Federico Malvasio
Un recorrido por los Juzgados Correccionales de Paraná y distintas consultas realizadas por ANALISIS respecto de las causas que se tramitan dejan al descubierto la diferencia que existe en los tiempos procesales entre las causas de orden privado y aquellas de carácter público para llegar a juicio. Medidas cautelares o pedidos de recusación a los jueces por sus historias partidarias son mayormente los motivos para que determinados casos estén más cerca del archivo que del debate. La causa contra Sergio Varisco por el accidente automovilístico en el que falleció la ex concejal Mercedes Lescano espera una resolución de Casación; y ora que enfrenta Sergio Montiel por desobediencia judicial se encuentra al límite de la prescripción.
Se sabe que la competencia de los Juzgados Correccionales es acotada. No se discute en ninguno de los sectores judiciales. Siempre y cuando se trate de una causa de orden privado y no público. En este último caso, los tiempos y criterios suelen no ser los mismos.
Delito contra la propiedad (robo y hurto); contra las personas, que son generalmente lesiones; y calumnias e injurias, aquellas que lesionan el honor de los individuos, se leen con frecuencia en los cronogramas de audiencias en el Juzgado Correccional Número 1 a cargo de Pablo Vírgala.
Son causas de orden privado cuya sanción se da a través de multas, inhabilitaciones y penas de prisión que no exceden los cinco años. En rigor, el Código Procesal Penal de la provincia prevé que los Correccionales sólo tienen competencia para las causas cuya condena no exceda los tres años de cárcel. La extensión, cuestionada en su momento, fue por una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos el 14 de agosto de 2000. Desde entonces se espera que el Poder Ejecutivo propicie una ley al respecto. Mientras tanto, rige la facultad otorgada por el alto cuerpo.
En los casos por lesiones, robos, hurtos, calumnias e injurias las partes generalmente terminan arreglando antes de llegar al juicio. También son mayoría los pedidos de probation, que es la suspensión de juicio a prueba. La continuidad con la que se resuelven las audiencias y los acuerdos entre las partes suelen ser el certificado que utilizan los funcionarios judiciales para dar cuenta de que la Justicia no es lenta y burocrática, como se la suele calificar. “Este Juzgado tiene un régimen de audiencias apropiado”, se jacta Vírgala, y señala que “se concretan entre 15 y 20 audiencias por mes”. Se refiere a las causas de orden privado.
Ahora, cuando se le pregunta por aquellas causas en las que aparecen como imputados personajes de reconocimiento público, empiezan las muecas, y enseguida los peros. De hecho, una vez convertido en juez, Vírgala padeció en carne propia su pasado como afiliado al Partido Justicialista, a tal punto de tener que postergar un juicio por tratarse de un candidato a intendente. En ese caso, no sólo hubo una cuestión partidaria, sino de parentesco.
En el Juzgado Correccional Número 2, a cargo de Daniel Malatesta, coinciden en el promedio de audiencias que se llevan a cabo por mes con el que había expresado Vírgala. En ambos casos, entienden que “ese régimen es el correcto”. Este último mensualmente da a conocer al público el cronograma de las causas que son tramitadas en su Juzgado y que van a debate. Malatesta prefiere no hacer pública esa información escudándose en la necesidad de preservar la identidad de los acusados.
Un relevamiento realizado por ANALISIS en Tribunales da cuenta de las denuncias más usuales que llegan a los Juzgados Correccionales de Paraná.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
