Saqueo en el río Paraná

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Entre Ríos sin ley de pesca

Silvio Méndez

A casi tres años de haber ingresado para el tratamiento legislativo y a poco de terminar el período de sesiones, continúa pendiente la resolución de una ley de pesca para la provincia. La discusión a lo largo de estos años fue centrada en torno a la talla y tamaño de la apertura de la malla para la extracción. Si bien en marzo de 2006 se logró un texto consensuado y aprobado por Senadores, una vez que ingresó a comisión de la cámara baja fue frenado bajo argumentos burocráticos. Los diputados Osvaldo Fernández (UCR-Gualeguaychú) y Juan Almada (PJ-Victoria) habrían sido permeables al lobby de los empresarios frigoríficos interesados en la exportación del sábalo y “durmieron” la normativa que tiende a la preservación del recurso. Los pescadores artesanales insisten en la necesidad de poner un coto a la extracción ilimitada de la fauna ictícola en serio peligro de colapso.

Con sumas millonarias en danza por el negocio de exportación de pescado y el recurso en serio peligro de colapso, la Legislatura entrerriana se apresta a cerrar un nuevo período sin formular una ley de pesca para la provincia. Desde hace años, el debate fue centrado en la talla mínima y longitud de la separación de las mallas para la captura del sábalo. Este tipo de ejemplar es el más preciado para su comercialización, así como un referente para la regulación del sistema ictícola ya que es clave en la cadena trófica y supervivencia de las demás especies. Avalado por numerosos estudios científicos y luego de muchos debates, se llegó a un consenso para que el tamaño mínimo permitido para la pesca fuera de 42 centímetros de largo para el sábalo con redes no menores a 16 centímetros de amplitud. De este modo, fue normado por el parlamento santafesino y, con el grave problema instalado, el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) promovió una restricción al comercio exterior que expiró antes de lo programado a principios de año. Si bien el cupo para 2007 se fijó en 8.000 toneladas de sábalos de máximo permitido para las exportaciones de los frigoríficos de Entre Ríos y Santa Fe, se calcula que a esta altura del corriente ya se estaría superando las 15.000 toneladas de extracción.

En lo que respecta a las propuestas por reglamentar la actividad en la provincia, históricamente todo intento fue “planchado” por los legisladores del departamento Victoria, donde se encuentran las bases de las principales factorías. Esta postura parecería no reconocer distinción de partidos políticos, pero sí los mismos intereses económicos. En marzo de 2001, cuando explotó la demanda merced a un dólar caro, el entonces diputado provincial Gustavo Cusinato (UCR-Nogoyá) presentó una iniciativa que planteaba imponer magnitudes similares al proyecto actualmente cajoneado. En esa oportunidad, una ley con media sanción fue girada al Senado, en donde encontró en Darío Liberatore (UCR-Victoria 1999/2003) un gran escollo. En ese entonces el mismo Cusinato denunció “presiones” para dormir el proyecto. Fuentes de la casa gris ligaron al Noni Liberatore con compromisos con los grandes acopiadores y sus aspiraciones para alcanzar la Intendencia de la Ciudad de las Siete Colinas. Casi como un calco, pero más recientemente, la intriga vuelve a repetirse. Según aseguraron distintas voces, el actual diputado Juan Almada (PJ-Victoria) “se sentó” sobre el proyecto que el Senado aprobó en diciembre de 2005 y no dio su aval para su sanción definitiva en la cámara baja. Esto, se confirmó, merced a una inestimable ayuda de su par Osvaldo Fernández (UCR-Gualeguaychú), que observó problemas formales. Ambos, de acuerdo a información brindada por asesores legislativos, suspicazmente por esos días promovieron reuniones con representantes de empresarios y gremios ligados a los frigoríficos.

En rigor, este último intento por lograr una ley de pesca se remonta a diciembre de 2004, cuando la diputada Lucy Grimalt (La Red-Paraná) presentó una propuesta que establecía la talla de 42 centímetros para la boga y constituía un Consejo Asesor Pesquero en donde podrían participar distintas organizaciones civiles y gubernamentales. Al poco tiempo, el diputado Almada ingresó un proyecto por el oficialismo, con una malla menor, de 15 centímetros. Tras una discusión que se prolongó en distintos ámbitos, se unificaron los borradores en una normativa que el Senado dio su aprobación con la boga a 42 centímetros, una red de 16, un Consejo Pesquero más acotado y otras modificaciones. Ésta ingresó para su revisión a la Comisión de Medio Ambiente de Diputados. Cuando ya se había alcanzado un acuerdo para que fuera girada y aprobada en el recinto, Fernández se percató de que existía un error de redacción. Si bien otros legisladores señalaron que se podía salvar el inconveniente con una enmienda, Almada retomó impulso y le bajó el pulgar. Es más, el propio presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Julio César Aldaz (PJ - Uruguay) estaba de acuerdo con lo pactado entre todas las bancadas, pero prefirió no inmiscuirse en terreno de su compañero. Luego del tiempo transcurrido y aplacadas las instancias electorales locales, en la sesión del 29 de septiembre de 2007 las diputadas Grimalt y Beatriz Montaldo (Concertación Entrerriana-Paraná) solicitaron el tratamiento de la ley en el recinto, pero su pedido fue desestimado. ANALISIS quiso saber de la palabra de Almada, pero en su oficina explicaron que no concurriría a trabajar en la semana debido a que se encontraba preparando los actos del 17 de octubre en su ciudad.

Por otro lado, grupos de pescadores artesanales han vuelto a insistir para que desde el Estado se implementen algunas medidas precautorias del recurso. La solicitud se funda en la grave situación de merma en toda la cadena ictícola derivada de los últimos años de saqueo sin control del río Paraná. La tendencia a una profundización de la extracción indiscriminada se produjo luego de la debacle de fines de 2001. Tras la crisis, el mercado acopiador se concentró en la provincia en un puñado de frigoríficos: Curimbá SA, Epuyén SA, Pescanor-Lior Pesca, Yahu Mar SRL y Ecoalimentos en Victoria; Lyon Cyty SA-Terrarosa y Transa SA de Diamante y Sagumüller SA-Pedrotti de Crespo. A 3 dólares que aproximadamente se recibe por kilo de sábalo exportado y unos 90 centavos de pesos que recibe el pescador que lo provee, las exportaciones se maximizaron, llevando al límite la capacidad de reproducción del pescado. A esto se le han sumado las gruesas deficiencias de las contadas inspecciones que podían hacer los organismos de fiscalización. Informes reservados de la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales provincial daban cuenta de que sobre registros de rutina, sólo un mínimo se encontraba en regla. Las faltas más usuales se cuentan por pescados fuera de medida, especies falsamente declaradas para pagar menos impuestos, transporte de distintos cargamentos utilizando una misma guía de pesca en blanco, vehículo inadecuado para el tránsito de sustancias alimenticias y cadena de frío rota. Prolongado a lo largo del tiempo, el enorme agujero negro dejado por la ilegalidad e inocuas medidas de preservación ha diezmado las especies. A esto se le suma un perverso sistema que liga a trabajadores cuentapropistas con los acopiadores. Muy pocos trabajadores del río se han atrevido a denunciar una situación donde gran parte son empleados de las industrias sin aportes ni beneficios sociales.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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