A casa con los planes

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El ex intendente de Bovril, un funcionario y cuatro personas están siendo juzgados por irregularidades en el manejo de programas sociales

J. C. V.

El juicio por el manejo en forma irregular de los planes jefes de hogar desocupados en Bovril llega a su etapa final con los alegatos que este jueves expondrán las partes. El ex intendente justicialista Miguel Jacob y otras cinco personas -entre ellas el actual secretario de Gobierno del municipio, Ramón Lell- están imputadas por peculado y exacciones ilegales, por lo que podrían recibir penas de hasta 10 años de cárcel. Según se desprende de la investigación, el Consejo Consultivo que tenía a su cargo la implementación del programa social cobraba un canon a empresarios y comerciantes locales a cambio de que los beneficiarios realicen allí la contraprestación. La estrategia defensiva es que dicha conducta podría ser éticamente reprochable, pero que no se incurrió en la comisión de ningún delito. Entre los testigos citados estaban el ex ministro de Salud y Acción Social Rubén Villaverde y el ex diputado nacional Jorge Carlos Daud, pero ninguno se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Bovril es una localidad del departamento La Paz, ubicada en el centro-norte entrerriano. En diciembre de 2001, la ciudad no era ajena a una situación de profunda crisis que se vivía a nivel nacional y provincial. Por la caída de la economía aumentaba día a día el número de pobres e indigentes y más de la mitad de los asalariados ganaba menos de 500 pesos por mes, a lo que se sumaba la terrible precarización de las condiciones laborales. Saqueos, corridas, asaltos a tiendas y supermercados fueron una postal en todo el territorio y también en la pequeña localidad.

Unos meses antes, en la ciudad se había organizado la conformación de un comité de crisis para atender situaciones de desborde social y se logró abastecer a los comedores escolares para garantizar la comida de los chicos durante el receso estival.

Caído Fernando De la Rúa, hubo una efímera gestión de Adolfo Rodríguez Saá, durante la cual Bovril recibió un paquete de planes sociales que distribuyó el propio intendente Miguel Orlando Jacob (PJ) “entre las personas de más escasos recursos”, como él mismo dijo. Luego asumió Eduardo Duhalde como Presidente de la Nación y, a principios de 2002, comenzó a implementarse a nivel nacional, aunque a través de los municipios, el Programa Jefes de Hogar como una propuesta de inclusión social que alcanzó a más de dos millones de mujeres y hombres afectados por una crisis sin precedentes en nuestro país.

Cada beneficiario recibía 150 pesos y a cambio debía realizar contraprestaciones con una dedicación horaria diaria no inferior a cuatro horas ni superior a seis. En Entre Ríos llegó a haber sesenta y cinco mil. Bovril tenía entonces unos ocho mil habitantes que en gran parte se dedicaban a trabajos vinculados con la actividad agrícola, pero también había una fuerte incidencia de la carpintería en el empleo en la zona y una importante presencia del municipio a través del empleo público. Pero a partir de la implementación del Programa Jefas de Hogar, un 10 por ciento de la población pasó a ser beneficiaria del plan social.

En el banquillo de los acusados

El ex intendente Jacob; su ex asesor y actual secretario de Gobierno del municipio, Ramón Aurelio Lell; y los integrantes del Consejo Consultivo, Edicto Luján Cabrera, Carmen Rosa Retamar, Oscar Ricardo Schonfeld y Celestina Felisa Schibert están acusados por malversación de caudales públicos en concurso ideal con el delito de exacciones ilegales. Respecto del primero, el artículo 261 del Código Penal establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”. Las exacciones ilegales están contempladas en el artículo 266: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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