Una basurita en el expediente

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Mentiras, montajes y falsas pistas que salieron a la superficie en el reciente juicio por el secuestro de Fernanda Aguirre

Jorge Riani

La condena de Mirta Cháves y la absolución de Raúl Monzón, en el juicio por el secuestro y desaparición de Fernanda Aguirre es de mucho valor, pero lejos está de ser el resultado más esperado en medio del misterio por el paradero de la niña. La sucesión de más de 60 testimonios no alcanzó para aproximarse a la verdad de los hechos y establecer la suerte de la menor desaparecida desde hace tres años y medio. Sin embargo, en el proceso se puso en evidencia el andamiaje de mentiras, pistas falsas y distracciones alentadas desde el poder político y policial en esta causa que sigue sin resolverse. El tribunal no dio a conocer aún los fundamentos de su veredicto, pero ya expresó su posición respecto a las denuncias de torturas, aprietes y amenazas policiales que pronunciaron algunos testigos. Pidió que se inicien causas colaterales por esos hechos. El tiempo dirá qué suerte correrán los que apostaron a que la verdad se pierda entre las tinieblas del misterio que aún perdura.

Las frases quedaron como jalones. No buenas señales precisamente, porque por la oscura colección de expresiones referidas a la desaparición de Fernanda Aguirre se cuelan el testimonio del fracaso, la manipulación, la mentira que rodeó el caso desde que irrumpió en la conciencia colectiva de los entrerrianos. A saber: el entonces jefe de Policía, Ernesto Geuna, prometió -a dos días de la desaparición de la menor- que “con las primeras luces del día vamos a tener novedades”. El gobernador Jorge Busti reiteró en agosto de 2004, categórico, que en 48 horas habría “novedades de importancia”. Y un abogado santafesino de dudoso proceder, llamado Rodolfo De Aguirre, indicó que su por entonces defendida Mirta Cháves “no dice todo lo que sabe”.

Nada de lo que se anunció con acento de grandilocuencia y tono de eficacia se cumplió. De ese modo, se llegó a un juicio oral y público en el que quedó a la vista de buenos observadores ese andamiaje de engaños.

No hubo un solo indicio a lo largo de las dos semanas de testimonios en el juicio a Mirta Analía Cháves y Raúl Oscar Monzón que dé aunque más no sea el mínimo sustento a la hipótesis de que la menor de San Benito fue entrada a una red de prostitución. Y esa versión había sido echada a rodar con insistencia desde el poder.

En cambio, saltaron las groserías del proceder policial y el rostro más abominable de la fuerza pública que es el que salta cuando la posibilidad represiva cruza la barrera de la legalidad.

Todo quedó a la vista de los jueces, defensores, querella, fiscalía, periodistas y ciudadanía en general. Algunos han visto, otros han dejado pasar.

Lo cierto es que, además de mostrar las miserias de un proceso, el juicio agotó acaso la mejor oportunidad de acercarse a la verdad más trascendental y esquiva: dónde está Fernanda Isabela Aguirre, la niña de 13 años que desapareció un domingo de la vista del mundo.

Con un expediente en partes modelado a amenazas y golpizas -según denuncias escuchadas en las audiencias-, los vocales de la Cámara del Crimen han tenido que hacer un pronunciamiento. Y, sin embargo, aún cuando faltan conocerse los fundamentos, no fue poco lo que se dijo en el veredicto. Apenas siete minutos de lectura del camarista José María Chemez alcanzaron para determinar una condena, una absolución y ordenar el inicio de las actuaciones judiciales por posibles amenazas policiales, aprietes, torturas presuntamente ejercidas, nada menos que por parte de los operadores del Estado. De paso también instó a que se investigue la posible promoción de la prostitución y el abandono de menores en el cuadro social que percutía en el entorno de los procesados.

Víctima de la asistencia

Cuando el juicio por el secuestro y desaparición de Fernanda llegó a su fin quedó flotando una sensación de deuda. No por la condena a 17 años de prisión para la mujer de Miguel Lencina, ni por la absolución del primo de éste, sino por lo que ya se ha dicho: no hubo indicio alguno sobre el destino final de la niña.

Pero el proceso sí logró mostrar a los actores de un gobierno provincial y de la Policía entrerriana que en todo este tiempo alimentaron hipótesis disparatadas, montaron escenarios de dudosa legalidad y apostaron a la mendacidad.

Un par de situaciones inspiran esa sospecha.

La Oficina de Asistencia a la Víctima fue el ámbito oficial que clavó los tentáculos en la causa. Y así, la cercanía que se logró con la familia de la menor fue el atajo preciso para ejecutar un operativo que abrazó con celo desmedido el interés por mostrar resultados. Cuales fueran, pero resultados.

El actual subsecretario de Justicia y por entonces titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima, Walter Carballo, siguió de cerca el juicio contra Cháves y Monzón. No se perdió detalle y se mantuvo como la sombra de María Inés Cabrol, la madre de Fernanda. Las veces que salió de la sala de audiencia, mezclado entre el público, era para atender su celular o hacer llamadas que no podían esperar, según parece.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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