Luis María Serroels
Ni lerdo ni perezoso y a menos de un mes de los comicios que revalidaron con creces su poder político, el actual gobierno ha reflotado el tema que quizás mayores asperezas ha venido generando desde diciembre de 2003. Paradójico resulta que la reforma de la Constitución de Entre Ríos, una cuestión que debería actuar como el gran elemento motorizador y movilizador de la sociedad, se haya debido postergar sistemáticamente por una mezcla de mezquindades y especulaciones.
Quede ratificado una vez más que nuestro gran contrato social no le pertenece a ningún sector en particular y que decidir sobre aquellos puntos sujetos a revisión más los agregados imprescindibles en aras de un lógico aggiornamiento, no puede ya seguir pendiendo de cálculos políticos ni caprichos de un puñado de legisladores, a veces alentados por cierta tozudez oficialista.
Nunca es ocioso recordar los diferentes intentos por modificar este instrumento sustancial que nos está rigiendo desde agosto de 1933, pieza considerada precursora y de avanzada. En 1985, Sergio Alberto Montiel; en 1993, Mario Armando Moine; más adelante Jorge Pedro Busti -incluso aceptando incorporar aspectos del texto montielista- y finalmente otra vez el dirigente radical en su segunda gestión, fueron instancias esperanzadoras que terminaron naufragando por falta de respaldo suficiente al momento de la convocatoria.
Lo censurable de las causas de tanta postergación es que ambos partidos mayoritarios alentaron la reforma cuando llegaron al gobierno y la rechazaron en el rol de oposición. No es enaltecedor por cierto el hecho de que nuestra provincia sea una de las tres en las cuales no se efectuaron reformas constitucionales, que no significa desconocer todo cuanto de trascendente guardan las actuales sino que se apunta a afianzarlas, enriquecerlas y actualizarlas.
Ridículo es que el espíritu con que radicales y peronistas en otros Estados provinciales consensuaron sus reformas a la hora de hacer funcionar las asambleas constituyentes -incluso el Pacto de Olivos que celebraron Carlos Menem y Raúl Alfonsín, más allá de objeciones varias, para darnos la nueva carta magna nacional- continúe ausente en Entre Ríos, desde donde hace más de 150 años surgiera nada menos que el germen orientador y la arcilla modeladora de la tan ansiada Organización Nacional.
Sorprende tanta renuencia al descubrir en los distintos proyectos que son muchas más las coincidencias, congeniándose en preceptos centrales como la consagración de derechos sociales, vigencia del orden constitucional, defensa de la democracia, protección del medio ambiente y uso y preservación de los recursos naturales. Además, en el amparo de los derechos del consumidor, resguardo del patrimonio artístico, cultural e histórico, de los intereses difusos y del desarrollo de la ciencia y la tecnología, formas de democracia participativa indirecta y estructura de los poderes Legislativo y Judicial, incluyendo el régimen municipal, entre otros puntos. Pero también, en modo especial se debe consolidar la labor de los órganos de contralor de los actos de gobierno y asegurar la revocatoria de mandato como remedio pacífico corrector de malas conductas.
Para ser francos, es hilarante escuchar cíclicamente argumentos tales como “no están dadas las circunstancias propicias”, en tanto nadie se comide a decirle a la ciudadanía en qué consistirían esas circunstancias adecuadas y cuándo estiman que podrían presentarse (aún aguardamos tan demorada respuesta). Los factores citados por algunos causan pena porque exhiben chatura intelectual y falta de grandeza.
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