-Convicciones. Deben ser varios los vecinos de Paraná que retienen en su memoria la figura delgada pero enérgica del juez Felipe Celli obligando a un policía desencajado a guardar su arma reglamentaria. Sucedió en la cárcel de Paraná en uno de tantos incidentes entre presos y guardiacárceles. Los agentes penitenciarios, un poco por qué pensaron que podían quedar rebasados por la protesta de los internos y otro poco porque desde lo más alto del gobierno montielista se propiciaba la represión escarmentadora, lo cierto es que la Policía de la provincia rodeó el perímetro del penal. La luz se había cortado posiblemente ex profeso y lo único claro en el ambiente era la confusión. No faltó el agente policial que investido de Rambo justiciero blandía su arma para todos lados y de vez en cuando disparaba hacia lugares que suponía en poder de los internos. En esas circunstancias fue que Celli protagonizó aquel hecho. Seguramente ése haya sido el suceso más temerario que le tocó protagonizar en muchos años a Celli, el camarista que el jueves denunció en ANALISIS que se iba de Tribunales porque no soportaba más las presiones del lugar. Los memoriosos dicen que aquel fue un momento de gran tensión. Hubo una cámara que con su luz captó la escena y fue como si el aire se hubiera paralizado en un instante hasta que el agente de policía, que no era agente raso, acatando la orden del juez volvió el arma a su funda.
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-El Supremo. Pero es sumamente importante para la vida que corre en esta provincia entrar en los detalles que da Celli en su retiro y el revuelo que desata en el ambiente político y tribunalicio. Cuando el magistrado explica las razones de su alejamiento, destaca no tener ganas de seguir trabajando en las condiciones que imperan en el Poder Judicial. Luego precisa: “Me voy por las presiones y las persecuciones que he sufrido. Acá lo insalubre no es el trabajo sino el enfrentamiento constante”, concluye. Es indudable que la presión que denuncia es ambiental y no tiene que ver con hechos puntuales, o en todo caso no son esos hechos los que hicieron el clima insoportable. Es que la política de la impunidad, del toma y daca, se expresa en filamentos sutiles, en comentarios silenciosos, en amenazas que no tienen rostro pero que se sabe de dónde vienen. Es correcto reconocer que el Superior Tribunal de Justicia ha tratado de sortear el peligro de quedar expuesto como poder obsecuente y obediente del Ejecutivo provincial. Algunas veces lo logró y otras -tal vez en la mayor cantidad de ocasiones- no lo pudo conseguir. No obstante, dentro de sus miembros hay magistrados de probado coraje. La doctora Leonor Pañeda, que es vocal del STJ, supo plantarse -como agente fiscal- en el propia escena de un procedimiento policial nada menos que al entonces jefe de la Policía de la provincia, Julio Brassesco, que era una persona muy propensa a amedrentar, pistola en mano, con tal de imponer sus procederes. O sea, sin desvalorizar rectitudes personales, cabe sospechar que en circunstancias especiales, en cuestiones espinosas, el STJ no le saca la escalera al Ejecutivo provincial. Existen casos escandalosos de gran resonancia social en los que el alto cuerpo no puso las energías suficientes y dejó correr las cosas según como las llevaba el gobernador, a partir de estrechas relaciones de varios de sus vocales, tal como sucedió, en su momento, con Sergio Montiel.
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-Justificaciones. Dentro de esta formalidad legalista que caracteriza al STJ se suceden acontecimientos que hacen pensar en un derivar de la Justicia entrerriana hacia pliegos de complicidad con el poder político que se deben tener en cuenta. La incorporación de Emilio Castrillón como vocal del STJ fue un golpe a la independencia de criterio que debe caracterizar a tan alto nivel de responsabilidad en la tarea de impartir justicia y que el ex legislador justicialista tendrá que demostrar que puede hacer lo contrario. Vamos a suponer que el nombramiento del abogado Alejandro Grippo en reemplazo de la doctora Marcela Badano no merezca reparos formales. Sin embargo, el hecho de que el flamante magistrado no se separe de la causa en la que está imputado personal de la Policía provincial -repartición a la que también estuvo o está ligado el abogado- marca un comportamiento cuestionable. Sin que la opinión esté solventada en fundamentos técnicos, opinando como simples ciudadanos sobre el procedimiento del juez, se puede pensar que sería oportuna una intervención del STJ para que la causa no se desmadre. Hay que tener en cuenta que la causa en cuestión refleja un alto grado de impunidad y violencia. Tampoco ha motivado algún tipo de diligencia por parte del STJ el activismo en causas judiciales de gran resonancia pública, por parte del funcionario provincial Marcos Rodríguez Allende, sobrino además de José Allende, diputado provincia -por la reelección-, de fuerte gravitación en el gobierno de Jorge Busti.
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