Sandra Miguez
Desde que asumieron las nuevas autoridades de IOSPER se ha planteado con insistencia el tema de la deuda que el Estado mantiene con la principal obra social de los entrerrianos en concepto de aportes patronales del sector pasivo, una cifra que rondaría los 43 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno estaría amparado por la Ley de Emergencia Económica dictada en 1995, por la cual se redujeron los aportes de un cuatro a un dos por ciento. De ese recorte derivaría lo que algunos estiman como deuda, mientras que desde el Estado entienden que la situación se encuentra resguardada por los términos de la Ley 8.918, a través de la cual se impusieron una serie de recortes. Más allá de la denominada “deuda”, la obra social mantiene un déficit estructural que se traduce en prestaciones insuficientes para un segmento de la población cada vez más necesitado de atención médica.
Antes de la Ley de Emergencia Económica, las finanzas del instituto se originaban del aporte del cuatro por ciento que efectuaba el Estado por cada trabajador, activo o pasivo, y el tres por ciento aportado por los empleados públicos, en actividad o retirados.
En 1995, durante la gestión de Mario Moine al frente de la Gobernación, se impuso la Ley de Emergencia Económica Número 8.918 que estableció un menú de recortes dentro del Estado provincial y un reordenamiento del gasto en Entre Ríos por la cual -entre otros recortes- se redujo el financiamiento del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), bajando dos puntos el porcentaje que se aportaba por el sector pasivo.
Fue a partir de 1998, en el segundo mandato de gobierno, Jorge Busti, que se dispuso una salida gradual de las disposiciones de la ley de emergencia, aunque en lo que respecta al IOSPER, los efectos de recorte aún perduran.
Algunos directivos de la obra social, y dirigentes gremiales estiman que el recorte del dos por ciento sobre los aportes de los pasivos representa actualmente unos 43 millones de pesos en concepto de deuda acumulada desde 1995 a septiembre del corriente año. Sin embargo, no son pocos los que reconocen que en términos concretos este reclamo no se ajusta a lo que determina la ley de emergencia, ya que en términos jurídicos, la provincia se ha atenido a lo que dicta el marco de la misma.
Por ello no faltan quienes entienden que la lucha debiera encararse con el objeto de restituir el dos por ciento de merma, y abandonar el reclamo por algo que difícilmente se pueda reconocer como válido.
No obstante, el hecho de que el sector pasivo sea el que menos aporte cuando en realidad es el que más dispensa de los servicios prestacionales, es un tema que no se puede obviar. Tampoco es para subestimar la cuestión de que los beneficiarios -sin entender de los avatares económicos y políticos que han llevado a la obra social a una situación de desfinanciamiento- presentan quejas formales cuando a la hora de requerir los servicios de la obra social, se topan con tantos obstáculos que suman un plus de angustia a la ya delicada situación que atraviesa quien necesita cubrir un tratamiento médico.
Sin embargo, dirigentes gremiales como Francisco Nessman, de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), así como miembros del actual Directorio del instituto, han manifestado que una vía de solución sería que el Estado provincial reintegre los 43 millones de pesos, entendiendo que esto es parte de la deuda que mantiene “la patronal” con la obra social.
De ese modo existen quienes manifiestan que “el pago de la deuda cancelaría el déficit de la obra social y permitiría regularizar las prestaciones”.
Aún así, se aguarda -con poca confianza- la resolución de un recurso judicial presentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que permitiría determinar si efectivamente esta suma de dinero es una deuda legítima o si por el contrario, la provincia obró en el marco de la ley con lo cual no tendría obligación de abonar los 43 millones de pesos en cuestión.
En ese caso, y tal como mantienen algunos, la lucha debiera encaminarse en torno a solicitar un reajuste del porcentaje que lo lleve nuevamente a un cuatro por ciento, pero donde se terminaría echando por tierra el reclamo por el dinero adeudado.
De todos modos, como en un juego de ajedrez, nadie descarta seguir solicitando ante distintos funcionarios del Poder Ejecutivo para obtener un salvoconducto a la delicada situación financiera de la obra social.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
