-Fernanda Aguirre. Es muy difícil encontrar en otro segmento del gobierno de Jorge Busti un acontecimiento que en forma tan categórica ponga al desnudo las debilidades de su política. Se han cumplido tres años de la desaparición de Fernanda Aguirre y el proceso judicial, en lugar de acercar algún tipo de conclusión coherente se envuelve en una trama que lesiona gravemente la vida institucional de la provincia. Ya en el pasaje al juicio oral, el gobierno activó la jubilación del camarista Felipe Celli. En consecuencia, el juez jubilado se vio obligado a renunciar a la presidencia del tribunal que tenía que juzgar a los dos imputados, Mirta Chaves, viuda de Miguel Ángel Lencina, y Raúl Monzón, primo del mismo Lencina. La rápida jubilación de Celli agrava un cuadro de situación que venía mal desde su origen.
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-El control corporativo. Como consecuencia directa de la renuncia de Celli, José Iparraguirre también renunció a la defensa de Raúl Monzón. Así las cosas, el proceso judicial va de mal en peor. Lo cierto es que el gobierno de Jorge Busti enfrentó el episodio de la desaparición de Fernanda Aguirre cruzado por la explosiva demanda de seguridad motorizada por el entonces ingeniero Blumberg. Cuando el gobernador concurrió a San Benito como muestra de preocupación y de solidaridad para con los padres de Fernanda, una asamblea de vecinos demandó el rápido esclarecimiento del hecho en forma intempestiva. En la retina del mandatario se dibujó el escenario de una explanada de la casa gris desbordada por una multitud demandando justicia. Perseguido por esa imagen, apremió al jefe de Policía de la provincia de entonces, comisario Geuna, a un pronto esclarecimiento del hecho. A partir de ahí, objetivamente la causa sobre la desaparición de Fernanda fue manejada por Geuna a lo Geuna. Un punto clave en el derivar de la causa hacia el control de la corporación policial sucedió cuando Miguel Ángel Lencina, único sospechoso, murió en la Comisaría Quinta de la ciudad de Paraná. En esas circunstancias, Busti tendría que haber avizorado que Geuna lo llevaba por mal camino.
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-¿Quién sale ganando? José Iparraguirre, caracterizado abogado comprometido con la defensa de los derechos humanos, días antes había ponderado al tribunal que tenía que juzgar a su defendido, Raúl Monzón. Por lo tanto, no fue extraño que haya reaccionado airado frente a la renuncia del camarista Felipe Celli. Para colmo, dando razón a su enojo, estaban las propias declaraciones del renunciante juez que denunciaba al Poder Ejecutivo provincial de perseguir un claro interés en sacarlo de la causa. En el ir y venir, a Jorge Busti no le alcanzaban las manos del matrimonio Halle-Romero para atajar los gruesos perdigones que lanzaban Iparraguirre y Celli. Tanto Busti como su secretario de Justicia y Derechos Humanos no se exigieron demasiado a la hora de buscar argumentos para rechazar las imputaciones del camarista renunciante y del abogado Iparraguirre. En relación con el juez, Busti y Halle en sus explicaciones simplemente se ataron a la legalidad del trámite burocrático jubilatorio y punto. En cuanto a las imputaciones de Iparraguirre que eran varias y de distinta gravedad, gobernador y secretario no dieron explicaciones concretas o desmentidas, simplemente señalaron que el abogado pretendía hacer política partidista con la desgraciada desaparición de Fernanda Aguirre y que mientras la gestión justicialista se vio respaldada por los votos que sacó el 18 de marzo, el agrupamiento que proponía a Iparraguirre como candidato solamente había sacado 10.000 votos.
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-Las responsabilidades. La responsabilidad por lo que pasa o deja de pasar con este doloroso caso de la desaparición de Fernanda Aguirre es, ante todo, del gobierno de la provincia. El mismo Jorge Busti, en su informe anual a la Asamblea Legislativa, hizo suya la frustración por no haber avanzado con eficacia en la causa. También es justo reconocerle al gobernador desde un principio haberse hecho cargo del dolor de la familia y la preocupación del vecindario. No es poco haber ido y puesto la cara en el momento más caliente del suceso. Pero el fracaso está ahí como testimonio categórico de que las cosas no se hicieron bien. A su vez, a la dimensión del fracaso es bueno darle contornos precisos. Además del extremo de que no aparece Fernanda Aguirre, no se tiene ningún dato cierto de lo que realmente sucedió y, a medida que avanza en el proceso formal, la causa judicial se envuelve en mayor escándalo. No existe ningún paso en la gestión de Jorge Busti que ubique los errores en los procedimientos que le corresponden y los de su entorno de confianza.
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-La corporación policial. Pero, desde la sociedad se puede sacar conclusiones que van más allá de un tire y afloje donde muchos quedan dañados mientras en la sombra prosperan estructuras directamente beneficiadas con la expansión de los flagelos de la prostitución y la droga. Cualquier estudioso de este tipo de delitos descuenta la complicidad policial frente a los hechos. Jorge Busti se equivocó al confiar en la línea de acción de su jefe de Policía, sobre todo a partir de la muerte de Miguel Lencina. En el sospechoso suicidio de Lencina se puede encontrar el punto de partida hacia la nada. En ese sentido, es grave la responsabilidad política del gobernador por no haberlo percibido. Pero en el caso del jefe Geuna la responsabilidad es directa y por lo tanto es lícito entrar a sospechar algún tipo de complicidad. Se puede suponer que en un primer momento el jefe Geuna apuntó al trámite más sencillo, que Lencina violó y luego asesinó a Fernanda. Los antecedentes de Lencina avalaban esas presunciones.
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-El accionar corporativo y la reforma constitucional. Esto sucede en momentos que la provincia tiene convocado un proceso de reforma constitucional. Desde el más encumbrado constitucionalista hasta cualquier hombre de la calle saben que en la letra de las leyes pueden estar expresadas las normas de una convivencia de respeto y justicia, pero si no existe voluntad política para que esos preceptos se incorporen a la vida cotidiana de las instituciones, el andamiaje naufraga. Como se sabe, la independencia de los poderes de la república está incorporada en los cimientos del Estado democrático moderno, pero cuando Emilio Castrillón es nombrado vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia esos preceptos hacen agua, se hunden. Así como va, la causa de Fernanda Aguirre es un balde de agua helada sobre el entusiasmo para imaginar normas constitucionales que fundamenten un apego a una Justicia implacable frente al accionar corporativo, sea del carácter que fuere. Frente a todas las tropelías que sufre el Poder Judicial, surge como natural la actitud del abogado Iparraguirre de patear el tablero denunciando la convocatoria a la reforma constitucional como una farsa de donde no puede salir nada que modifique la realidad que se vive. Mala consejera es la impaciencia y sobre todo cuando la posición que la sustenta está en máxima debilidad.
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