El “magnicidio” y el silencio

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Prescripción de la causa, sin esclarecimiento

Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANALISIS)

La causa judicial por el supuesto intento de asesinato contra el gobernador Jorge Busti y sus acompañantes en noviembre de 2003 está a punto de prescribir. Después del trámite ligero dado por el ex juez Héctor Toloy, de conocida filiación bustista, nada pudo saberse de las actuaciones de su sucesor, Gustavo Maldonado, que se amparó en formalidades para ocultar los avances de las investigaciones ante la consulta de ANALISIS. A tres años, las complicidades diversas para silenciar tamaño ataque conspiran contra la credibilidad de las propias víctimas y de la justicia, y abonan incluso la teoría del fraude.

Hoy, como ayer, sigue vigente una frase escrita poco después del hecho: “Si fue un atentado, un potencial homicida camina por las calles sin ningún reparo. Y si fue un auto atentado, entonces cada cual calibrará la catadura moral del responsable”. Una vez más la justicia perdió la oportunidad de despejar dudas, si no las generó.

Frente al silencio oficial, frente a la ausencia de elementos clarificadores, cobró fuerza un reclamo sintetizado en una presentación periodística realizada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pocas semanas después de los hechos: “Queda a criterio del organismo que usted conduce -decía el texto dirigido al entonces fiscal Oscar Rovira-, evaluar si en algunas de las circunstancias puede advertirse, claro que después de la provisión y realización de algunas pruebas, una suerte de fraude procedimental (teoría del auto atentado). A juzgar por los actores presuntamente involucrados hasta el presente, el hecho produciría un verdadero escándalo que rebasa la esfera jurídica y trasciende al plano institucional”, expresaba la presentación.

La Fiscalía fue eliminada por el nuevo gobierno, y ni la simulación de Oficina Anticorupción que la sucedió, ni la justicia, ni el poder político hicieron esfuerzos por clarificar ante la opinión pública las circunstancias del hecho, uno de los más graves denunciados en las últimas décadas en vistas de su significación pública: intento de magnicidio, contra un senador nacional que había sido dos veces gobernador, dos veces intendente de Concordia, y se postulaba para un tercer mandato en la provincia.

En cualquier parte del mundo sería “el tema” por muchos años. Aquí se convirtió en un tabú, y las primeras actuaciones del juez de la causa, Héctor Toloy, amigo del poder (hoy jubilado ya), no hicieron sino restar seriedad.

Más dudas

La información sobre la actuación de la justicia en un asunto de tamaña significación es tan escasa que llena de interrogantes. Flaco favor le hizo el juez amigo a la víctima. ¿O quizá este tipo de investigación encierra un favor?

Cualquier intento de homicidio contra un gobernante llenaría las páginas de los diarios durante años, hasta su dilucidación, y provocaría todo tipo de manifestaciones, incluso marchas populares, en procura de su esclarecimiento. Este caso fue copado por el silencio.

Fueron los medios controlados por el poder mismo los que más llamaron a callar. El presunto ataque provocó en los operadores políticos no una necesidad de hablar y fomentar investigaciones sino una autocensura. Preguntar poco y vago, o no preguntar, fue la consigna no escrita y cumplida a rajatablas. ¿Es que desde el propio poder, en el propio entorno del gobernador Jorge Busti echó raíces la sensación del gran macanazo?

Hay que decir que el “atentado” fue puesto en duda desde un primer momento por numerosos actores políticos y judiciales, antes que el periodismo, que se limitó en principio a divulgar esos interrogantes. Y es que a ciertas actitudes inverosímiles de las víctimas, más preocupadas por hacer que la noticia explotara en las portadas del día siguiente que por llamar a la custodia y buscar el esclarecimiento del origen del “atentado”, daba riendas a esa idea y más si se trataba de un grupo que tenía una enorme necesidad de hacerse del poder, por razones que sería largo enumerar pero que se sintetizan en la captación de todas las carpetas con denuncias e investigaciones (que ponían en serias dificultades a miembros de ese grupo de poder), consumada en los primeros 20 días de gobierno, a horas del año nuevo.

Se recuerda, por caso, una declaración del entonces candidato a intendente de Paraná, Humberto Varisco: “Nadie en su sano juicio puede creer la fábula del balazo en la ruta… había que minimizar los hechos de sangre de Concordia… tuvieron que armar un culebrón apresurado y lo hicieron con los elementos que ellos manejan y les son comunes a los que caminan por los límites de lo legal y lo ilegal. Pretenden aparecer como perseguidos y montan un circo al estilo que les pertenece: las armas de fuego, los atentados, el terror”.

Contexto violento

Las postulaciones del justicialista Jorge Busti y el radical Sergio Varisco iban cabeza a cabeza. Durante un par de días las noticias que se imponían dejaban mal parado al ex gobernador y en esa jornada la sociedad estaba atenta a un ataque que sufrieran en Concordia Varisco y sus seguidores. Los títulos del día siguiente se dedicarían a eso, se caía de maduro: había heridos incluso en el hospital de la Capital del Citrus, y en una competencia cerrada el hecho podía atraer la mirada de la prensa grande en la recta final y hacer mella en el resultado de las elecciones.

La noticia del día siguiente se avecinaba: Varisco agredido por patoteros ligados a Busti, dos militantes radicales internados con diversos traumatismos.

Pero el atentado denunciado a última hora por el candidato justicialista provocó un giro de 180 grados, lo de Varisco terminó opacado como una anécdota, y se impusieron títulos como éste: “Con un balazo intentaron asesinar al líder del justicialismo entrerriano”. O éste: “Intentaron matar a Jorge Busti”. O este otro: “Busti denunció que fue atacado a balazos”. Y luego: “El vehículo dio varios trompos hasta que se estabilizó y con rápida maniobra en U el conductor se dirigió a la Comisaría de Crespo”.

El entonces senador nacional se trasladaba en su automóvil particular hacia Paraná. El auto era conducido por el chofer Sebastián Roggero, y en el asiento trasero iban el diputado provincial Sergio Urribarri, presidente a su vez del Partido Justicialista (hoy candidato a gobernador), y el cronista Juan Luis Puchulu, secretario de Busti.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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