D. E.
El negocio del narcotráfico en los diferentes establecimientos penitenciarios del país o de la provincia es una realidad que hace tiempo se viene denunciando, aunque nadie logra su destierro. Pero de ahí a que el propio defensor general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Arsenio Mendoza, lo advierta -como grave síntoma- en una resolución judicial, responsabilizando a la propia conducción del Servicio Penitenciario de ser parte de la transa con drogas prohibidas, es un llamado de atención que debería preocupar a todo el sistema judicial y político. “Esta es la moneda corriente en un sistema favorecido por esta suerte de amanuenses, que enriquecen la burocracia complaciente de los expedientes con que se consuma y perfecciona una metodología, que no sólo frustra los objetivos constitucionales sino que ayuda a agravar y reproducir los obstáculos que segregan y estigmatizan a la población carcelaria, sin que (los magistrados) presten la debida atención”, dijo en el escrito, al que accedió ANALISIS, a partir de la supuesta colocación de un sobre de cocaína a un interno con salida sociolaboral, con conducta “ejemplar y muy buena”, cuando regresó a la Unidad Penal Número1.
El interno Osvaldo Rafael García nació en Paraná en 1977 y fue condenado a 14 años de prisión en marzo de 1999, por el delito de Homicidio, de acuerdo a la resolución de la Cámara Primera en lo Criminal de la capital entrerriana. El hecho se produjo a principios de 1998. Tiene que quedar en libertad en octubre de 2010 porque, a raíz de su buena conducta, se le conmutó la pena en un 10 por ciento. Desde principios de 2007 tiene salidas sociolaborales de no más de 12 horas por semana, en función de su buen comportamiento.
Pero el 2 de diciembre del año pasado, de alguna manera, cambió su vida carcelaria. Ese día, cuando regresaba a la Unidad Penal Número 1 de Paraná, los agentes Luis Alberto Benavides y Leandro Juan Rodrigo le encontraron “un envoltorio de polietileno color blanco transparente, de pequeñas dimensiones, conteniendo en su interior una sustancia prohibida, color blancuzco, presumiblemente cocaína”. Cuando se convocó a personal de Toxicología, estos comprobaron que, efectivamente, era cocaína.
García no reconoció su responsabilidad en el hecho, los funcionarios penitenciarios ratificaron su opinión y en consecuencia, la alcalde Cristina Alfonso elevó un informe al titular de la cárcel, solicitando que se le aplique “una medida correctiva”, consistente en una sanción de 15 días ininterrumpidos en “su alojamiento individual” o bien “en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención”.
Enterado de episodio, el defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Arsenio Mendoza, asumió “la defensa técnica” del recluso. Mendoza consideró que la droga que se le encontró al interno “según la afirmación oficial”, estaba cerca de él, “cuando era revisado”. Y entendió que la resolución de la sanción disciplinaria “es nula de nulidad absoluta, porque no han dado intervención” a su organismo “en la oportunidad procesal previa”, quebrantándose “todo principio y garantía”, tal como lo dispuso en sus fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuando a los derechos de los prisioneros.
Mendoza fue más allá al considerar que existía una “peligrosa falsedad” del director del Penal, cuando señaló que el recluso había aceptado su responsabilidad en el hecho. “Los internos nos informan reiteradamente de esta metodología penitenciaria, que responde a la organización encargada de distribuir los elementos que artificialmente contribuirían a la tranquilidad interna de cada penal. Este agravio de la mentira -a más de la indefensión-, no sólo justifica la revocación de la sentencia y resolución recurridas, sino que obliga a dar conocimiento a la Fiscalía de Estado y al Ministerio Fiscal a los fines legales pertinentes. Por ello, cabe hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por García y declarar la nulidad de la sentencia cuestionada”, afirmó luego.
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