J. R.

La Caja de Jubilaciones recibió el visto bueno de la Fiscalía de Estado para declarar lesivo el decreto por el cual se le dio la jubilación anticipada por incapacidad a un ex vocal del Superior Tribunal de Justicia. Se trata de Hipólito Vales, quien con sólo dos años de aporte al sistema logró acceder a una jubilación de más de 10.000 pesos. El fugaz juez era jubilado nacional por su actividad privada ligada al campo. Ingresó a la Justicia entrerriana en un estado de salud que le sirvió para pedir la incapacidad. Ahora, la entidad previsional insistirá ante la Justicia para que Vales devuelva los 360.000 pesos que el Estado le pagó en estos tres últimos años.

Es el cuello de una gran botella que se llama Estado. Por poco o mucho que sea, el líquido que contenga ese recipiente alguna vez deberá pasar por el gollete. Así de determinante es la realidad de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Caja de pandora de resoluciones tomadas por quienes ya no están para dar respuesta.

Las decisiones políticas ligadas a nombramientos, jubilaciones o cualquier medida ligada a la cuestión salarial tiene su repercusión en la entidad de Corrientes y Andrés Pazos.

Una medida que merezca el reproche judicial puede costar cifras astronómicas a las arcas públicas del organismo previsional. De hecho, en los últimos meses y hasta bien entrado el año 2007 la entidad habrá tenido que pagar 32 millones de pesos en total por adicionales no reconocidos durante los mandatos de Mario Moine y Sergio Montiel. En el primer caso al colectivo de los empleados del Banco de Entre Ríos, y en el restante por falta de pago a docentes provinciales.

En ese mecanismo de decisiones reprochables con efectos tardíos, quizás alguna vez salten los casos de jubilaciones que hoy llegan con el visto bueno del poder de turno. Habrá que ver.

Lo cierto es que del mismo modo en que la Caja de Jubilaciones suele tener que desembolsar, alguna vez quedará en posición de reclamar. Por esas mismas decisiones reprochadas en el ámbito de la Justicia.

Eso es lo que ha ocurrido con el caso del ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) puesto en la gestión provincial anterior, Hipólito Vales. El caso había sido ventilado por Daniel Elías, a comienzos de su gestión al frente del organismo previsional, como uno de los paradigmas de las decisiones que no resisten el peso del sentido común.

Vales se jubiló en el sistema previsional del Estado Nacional por su aporte de toda una vida laboral como productor agropecuario. La actividad que lo llevó al beneficio mensual de pasar por ventanilla nada tiene que ver con el Derecho, pero eso no fue óbice para que de buenas a primera -y sin muchos más antecedentes profesionales- ocupe un sillón en el máximo tribunal de la Justicia entrerriana.

El abogado de extracción radical llegó al tercer piso del edificio central del Poder Judicial entrerriano siendo ya un sexagenario, jubilado que ni en los más remotos sueños se vio como juez de la corte.

Ingresó con una incapacidad que fue la misma que le abrió la puerta tres años después para devolverlo a su pasiva vida de ex ruralista.

Recientemente, el nombre de Hipólito Vales volvió a sonar en la Caja de Jubilaciones, cuando sus autoridades tomaron conocimiento de una resolución de Fiscalía de Estado avalando la Resolución Número 6.796 que este mismo año emitió la entidad previsional para que se declare lesiva la jubilación al veterano abogado. A esas actuaciones les correspondió un decreto del Poder Ejecutivo, y el caso quedó a un paso de ser presentado en la Justicia.

Tanto la Caja de Jubilaciones como la propia Fiscalía de Estado entendieron que la lesividad se debe centrar en el otorgamiento de la jubilación a Vales.

En esa lógica de consecuencias retardadas, en la entidad previsional ha llegado el momento de revisar jubilaciones puestas alguna vez en duda, aunque -en rigor de las actuaciones puntuales- se tratan de casos resonantes pero escasos en cantidad.

En el intríngulis, el propio Estado provincial terminará cuestionando una decisión de sí mismo. Aunque los conductores del gobierno no sean los mismos, la continuidad jurídica de los actos determina que se trate de la misma persona.

(Más informacióne en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)