. V.
Hace exactamente dos años que unos 1.500 trabajadores y jubilados viales esperan un fallo definitivo a una demanda por desajustes salariales durante el gobierno de Mario Moine y la anterior gestión de Jorge Busti. En total se trata de un dolor de cabeza de 200 millones de pesos que está a resolver por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque en el gobierno evalúan cómo hacer para afrontar el pago a los agentes viales porque reconocen por lo bajo que la sentencia del máximo tribunal será adversa, tal como sucediera en 2004 cuando el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos condenó en julio y en septiembre de 2004 hiciera lugar al reclamo.
La historia comenzó en 1998 cuando unos 1.500 trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), desoyendo los consejos de su propio gremio y del entonces presidente del organismo, Santiago Gaitán, promovieron una demanda contencioso-administrativa contra el Estado entrerriano para lograr la revocación de varias resoluciones internas de la DPV y del Ministerio de Economía, ratificadas oportunamente por decretos del gobernador Busti, mediante las que no se hizo lugar al reclamo por el pago de las diferencias salariales existentes entre lo que actualmente se les abona y lo que corresponde pagarles, de conformidad a la escala salarial dispuesta por la Ley Provincial Número 8.186 de adhesión a la Ley Nacional Número 20.320.
Después de agotar todas las instancias administrativas y ante la constante negativa del Poder Ejecutivo a reconocerles el salario mínimo vital y móvil y las actualizaciones pertinentes, sistema que funcionó -con algunas intermitencias impuestas por las sucesivas prórrogas de las leyes de emergencia- desde el 1° de agosto de 1988 a la fecha, los trabajadores viales recurrieron a la Justicia.
Los abogados de los trabajadores plantearon que el mecanismo de actualización de haberes del sector fue congelado por la Ley de Reforma del Estado 8.291, que adhirió a la normativa dictada a nivel nacional por el gobierno del ex Presidente Carlos Menem.
Esa suspensión caducó en agosto de 1993, pese a lo cual la provincia se negó sistemáticamente a reconocerles el salario mínimo, vital y móvil, asestándoles otro cachetazo en 1995, cuando la Legislatura provincial sancionó la denominada Ley de Emergencia Económica, que rigió para los tres poderes del Estado entrerriano y se extendió más allá de los dos años originalmente pautados, a partir de la sanción de decretos de prórroga.
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