Jorge Riani

A tres semanas de las elecciones generales, saltó la novedad de que una causa de presunta corrupción millonaria quedaba en reserva, que es lo mismo que decir que se puso en punto muerto. La oposición no dijo nada, el oficialismo se mantuvo en el mutismo siempre cómodo en el contexto de letargo generalizado. Sin indagatorias, sin imputados, sin tomar en cuenta las explosivas revelaciones que se hicieron el libro El Interior, de escritor Martín Caparrós, donde surgía cómo se operaba el desfalco, un juez resolvió la caída de la causa. En ese contexto, la candidatura de Augusto Alasino -lanzada al tiempo en que una causa en su contra por el cobro de una coima era elevada a juicio fuera de la provincia-, pareciera no sorprender ni inquietar a nadie. La inminente y casi segura prescripción de la causa que involucra al ex senador Félix Abelardo Pacayut por el incierto destino de una fortuna millonaria tampoco genera tempestades de reclamo, ni suspiros tan siquiera. Y mucho menos la insólita postergación del juicio por la desaparición de Fernanda Aguirre, cuyos plazos fijados parecen vinculados al tiempo electoral más que a la necesidad que demanda el hecho en sí. Sigue el festival de impunidad, mientras Entre Ríos duerme su siesta eterna.

“Es mi país, es un país esponja se chupa todo lo que pasó”. León Gieco encontraría, en Entre Ríos, una cantera de razones para sus letras. Como una cadena de sucesos, donde cada eslabón es peor que el que lo antecede, hay casos que ni siquiera causan asombro o conmoción como sería esperable en una sociedad atenta. Pero las cosas pasan, y ya ni siquiera en tiempos preelectorales se puede esperar alguna reacción de las fuerzas de la oposición, por caso, o esperar cuidado del oficialismo.

En este semanario se comentó hace unos días la simultaneidad de dos hechos que tuvieron como protagonista al ex legislador menemista Augusto José María Alasino: el lanzamiento de sus candidaturas a senador nacional y a convencional constituyente, y la elevación a juicio de una causa en la que se investiga su presunta responsabilidad en el escándalo del cobro de coimas para destrozar la legislación laboral argentina. Pasando en limpio: una persona acusada de enriquecerse ilegalmente puede ubicarse frente a la sociedad y reclamarle un vótenme.

Pero volviendo a la idea de cadena de hechos, hay que apuntar que lo grave de todo el asunto es que a un caso de presunta corrupción le suceda la impunidad y que a ésta le siga la falta de reacción, la indiferencia general. ¿Qué hay de indiferente en la actitud inconmovible de los entrerrianos frente a un hecho de corrupción que queda impune con el no te metás de la dictadura?

No oigo, no miro, no pregunto

A menos de tres semanas de las elecciones generales, saltó la novedad que en la Justicia se archivó la causa iniciada por presunta malversación de fondos contra el ex vicegobernador justicialista Héctor Alanis y dos de sus ex colaboradores. En este semanario se dedicaron las suficientes notas para establecer, por ejemplo, qué derivación tuvo la situación de vaciamiento de recursos legislativos en el caso del ex funcionario del Senado José Maximiliano Cretón Pereyra. Su vida de nuevo rico en la provincia de Misiones y las inversiones millonarias con fondos sobre los que la Justicia nada se ha preguntado.

A la decisión del juez Gustavo Maldonado de hacer caer la causa, no le sucedió ni siquiera un suspiro de indignación, interrogante, opinión insinuada, comunicado de prensa aunque más no sea, de los partidos de la oposición. Ni siquiera frente a la inminencia de una jornada electoral se dijo nada.

La presunta (así hay que decir por cuestiones legales) sustracción de fondos se produjo entre 1995 y 1999. Según la denuncia formulada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), en ese lapso se gastaron 11 millones de pesos/dólares sin justificación alguna, pero luego la desaparición de documentos administrativos conjuró contra la pesquisa. “Se ampliaban los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18 sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran. Con la finalidad de disponer de importes de grandes volúmenes para ser sustraídos”, concluyó el ex titular del organismo de contralor, Oscar Rovira.

El juez Maldonado resolvió dejar en reserva las actuaciones de un caso que cobró notoriedad cuando el escritor Martín Caparrós reveló -en su libro El interior- la manera en que el oficialismo bustista extraía fondos públicos para luego inyectarlos en la compra de medios de comunicación, el pago a operadores de prensa y la derivación, incluso, al patrimonio personal de los involucrados. El escritor y periodista se basó en una entrevista en off que mantuvo con el ex funcionario bustista Oscar Horacio Mori, quien dio lujo de detalles sobre el modo de operar con los fondos. En esa publicación bibliográfica se presentó la entrevista sin identificación del entrevistado, hasta que ANALISIS, con la autorización de Caparrós, puso en contexto el hecho denunciado e identificó a Mori como el testimoniante.

Fue un escándalo de proporciones pocas veces vista. Nunca tan claramente un ex funcionario daba precisiones sobre el robo de fondos públicos. Se habló en los medios y ahora, que el juez ha dicho que “no hay pruebas”, nadie salta. La oposición brilla por su autismo y mutismo.

Los fiscales leen otros libros y otros medios, quizás. En el reino del “no oigo, no miro, no pregunto” una causa más queda impune. Vale insistir: a tres semanas de las elecciones, que fue cuando se hizo público este otro triunfo de la impunidad.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)