Las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario siguen en el centro de la polémica. ANALISIS accedió al listado completo de los nombres de los arrendatarios de esa zona, que tanto viene afectando a la ciudad santafesina, al igual que a Victoria, como consecuencia de los extraños incendios que allí se producen. En el listado aparecen dirigentes políticos entrerrianos, personas cercanas a otros hombres del poder y hasta referentes santafesinos ligados tanto a Hermes Binner como a Carlos Reutemann, uno de los impulsores del proyecto de área protegida para el Delta Paraná, al que se opone el gobierno entrerriano.

Por Manuel Lazo
(Especial para ANALISIS)

En el corazón de la Isla del Pillo, sobre la margen derecha del arroyo de La Camiseta, departamento Victoria, se desarrollan las escenas que se describen en la obra El país de los chajás que en 1956 escribió el Padre Spiazzi, cuyo seudónimo era Martín del Pospós, y con ilustraciones del llamado Pintor de las Islas, Raúl Domínguez. La obra, conformada por dos partes, Bajante y Creciente, es una verdadera estampa producto de la aguda observación del ámbito natural y de las personas que hace más de 50 años habitaban las islas, rescatando sus costumbres y hasta las formas expresivas características de la región.

Lejos ha quedado aquel espacio agreste. La mano y la ambición del hombre de este tiempo han convertido esas islas en “el país de los incendios” y en territorio de disputas entre los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe. El espacio insular es de uso común pero su jurisdicción política es patrimonio de los entrerrianos, y como ha señalado el gobernador Sergio Urribarri como respuesta a la iniciativa del senador Carlos Alberto Reutemann y Roxana Latorre de crear un área protegida para el Delta del Paraná, las provincias son Estados preexistentes al federal que ejercen su competencia sobre sus respectivos territorios, por lo que no se puede, a través de un proyecto, legislar afectando su dominio público.

Los santafesinos argumentan la necesidad de crear un área protegida para terminar con los incendios y consideran que la Dirección de Parques Nacionales es un organismo que da garantías de preservación de la cantidad y la calidad del agua del cordón más poblado de la República Argentina.

El gobernador entrerriano fue terminante: “La iniciativa es impertinente y nos vamos a plantar ante intereses que aún desconocemos. Defenderemos lo nuestro para que nadie ponga en riesgo la propiedad, el uso y la libertad de nuestras islas”.
Está claro que lo que se plantea es una fuerte disputa de intereses. Las islas son el espacio codiciado para el engorde de ganado.

Basta detenerse en el viejo puerto de Victoria o en la bajada del complejo Victoria-Rosario, a la altura de El Barrancoso, para advertir el extraordinario movimiento de hacienda hacia las islas.
El mandatario entrerriano, al asumir la defensa de los legítimos derechos que le asisten a la provincia, reaccionó ante el intento de quienes pretenden disputarle la administración de ese espacio geográfico poniendo de manifiesto que no está dispuesto a delegarlo. Así lo planteó ante el gobierno nacional donde su posicionamiento a favor del poder central en el conflicto con el campo le permitió a Urribarri obtener un lugar de privilegio en el protocolo kirchnerista, lo que hace suponer que la propuesta de Reutemann y Latorre difícilmente pueda prosperar, al menos por ahora.

Sería también un engaño creer que la actitud de Urribarri es un gesto de reconciliación con el sector agropecuario que concentra en las islas en disputa buena parte de la renta ganadera con bajos costos para el “engorde”. Por el contrario. En algunos despachos del área de Economía ya circula una carpeta que contiene una modificación al esquema impositivo rural, que por razones de oportunidad no se planteó en la reciente reunión que el ministro de Economía, Diego Valiero, mantuvo con los dirigentes de la Mesa de Enlace que representan al campo. Es que la noticia que está reservada para el sector con seguridad merecerá el rechazo de los productores y ampliará las diferencias entre estos y el gobierno.

No es casual que a pesar del clamor pidiendo por la declaración de la emergencia agropecuaria ante la prolongada sequía, ésta no se haya aplicado. Los técnicos de economía sabían que esa medida debía contemplar el corrimiento del pago de impuestos y eso atentaría contra el esquema que pretende alcanzar una recaudación adicional de 60 millones de pesos.

El actual secretario de la Producción, Roberto Schunk, desde varios años antes de asumir como funcionario reclamó ante quienes quisieran escuchar la necesidad de modificar la base tributaria y especialmente elevar el Impuesto Inmobiliario Rural que “en algunos casos tiene el valor de un caramelo”. Todo hace suponer que, coherente con su discurso desde el llano, intentará aplicarlo ahora desde su despacho oficial.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)