Jorge Riani
Una situación irregular saltó en una pequeña ciudad del departamento Tala cuando se distribuían los bonos de ayuda elemental a entrerrianos con carencias acentuadísimas. La situación fue advertida y pronto se supo que era apenas una punta de todo lo que escondía: unos 400 nombres fueron agregados al padrón de beneficiarios del Programa de Refuerzo Alimentario Focalizado y 13 al del Programa Alimentario Familiar. En el marco del primero se distribuyen 47 pesos mensuales a cada destinatario y por el segundo plan se reparten 30 pesos a cada inscripto en la lista. Frente al bochorno, el Ministerio de Salud y Acción Social hizo una denuncia judicial y giró la actuación a la Oficina Anticorrupción. “Que no se quiera hacer pasar como una cuestión política lo que es un supuesto delito”, reclamó el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rodríguez, quien firmó la denuncia. Sin embargo, en el mismo seno de la cartera de Salud y entre las voces de las juntas de gobierno se apunta en la dirección contraria y enmarcan el caso en la interna del partido de gobierno. Más claro: en la pelea Busti-Urribarri, como se analiza en esta nota.
Suena a onomatopeya de un tropezón, o a interjección de sorpresa con una pizca de absurdo. Pero es cosa seria: los PRAF y los PAF –nombres de programas de asistencia orientados a atender las demandas alimentarias menos que básica en parte de la población pobre– han sido objeto de irregularidades que causan escalofrío. ¡PRAF! ¡PAF!
Que alguien que atiende en el escritorio del Estado tenga acceso a ordenar la impresión de cuatro centenares extras de esos bonos para entrerrianos con hambre es de una perversidad que debería ruborizar a todos. Es literalmente robarle al mendigo, al desnutrido, y hacerlo desde el lugar desde donde se debe velar por los intereses colectivos y, en especial, de los más golpeados. ¡PUAJ!
En las últimas horas, el Ministerio de Salud y Acción Social apresuró su actuación ante lo que de cualquier modo es un escándalo. “El gobierno realizó una presentación judicial por irregularidades en los padrones de beneficiarios de programas alimentarios”, tituló la prensa oficial una nota en la que se daban precisiones sobre el hecho denunciado.
Esas irregularidades, concretamente, consisten en que el padrón de beneficiarios de los planes aparecieron cerca de 420 personas agregadas, con domicilios falsos y como supuestos vecinos de poblaciones del interior donde ni los conocían.
Un dato importante es que el caso saltó cuando desde la comuna de Durazno y Altamirano Sur, en el departamento Tala, advirtieron que el envío llegaba más generoso que nunca y con destinatarios desconocidos. No deja de ser llamativo que en lugares donde había dos destinatarios llegaran ocho bonos asistenciales. En la denuncia que realiza el mismo gobierno se habla del destino de los beneficios (por llamarle de algún modo) a “un número de personas no conocidas en su zona y que superaba ampliamente a los beneficiarios reales o históricos”.
La pregunta que salta es: ¿Hubiese sido materializable el cobro indebido de un plan allí donde sólo hay dos destinatarios y todo el mundo se conoce? ¿Por qué no se cobraron los planes impresos de más? Esto, tomando en consideración lo que las diversas fuentes dan por probado: no hubo pago de esos bonos extras.
Quizás esto alimente la hipótesis de que la cosa cayó como nafta a las llamas en un momento fuertemente marcado por la interna en el partido del gobierno. Y el Ministerio de Salud y Acción Social no es un lugar donde precisamente la situación se caracterice por tranquila.
“Que no se quiera hacer pasar como una cuestión política lo que es un delito”, pidió el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rodríguez, en diálogo con ANALISIS sin que hasta el momento hubiera mediado pregunta alguna con esa situación.
Rodríguez fue el que efectivizó la denuncia judicial y ante los organismos de control ejecutivodependientes del caso.
Antes de que el gobierno se moviera, en Tala la cosa estaba ya movida. Y antes de que los medios en general difundieran la noticia punto-gov, este semanario escuchó las voces de las comunas afectadas por las irregularidades con la intención de nutrir esta nota.
Uno de los que habló fue Fabián Ramos, que ocupa tres cargos en este momento: presidente de la Junta de Gobierno de Arroyo Cle, presidente del Partido Justicialista de la Departamental Tala y coordinador de Acción Social de la provincia en esa jurisdicción.
Tres chapas que le dan una autoridad irrefutable al momento de evaluar frente a qué estamos parados con esta sobreimpresión de planes alimentarios.
–Algunas fuentes indican que esto podría ser el resultado de una vendetta como parte de la interna de su partido, Ramos –propuso ANALISIS.
–También yo lo escuché a eso. Y le aseguro que me pondría muy mal que se haya usado al departamento Tala por una interna política.
Ramos habló con una notable claridad y, desde ese lugar, requirió que se deje expresado en algún lugar de la nota que pone “las manos en el fuego por la gente de Tala”. El punto es que nadie duda de que allí pueda hallarse la cara del supuesto desfalco. “El problema, aunque estalle en Tala, está en Paraná”, ilustró un influyente referente político de la zona.
Fabián Ramos había llegado a la capital provincial para plantearle el problema al ministro Ángel Giano, quien se encuentra en España, y por eso el asunto y la responsabilidad de la denuncia quedó –por orden de él, acentúa la nota oficial– en manos de José Luis Rodríguez.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
